La empresa del parque multiaventura de Hornachuelos demandará al Ayuntamiento tras rescindirle el contrato y revocar la decisión

Ingeniería de la Construcción Cordobesa, S.L. (ICC), la empresa que gestionaba el parque multiaventura de Hornachuelos, ha anunciado que demandará al Ayuntamiento de Hornachuelos tras la revocación de la resolución de su contrato. La decisión del Ayuntamiento de rescindir el contrato fue tomada inicialmente el 13 de noviembre de 2024. Sin embargo, en una sesión extraordinaria del pleno celebrada el 4 de febrero de 2025, el Ayuntamiento revocó esta decisión. Según una nota de prensa emitida por ICC, la empresa considera que la resolución del contrato fue “flagrantemente ilegal”.

ICC argumenta que la decisión inicial del Ayuntamiento les causó un grave perjuicio, incluyendo pérdidas materiales por la cancelación de reservas y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones, así como un daño reputacional significativo. La empresa también alega que hubo una filtración del acuerdo a los medios antes de que fuera notificado formalmente a ICC.

Además de la demanda contra el Ayuntamiento, ICC señala que sus servicios jurídicos están analizando posibles actuaciones ilícitas por parte de funcionarios y autoridades del Ayuntamiento. La empresa sospecha que “estas acciones fueron deliberadas y orientadas a causar un perjuicio intencionado a ICC”. Ante estas circunstancias, ICC no descarta emprender acciones legales penales, que, en su caso, serán puestas en conocimiento del Juzgado de Guardia de Córdoba y de la Fiscalía.

La empresa lamenta la situación y confía en que la justicia restaure los daños causados y depure las responsabilidades penales que procedan.

El parque multiaventura, conocido como Río Secreto, abrió sus puertas en marzo de 2019 tras una inversión millonaria del Ayuntamiento. La construcción del parque tuvo un costo de 2.087.735 euros, con una parte de la financiación proveniente de Enresa. El Ayuntamiento de Hornachuelos había decidido rescindir el contrato con ICC debido a los múltiples impagos por parte de la empresa. Según el Ayuntamiento, la empresa no había abonado los cánones establecidos en el acuerdo contractual, tanto el fijo como el variable. El canon fijo, de algo más de 21.000 euros anuales, se debía haber pagado desde 2021, mientras que el canon variable, equivalente al 0,5% de los ingresos brutos de la empresa, debía haberse pagado desde 2019. Según información facilitada por el Ayuntamiento, la deuda de ICC con las arcas municipales ascendería a al menos 84.000 euros.

A pesar de los impagos, el Ayuntamiento había mantenido abierto el parque “por el interés general del pueblo”. Sin embargo, la situación con la empresa se había vuelto insostenible, lo que llevó al Ayuntamiento a iniciar el proceso de rescisión del contrato.