El Defensor investiga el caso de la cordobesa a la que le subarrendaron un piso de protección oficial

El Defensor del Pueblo en Andalucía, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación sobre el caso de Conchi, la cordobesa a la que le subarrendaron una vivienda de protección oficial y que ahora se queda en la calle. Maeztu ha atendido una demanda de Andaluces Levantaos y ha informado de que a Conchi “le trasladamos todo nuestro ánimo y apoyo”.

Así, señala que son los servicios sociales los que “conociendo sus circunstancias socioeconómicas y familiares podrán valorar qué tipo de ayudas y recursos públicos pueden activarse para poder paliar en la medida de lo posible la actual situación de la interesada y orientarle sobre alternativas habitacionales existentes”, señala en el documento, al que ha tenido acceso este periódico. Además, informa de que ya se ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, a través de la empresa municipal Vimcorsa, “que nos aporten información”.

Andaluces Levantaos señala que “la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba se ha negado a atender y recibir” a Conchi.

Esta mujer vivía en una casa en la calle La Palma, donde ha pagado un alquiler mensual de 280 euros -con comunidad incluida- durante mayo y junio. Una notificación de la empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa colocada en la puerta hizo que fuera hasta el edificio de la empresa municipal, donde supo el engaño que había sufrido durante meses: le habían subarrendado un piso de alquiler de Vimcorsa del que ha tenido que irse al ser adjudicado a otra familia. Pero la historia que le habían contado a ella era totalmente distinta.