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Los responsables de las patronales agrarias en Córdoba

Juan Velasco

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El campo cordobés vuelve a la carretera. El próximo 21 de diciembre, una caravana de vehículos partirá de recinto de El Arenal volverá a cortar el tráfico (esta vez, previo aviso a las autoridades) para protestar ante la situación insostenible que están viviendo los agricultores y ganaderos por una serie de motivos que han agravado, si cabe, la situación que ya vivía el sector en el invierno de 2020, cuando se inició una oleada de protestas que echaron un pulso al Gobierno y las comunidades autónomas y que cesaron con la llegada de la pandemia de la Covid-19.

Ahora, casi dos años después, el campo comienza a movilizarse de nuevo. Lo hace asediado por la subida de los precios de la energía, los abonos y los carburantes, que han multiplicado los costes productivos, pero también ante dos cuestiones relacionadas con el papel de la agricultura andaluza y cordobesa frente a los intereses de la Unión Europea: la negociación de la PAC, que las organizaciones agrarias ven lesiva para Córdoba y Andalucía, y la falta de consideración hacia la agricultura y la ganadería en el reparto de los fondos Next Generation.

De todo eso han hablado este viernes los responsables de las principales organizaciones cordobesas, Miguel Cobos, de la UPA; Carmen Quintero, de la COAG; Rafael Sánchez de Puerta, de Cooperativas Agroalimentarias; e Ignacio Fernández de Mesa, de Asaja. Los cuatro han dado una rueda de prensa conjunta para denunciar la actual situación y para justificar los motivos que les han llevado a retomar las movilizaciones.

En Córdoba habrá cinco, cada una en una localidad distinta y las organizaciones no descartan que se sumen otras provincias, dado el malestar creciente. El calendario arrancará el próximo 21 de diciembre en Córdoba, con una caravana que recorrerá la ciudad desde El Arenal hasta la plaza de Colón, pasando por avenida de Cádiz y Vallellano, para volver por el Vial Norte y República Argentina hasta la Subdelegación del Gobierno, donde concluirá la protesta contra el Gobierno.

Un Gobierno que ha aprobado este jueves la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que, para Miguel Cobos (UPA) es una normativa que, si bien “recoge elementos importantísimos”, es necesario que se cumpla y que se publiquen las sanciones por incumplimientos. Carmen Quintero ha considerado “positiva la modificación” de la norma, si bien cree que “hay que controlar lo que viene de terceros países”. “No podemos tener un mercado justo si se permite la entrada de productos de terceros países que rompen la negociación”, ha dicho la representante de COAG.

Con respecto a la negociación de la PAC, el más beligerante ha sido Fernández de Mesa, de Asaja, que ha criticado que el ministro Luis Planas, que es “perfectamente conocedor de la situación que atraviesa el campo cordobés, ”se ha reunido con el mundo entero pero no con los agricultores“.

“Nos elude y es que no quiere ni vernos”, ha criticado el presidente de Asaja, que ha reconocido que las organizaciones cordobesas no han solicitado reunión con el ministro, si bien ha añadido que “el ministro sabe que estamos a su disposición y no hace falta solicitar una reunión”.

Sánchez de Puerta, por su lado, ha lamentado la “falta de respeto” que a su juicio supone que los fondos europeos Next Generation hayan destinado sólo 500 millones de euros a la agricultura, a pesar del “peso social” que tiene el sector que, durante la pandemia, ha demostrado que es capaz de generar riqueza y empleo y equilibrar la balanza. 

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