Piden cárcel a un policía nacional que reveló pesquisas secretas a un traficante de drogas

Un agente de la Policía Nacional se enfrenta a tres años de cárcel y 15 de inhabilitación acusado de revelar investigaciones secretas a un amigo suyo que se encontraba en libertad vigilada y que acabó detenido por tráfico de drogas. Asimismo, la Fiscalía le acusa de no denunciar que otro conocido poseía una pistola de forma ilegal con la que, afirmaba, pretendía disparar a varias personas y “beberse su sangre”. La causa será juzgada el 17 de octubre en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba.

Según recoge el auto de acusación del fiscal, los hechos que se enjuician tuvieron lugar durante los años 2013 y 2014 en la Comisaría Conjunta que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen en la plaza Judá Leví, en Córdoba. Entre el 1 de noviembre de 2013 y el 14 de abril de 2014, el acusado realizó 126 consultas en las bases de datos informáticos de la Policía Nacional. El agente tenía autorización para acceder a todos aquellos asuntos relacionados con su puesto de trabajo. No obstante, no gozaba de permiso para recabar información sobre investigaciones policiales relacionadas con procedimientos judiciales o sobre investigaciones policiales en las que no interviniese o tuviesen relación con su trabajo.

A pesar de conocer estas limitaciones, el acusado accedió a las bases de datos “con el fin de hacer uso de la información recabada sin autorización para ello, bien informando a personas investigadas por la Policía Nacional (...) bien con el fin de tener información para realizar negocios particulares”, señala el fiscal. Asimismo, el agente está acusado de acceder sin permiso a datos personales de de denunciantes o testigos en investigaciones policiales.

De esta forma, el Ministerio Público acusa al agente de la Policía Nacional de quedarse en 33 ocasiones con información de asuntos investigados por el Grupo Primero de Estupefaciente de la Brigada de la la Policía Judicial. Igualmente, realizó 19 consultas en las aplicaciones informáticas relativas a personas y atestados relacionados con el tráfico de drogas y pinchazos telefónicos. Por otro lado, la Fiscalía le acusa de acceder en una decena de ocasiones a las bases de datos policiales para realizar consultas sobre familiares o conocidos del acusado y a denuncias, vehículos o números de teléfono de terceras personas.

En definitiva, del total de consultas realizadas por el acusado, un 49% no tiene relación con su actividad profesional y el 41% restante tiene relación con investigaciones realizadas por la Policía en relación con delitos de tráfico de droga.

Por todo ello, el agente se enfrenta a tres años de cárcel y 13 de inhabilitación por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Asimismo, se enfrenta a otros dos años de inhabilitación por omisión de perseguir delitos que conocía: las amenazas de un amigo suyo de disparar a varias personas.

Fruto de dicha investigación, la Fiscalía pide al amigo del agente dos años y medio de cárcel por posesión ilícita de armas.