La comisión sobre el joven que cobró del Ayuntamiento de Pozoblanco sin trabajar lleva siete meses sin convocarse

La comisión local constituida el pasado mes de febrero para investigar el caso del joven que cobró del Ayuntamiento de Pozoblanco sin trabajar lleva siete meses sin convocarse pese a las dos prórrogas aprobadas promovidas por el presidente de la misma, Santiago Cabello, alcalde del municipio. El plazo que el regidor estableció para investigar lo que había ocurrido en este caso era de tres meses, tiempo que ya ha excedido sobremanera.

La primera sesión fue el 23 de febrero y se planteó que se celebraría una comisión semanal, pero no ha sido así. Desde entonces, solo han tenido lugar nueve sesiones, de las que dos se celebraron el mismo día. La última fue el 22 de mayo. En aquel encuentro se aprobó una primera prórroga. Fue en el Pleno de junio donde se ratificó esa ampliación de dos meses, ya que aún está pendiente el dictamen de la comisión y la aprobación de un acta. Este dictamen, después, debe ser sometido a votación en el Pleno.

Pese a lo sencillo de los trámites que restan, Cabello sigue sin convocar la comisión dado que es él quien tiene la competencia para hacerlo. La oposición esperaba que en los dos meses de la primera prórroga, el regidor del municipio los convocaría, pero no fue así. El 25 de agosto expiró el plazo, lo que provocó las críticas de IU y PSOE al no producirse ni una sola reunión durante esos dos meses, por lo que ambos partidos no entendieron para qué se había ampliado el plazo.

La segunda prórroga de la comisión se aprobó en un pleno del mes de septiembre, ampliando así el plazo al próximo 31 de diciembre. Cuando apenas quedan 20 días para que el plazo vuelva a expirar, el alcalde sigue sin convocar la comisión por motivos que se desconocen. En esa comisión, el PP tiene mayoría absoluta y están representados IU y PSOE, ya que el concejal Gerardo Arévalo se ha abstenido.

Cabe recordar que fue este edil quien puso en conocimiento de Cabello la situación en la que se encontraba este joven, hijo de su secretaria, y quien también solicitó a Cabello que la solucionara, algo que no ocurrió. Meses después, el caso saltó a los medios de comunicación y Arévalo fue, primero, cesado de sus competencias y, después, expulsado del grupo municipal popular por “sus ambiciones políticas y personales”, apuntó el PP en un comunicado.

Mientras ocurre esto en el ámbito político, en el judicial, la Fiscalía archivó en octubre las diligencias penales abiertas contra el Ayuntamiento de Pozoblanco y Cabello tras una denuncia del PSOE. Pese a que el Ministerio Público reconoce que aunque hay “irregularidades en el proceso de contratación” del joven, ello “no justifica el inicio de ninguna investigación penal puesto que no es posible hablar de una voluntad predeterminada a contratar de forma ilegal a sabiendas” por parte de Cabello. Tras esto, IU se ha querellado contra el también presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches por este caso.

Aunque Cabello siempre ha defendido que el chico ha sido un “damnificado”, en mayo de 2024, inició un expediente de reintegro de cantidades, por lo que el joven devolvió a las arcas públicas las cantidades que ingresó más intereses de demora, un total que ascendió a 7.703,01 euros. El pasado mes de julio, además, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba desestimó la demanda que presentó este joven contra el Ayuntamiento del municipio por vulneraciones del derecho al trabajo, al de la ocupación efectiva y al de la tutela judicial.

Este medio ha contactado con el gabinete de comunicación del alcalde pozoalbense para conocer los motivos sobre este hecho, pero no ha obtenido respuesta.