Rey Heredia acuerda que el Distrito Sur pida su uso al Ayuntamiento

Los colectivos seguirían manteniendo las actividades de la Acampada dignidad y convoca una manifestación para el 10 de mayo

Tras el impacto del auto del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba -que daba un mes de plazo a los colectivos de la Acampada Dignidad para desalojar el colegio Rey Heredia- las asambleas se han sucedido para adoptar una estrategia con la que dar continuidad a una experiencia de ocupación y uso social que se prolonga desde hace más de seis meses. Anoche, más de 300 personas volvieron a ocupar cada rincón del antiguo patio de recreo y lanzaron distintas propuestas. Una de las que más ha calado es la de apoyar la decisión de los vecinos del Consejo de Distrito Sur que van a pedir al Ayuntamiento que les ceda en precario el uso del inmueble, tal y como ha hecho el Consistorio con la cesión del edificio de la calle Huerta de San Pedro el Real a la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Córdoba.

La idea de los vecinos, que están agrupados en colectivos que en un 80% forman parte de la Acampada Dignidad, es seguir con las actividades de este colectivo. “Que desapareciera ahora el comedor social que da de comer a cien personas al día, la biblioteca o las clases de apoyo que se dan a niños de familias sin recursos sería un verdadero desastre para el barrio”, ha explicado el portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan.

La idea es, asimismo, seguir concienciando a los vecinos sobre la necesidad de mantener en activo el centro social. “la Semana Santa son fechas especiales y no vamos a molestar las procesiones. Sí pondremos puntos de información en los barrios para repartir folletos y banderolas para que se cuelguen de los balcones con el mensaje de Rey Heredia no se cierra”, apunta Rafael Juan. Además, se ha convocado una manifestación el 10 de mayo para pedir por las calles de Córdoba que el centro social ocupado por los colectivos siga funcionando como hasta ahora.

Con su decisión de desalojar Rey Heredia, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, atiende así la demanda de medidas cautelares reclamada por la Fiscalía que ha pedido al menos en dos ocasiones que se eche a los integrantes de este movimiento ciudadano que ocupan un inmueble propiedad del Ayuntamiento. El Consistorio también reclama el desalojo.

El juez instruye una causa en la que el Ayuntamiento de Córdoba está personado y solicita el desalojo de la Acampada Dignidad de un edificio que es de su propiedad pero que llevaba más de dos años vacío. La denuncia que inició la instrucción judicial se produjo en la primera jornada de la ocupación, la tarde del viernes 5 de octubre. Ese día, tras una manifestación contra los recortes de las pensiones, un grupo de personas se concentró frente al colegio, cerrado desde 2011, y abrieron las puertas. A algunos de ellos la policía les ordenó que se identificasen. Desde entonces, el centro público ha sido remozado, limpiado y puesto en marcha como centro social y nudo de lo que se ha bautizado como la Acampada Dignidad. Y todo, bajo una espada de Damocles municipal que no acaba de caer pero que amenaza, casi desde el primer día, con desalojar a los vecinos y voluntarios del histórico inmueble.

La noticia fue recibida esta semana con sorpresa “y una inmensa pena” por los colectivos sociales implicados, señala su portavoz, Rafael Juan. Por el momento, no han decidido adoptar ninguna decisión hasta que se reúnan esta tarde en primera instancia y el viernes, seguramente, en una segunda convocatoria. “La gente que viene al comedor social que atiende a más de 100 personas todos los días está llorando. Es así de simple”, decía Rafael Juan ese día. Los colectivos no conocen todavía la argumentación que el juez esgrime para atender las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía.

La instrucción judicial por la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia por parte de colectivos sociales siguió adelante el lunes con la declaración de otros seis imputados en la causa. Antes de los interrogatorios el portavoz de la llamada Acampada Dignidad explicó que iban a pedir que se archivase la causa, alegando que el edificio abandonado es de propiedad pública y que entre los usos que le han dado, no está el de la residencia de personas, sino el de apoyo y actividades sociales. Un centenar de personas se concentró a las puertas de la Audiencia para apoyar a los compañeros antes de que subiesen al despacho de Lainz. “Cuando declaré delante del juez, éste me preguntaba qué ocurriría si se desalojase el centro. Y yo le contesté que como activistas seguiríamos trabajando donde fuese como hemos hecho siempre, pero que sería irreparable el daño para los usuarios del comedor social, de los talleres de formación y educativos y de tantas cosas que hemos puesto en marcha aquí dentro”, recuerda Rafael Juan.

El número de imputados por la ocupación del antiguo grupo escolar de Rey Heredia es de 14 personas. A las ocho que se interrogó en un principio, Lainz ha imputado a las seis personas que el pasado 28 de enero visitaron la Acampada Dignidad, a petición del magistrado, para realizar un informe de lo que ocurría allí dentro. Como eran las 16.00, en Rey Heredia sólo había seis personas, que fueron identificadas por los agentes. Los agentes estuvieron dentro del colegio una media hora, en la que fotografiaron las dependencias y preguntaron a los responsables de la Acampada Dignidad por las actividades que realizan en su interior. A la media hora, y siempre de forma muy amable, los policías se marcharon