Un juzgado investiga una supuesta estafa de más de 200.000 euros a un cordobés
El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha abierto diligencias previas de investigación sobre una presunta estafa a un cordobés que estaría valorada en más de 200.000 euros. Según ha conocido este medio, en la causa están siendo investigadas tres personas que habrían cometido los delitos de estafa, falsedad en documento público, apropiación indebida, asociación ilícita, administración desleal, delito societario y contra los derechos de los trabajadores.
La presunta estafa consistió en la compra de la empresa del cordobés y su inmediata disolución, aunque no afrontando las deudas de la compañía y haciéndose con la cartera de clientes que el joven había conseguido durante sus años en la profesión. Según la demanda presentada en el juzgado, a la que ha accedido este periódico, los denunciados habrían impedido, incluso, que el joven trabajara en otra empresa después de conocer la supuesta estafa de la que había sido víctima.
Los hechos ocurrieron en 2017, cuando los problemas de liquidez asolaron a la empresa del cordobés, que se dedicaba a la venta de productos de droguería, limpieza e higiene a establecimientos de hostelería. A pesar de una facturación anual de 300.000 euros y una cartera de 1.500 clientes, el empresario no pudo hacer frente a los pagos a proveedores tras el vencimiento de las líneas de créditos concedidas.
Fue uno de los proveedores quien le propuso la adquisición de la empresa y de las deudas tanto personales –el cordobés era avalista de la compañía- como las contraídas a nombre de la firma. Estos empresarios catalanes se trasladaron hasta Córdoba para conocer la situación de la compañía y el cordobés estableció dos únicas condiciones: ser contratado como trabajador y tener un 10% de las participaciones.
En febrero de 2018 se produjo el cese del joven como el administrador de la compañía y en marzo de ese mismo año, en Barcelona, se realizó la ampliación de capital mediante una empresa de la que el cordobés no supo de su existencia hasta el momento de la firma. Tan sólo un mes después, la compañía fue disuelta y los empresarios y fundaron una nueva sociedad, con nombre muy parecido a la anterior y a la que traspasaron los activos de la empresa del cordobés. Según la demanda, esta operación dejó al demandante en “idéntica situación” en la que se encontraba antes de la operación de venta ya que las deudas no fueron liquidadas
“No existe duda de que la maniobra de los empresarios era la de engañar a mi mandante (…), aprovechándose de la marca creada por él y de su posición en el mercado para poner la compañía a disposición de otra empresa de nueva creación y sin deudas”, señala el abogado del cordobés, Manuel Reyes. “En esta labor de traspaso o sucesión del activo” de una empresa a otra, continúa el letrado, la compañía de nueva creación “conservó el número de teléfono de aquélla así como su imagen y sus clientes”.
En esta operación, los querellantes se habrían apropiado también de los dos furgones y la motocicleta de la empresa del cordobés, que está denunciado por varios proveedores y acucia impagos de luz y agua de la nave en la que trabajaba. A su vez, desconoce el destino de todo el stock que tenía en dicha nave, de la que fue desahuciado por no pagar el alquiler.
El joven asegura que desde el inicio del contrato laboral con estos empresarios, en mayo de 2018, no supo que la empresa había sido disuelta y que se había creado una nueva. Afirma, además, que fue en enero de 2019 cuando descubrió que no había estado asegurado durante los meses que había trabajado para ellos. El engaño le llevó, incluso, a perder un puesto de trabajo por un pacto de no competencia formulado entre él y la compañía de los empresarios, aunque más tarde descubrió que la firma había sido disuelta y, con ella, dicho pacto.
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