David Dorado en las obras ejecutadas en la avenida de Libia

Un informe de la Intervención General Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, remitido al juez que lleva el 'caso Infraestructuras' en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en contratos de este área del Consistorio del ejercicio 2020, señala la “responsabilidad” del concejal delegado del área, como de la dirección de la misma y los técnicos en los contratos, su gestión y los gastos que conllevan.

El informe de la Intervención ha sido enviado al juez instructor del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, que asumió el llamado 'caso Infraestructuras' y por el que ha imputado a la excoordinadora general de este área municipal y a un funcionario de la misma por los presuntos delitos que se investigan. El juez dictó un auto el pasado 21 de marzo por el que citaba a declarar como testigos al entonces delegado de Infraestructuras y actual portavoz de Cs, David Dorado, así como al jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento y al encargado-capataz de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos en funciones durante el ejercicio 2020. Asimismo, el juez libraba un oficio a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba para que le facilitase información sobre las partidas presupuestarias de los contratos investigados.

La Asesoría Jurídica ha enviado ahora al juez la información requerida y, con ella, un informe de la Intervención General del Ayuntamiento -fechado el 17 de marzo de 2022 y al que ha tenido acceso Cordópolis-, en el que se informa sobre los contratos menores y su financiación. En el 'caso Infraestructuras' se investiga el posible troceo de contratos ordinarios en contratos menores, que cuentan con un menor control y tiempo de tramitación., así como posible falsedad en documentos de certificaciones de obras.

Al respecto, la Intervención dice que “los concejales delegados, el personal directivo y los responsables técnicos de cada servicio tendrán la responsabsilidad de la gestión y desarrollo de los respectivos programas y están obligados a conocer el crédito disponible y el detalle de los gastos realizados en las consignaciones presupuestarias de los programas que les corresponda, siendo responsables de todo gasto que exceda de las citadas consignaciones presupuestarias”. El informe detalla la legislación aplicable a los contratos menores y la financiación de los mismos.

En el 'caso Infraestructuras' también se investiga si hubo certificaciones de obras dadas por finalizadas cuando aún no se habían culminado realmente. Es el caso de las obras de alumbrado de la avenida de Libia, que detonaron la denuncia pública y en los tribunales hecha por IU y Podemos en un primer momento y que ha llevado a la Fiscalía y al juez a abrir esta investigación. Entonces se constató mediante un acta notarial por IU que se había firmado a 30 de diciembre de 2020 el final de la obra aunque aún estaba por concluir, una obra que se hizo con contratos menores en los que hay indicios de que se troceara el debido contrato mayor.

Jamás sería admisible ni jurídicamente ni pesupuestariamente la imputación de un gasto en un ejercicio a punto de finalizar cuando ese gasto no se hubiese culminado, certificado y recepcionado bajo la premisa de la 'posible pérdida del crédito presupuestario'”, expone el informe de Intervención.

Posible delito al imputar un gasto sin estar realizado

“Esto no solo es un proceder manifiestamente irregular desde el punto de vista presupuestario (...) sino que se estaría incurriendo en un posible ilícito penal al imputar gasto certificado al presupuesto sin que este estuviera realizado”, advierte.

Esa posible pérdida del dinero si no se concluían los proyectos dentro del ejercicio de 2020 ha sido utilizada como argumento para acelerar la tramitación y ejecución de las obras investigadas, de manera que no sobrepasaran el final de año, según expuso ante el juez la excoordinadora de Infraestructuras imputada, María Luisa Bueno, que alegó “presiones” del gobierno municipal para acelerar los contratos investigados.

La Intervención General del Ayuntamiento llega a plantear cómo debe obrarse “si llegado el 30 de diciembre del ejercicio (último día hábil), la actuación no estuviese terminada y por tanto no estuviese en disposición de ser certificada, recepcionada y facturada”. En la investigación del juez consta contratos con certificaciones firmadas el 30 de diciembre de 2020 por el funcionario imputado, fecha en la que este estaba oficialmente de vacaciones.

El informe concluye que “la normativa jurídico-presupuestaria ofrece infinitas soluciones que permiten una gestión ordenada del presupuesto, sin que sea admisible bajo ningún concepto justificar que pudiera aplicarse al presupuesto del ejercicio que finaliza obras o actuaciones que no estuvieran terminadas, certificadas y recepcionadas”. Y añade que dichas soluciones son “el abc de la normativa básica de gestión presupuestaria pública”, que “los jefes de servicio como responsables de la gestión del gasto público deben conocer y, de hecho, conocen”.

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