Denuncian nuevas construcciones irregulares en espacios protegidos de Sierra Morena

Ecologistas en Acción ha interpuesto dos denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante el del Inspección Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que expone “una construcción residencial, presuntamente ilegal, en la parcelación Las 7 Fincas”, según consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Este grupo señala que las obras se desarrollan en una zona de difícil acceso, a la que se entra por los caminos Trigueros y Cazador de esta parcelación cordobesa. “Cabe recordar que la edificación residencial ha sido construida en la parte no consolidada”, subraya Ecologistas en Acción, que señala que la parcelación de Las Siete Fincas está clasificada según el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba como “suelo no urbanizable de especial protección”, localizado además en un entorno protegido de Sierra Morena y con un alto riesgo de incendio forestal.

La norma urbanística señala que “estos ámbitos quedarán sometidos al régimen urbanístico previsto para los suelos de especial protección en los que se integran calificándose las edificaciones ilegales existentes dentro de estos como edificios fuera de ordenación, en las que no se permitirá reforma o mejora alguna ni dotación de servicios”. 

Ante ello, Ecologistas en Acción reclama a la Guardia Civil y también a la Gerencia que actúen ante esta obra, que la paralicen, precinten y sancionen. Desde hace años, este colectivo ambiental recuerda que viene alertando de “un proceso, lento pero constante, de densificación de viviendas para uso residencial en el conjunto de las parcelaciones irregulares e incluso fuera de ordenación localizadas en la Sierra de Córdoba, con el agravante de que la construcción de las nuevas viviendas de uso residencial, se levantan, en su mayoría, en las áreas menos alteradas y libres de elementos propios de un proceso de urbanización”.

La asociación ecologista considera “fundamental no rebajar la guardia”, y solicita, por tanto, a las administraciones públicas competentes, “una mayor responsabilidad y tutela efectiva del orden urbanístico, aplicando, si fuese necesario, y parece que lo es, la disciplina urbanística para el restablecimiento del orden alterado”.