Laboratorios Pérez Giménez entra en liquidación

Al convenio presentado para salvar la empresa solo se han adherido el 2,53% de los acreedores

La secretaria del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha emitido un decreto de liquidación de los laboratorios Pérez Giménez pues sólo el 2,53% de los acreedores se ha sumado al convenio presentado por una empresa que tenía, entre sus planes, vender la fábrica para pagar las deudas, a condición de seguir con la actividad. Fuentes judiciales señala que fueron más los acreedores que se adhirieron al convenio, pero sus presentaciones fueron rechazadas porque no se atenían administrativamente al procedimiento. Al no alcanzarse el mínimo requerido la secretaria ordena la liquidación. El auto señala que, ante esta, hay cinco días para presentar recurso. Si no se hace, se intentará vender la unidad productiva en un paquete. Si no saliesen compradores, se troceará y se venderá por partes.

El ex dueño es Sergio Martínez Escobar. Sus representantes legales presentaron un convenio para dar salida a la empresa farmacéutica que arrastra algo menos de 50 millones de euros de deuda a bancos, proveedores y trabajadores. Pérez Giménez está concursada y en manos de unos administradores designados por el juzgado de los Mercantil de Córdoba, a los que Martínez ha denunciado y que han denunciado también a Martínez. Los acreedores que se ahirieron al convenio solo suman 459.745,56 euros de la deuda.

Fuentes cercanas señalaron que el convenio que no ha salido adelante planteaba vender la fábrica a un inversor. Según sus cálculos, con el dinero se pagaría el 10% de la deuda y, manteniendo la actividad de la fábrica y el empleo de la plantilla, se podría pagar el resto en cinco años. Martínez y sus abogados dejan en manos del juez de lo Mercantil la decisión de señalar al comprador idóneo, aunque en su entorno se señala que existen varios inversores dispuestos a comprar la fábrica de la firma, famosa por su marca más conocida: Calmante Vitaminado.

Quienes han diseñado esta salida reconocían que es “arriesgada” desde un punto de vista procesal, pero destacaban que es un sistema ágil y rápido para que se pueda atender las deudas de manera rápida. “Con ellos se evitarían despidos”, señalaban. Pero para ello, subrayaban, el convenio contemplaría el compromiso del comprador en mantener los puestos de trabajo. Aunque este extremo formaría parte del desarrollo posterior y no es una de las piezas fundamentales de la actual fase.

Sin embargo, que se aceptase esta propuesta no gustó nada al sindicato CTA, que ya había convocado dos huelgas en la empresa farmacéutica. “Este sindicato quiere manifestar que, a día de hoy, el señor Martínez Escobar aún no ha tenido la sensibilidad suficiente como para informar de su propuesta a la representación de los trabajadores en la que es la enésima falta de respeto de este señor para con los auténticos héroes que con su sacrificio, pues llevan sin cobrar más de 11 nóminas, le están manteniendo abierta la empresa, que recordemos no ha puesto en la misma ni un sólo euro y aún no ha hecho efectivo el pago de los 2,6 millones de euros que adeuda a la sociedad, mientras sus trabajadores tienen que acudir a comedores sociales tras salir de trabajar, pues en sus casas hace tiempo que faltan las más básicas de las necesidades”, aseguró la CTA a través de una nota de prensa.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, que también es acreedor de Laboratorios Pérez Giménez, anució entonces, a través de un comunicado que no se adherirá a la propuesta de convenio presentada por el actual administrador único de la sociedad, Sergio Martínez.