Infraestructuras siguió adelante con los contratos investigados pese a recibir objeciones por fraccionamiento

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba siguió adelante en 2020 con los contratos que están siendo investigados por un juez por indicios de delito, pese a recibir objeciones por posible fraccionamiento de los mismos, en relación a proyectos que podían ejecutarse mediante procedimiento ordinario y se hicieron, sin embargo, en contratos menores con un grado de fiscalización y control más bajo.

El Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local advirtió del posible troceo de contratos en algunos proyectos, si bien Infraestructuras siguió la tramitación y ejecución de estos en contratos menores, según consta en la declaración ante el juez de la excoordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, imputada en el caso de contratos de este área por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, 'caso Infraestructuras' donde también se encuentra imputado un funcionario del área y asimismo se investiga un posible delito de malversación de caudales públicos.

En su declaración ante el juez -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, la excoordinadora general de Infraestructuras se refiere a dos contratos de alumbrado público en la avenida de Libia. Sobre estos contratos menores, la excoordinadora general de Infraestructuras le ha dicho al juez que desde el Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local le enviaron un correo electrónico “planteando la duda sobre si ambos procedimientos deberían llevarse conjuntamente por considerar que pudiera haber una situación de fraccionamiento”.

La respuesta fue que el funcionario también imputado en este caso había emitido “un informe técnico que justificaba la tramitación separada” de ambos contratos. En su declaración, precisa que se trata de “un informe técnico en el que se indica que los dos proyectos se ejecuten de forma independiente y no conjunta. Y lo justifica en un problema técnico en cuanto a la existencia de caída de tensión”.

“El informe de objeción no debe contar en el expediente”

Desde el Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local -siempre según la declaración ante el juez de la imputada-, se le manifestó que “era normal que planteara objeciones para garantizar que no se llevaran a efecto situaciones de fraccionamiento indebidas” y que “tal objeción no paralizaba el expediente y continuaba su tramitación”. “Ese informe de objeción no debe contar en el expediente de los contratos”, afirma.

No obstante, en otro momento de la declaración de la excoordinadora de Infraestructuras ante el juez, aludiendo a la “premura” por ejecutar los proyectos antes de final de ese año para no perder el dinero de los mismos, afirma que el informe del técnico sobre los contratos por separado “hace constar que, de no haber problemas en el tiempo, se podría haber programado el expediente en uno solo”, por el procedimiento ordinario.

La excoordinadora señala que “en ningún momento llegó a sugerir” al funcionario también imputado “que se introdujeran como contratos menores contratos que debían ser llevados en uno solo para evitar situaciones de fraccionamiento”. Y que le exigía su justificación técnica si debían llevarse de forma independiente. De hecho, afirma que asumía como coordinadora el cometido de controlar que no se cometieran situaciones de fraccionamiento de contratos y que lo hacía “preguntando a los técnicos, en los supuestos que podía ocurrir, cuál era su valoración técnica”.

Los contratos del alumbrado de la avenida de Libia detonaron el 'caso Infraestructuras' tras la denuncia de IU y Podemos públicamente y en los tribunales, al apuntar que se ejecutó en dos proyectos con contratos menores el alumbrado de toda la avenida en lugar de en un solo proyecto por procedimiento ordinario. Se hicieron varios contratos menores que rondaban los 39.000 euros -el límite legal son 40.000 euros-, designando los contratos por el nombre de las calles transversales a la avenida de Libia -en lugar de esta- en los tramos en los que se realiza la obra. Además, se expidió el certificado final de la obra el 30 de diciembre de 2020 sin que esta hubiera concluido realmente.

Más objeciones por posible troceo de contratos

En su declaración ante el juez, la excoordinadora general también se refiere a otros contratos del Plan Aire -subvencionados por la Junta de Andalucía-, mediante los que se suministraba equipos de protección personal a los trabajadores para la realización de labores de limpieza y desinfección con motivo de la pandemia.

Sobre dichos contratos, también del año 2020, confirma que, de nuevo, el Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local “le indicó la posible situación de fraccionamiento”.

Con todo, la excoordinadora afirma que ella le llegó a proponer al mismo Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local que se planteara la tramitación de un expediente de adjudicación de servicios de Infraestructuras “de suerte que así se evitaran posibles situaciones de aparentes fraccionamientos”. Y pone como ejemplo que “en ningún año se llegaba a tramitar de forma conjunta toda la infraestructura necesaria para la celebración de la Feria de Córdoba, acudiéndose siempre a contratos menores”.

María Luisa Bueno asegura que “cada vez que se podía plantear una situación de fraccionamiento de contrato, consultaba a técnicos al objeto de emitir un posible informe a la autoridad competente” y argumenta que el Plan de Choque 2020 del Ayuntamiento al que pertenecen buena parte de los contratos investigados “preveía que el tipo de actuaciones a realizar fueran preferentemente con contratos menores en cuanto respectaba (sic) al área de Infraestructuras”.

'Caso Infraestructuras'

El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

La Fiscalía vio indicios de delito y dio traslado al juzgado decano para el reparto y la posterior apertura de diligencias. Y apuntó a un técnico del Ayuntamiento y a la excoordinadora general de Infraestructuras como responsables de esos supuestos delitos. Posteriormente, ambos han sido imputados por el juez en este caso por supuesta prevaricación y falsedad en documento público, además de investigar un posible delito de malversación de caudales públicos.

En el plano político, la entonces coordinadora general de Infraestructuras -un cargo designado por Ciudadanos- fue cesada y el concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, acabó perdiendo las competencias de este área y otras del gobierno municipal que ostentaba, si bien sigue siendo el portavoz de Cs en el Ayuntamiento.