El juzgado imputa al exjefe de obras del IMD

Se le acusa de un presunto delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” referidas al desfase en los costes en las obras del complejo deportivo Azahara, así como en las posteriores deficiencias detectadas en la construcción

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción, José Luis Rodríguez Laínz, ha imputado al que fuera jefe de servicios de mantenimiento y obras del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, Rafael Bocero, al que se le considera responsable de un presunto delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, relativo a las presuntas irregularidades y defectos en la obra del Complejo Deportivo Azahara. El titular del juzgado cordobés ya se ha puesto en contacto con el Consistorio para ofrecerle la opción de que se persone como parte perjudicada en el proceso judicial, informaron las fuentes consultadas por este medio.

El caso de las deficiencias en la obra del Complejo Deportivo Azahara se remonta a comienzos del 2009 cuando el entonces responsable del servicio de Mantenimiento y Obras del organismo municipal redacta el proyecto para la posterior licitación a la que concurren nueve empresas. La valoración de Bocero es clave para que una de ellas, Construcciones López Porras, se lleve el contrato, cifrado en más de 700.000 euros. Este funcionario también firma las sucesivas certificaciones de obra, cuyo valor suma 330.085 euros, así como la certificación final que pasa de 371.633 euros a 408.258 euros.

Esto ocurre a finales del mes de septiembre de 2009. Unos 20 días después, el funcionario acude a una notaría y se registra como administrador único de la empresa Arqtec que, en junio de 2010, factura a la empresa adjudicataria de las obras del complejo deportivo 18.000 euros en concepto de “estudios y oferta de obras”. Tres meses después, el responsable de la supervisión de la obras del IMD emite un informe en el que se indica que las obras se han realizado “con total satisfacción para los intereses municipales” y, de esta forma, se procede a la devolución de la garantía y los avales a la empresa constructora.

El juez, que dictó su primera sentencia a principios del año 2013, consideraba que Bocero no era sino una víctima del desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, y para demostrarlo utilizó un curioso símil equino: “Se cumple el proverbio que dice que cuando se pelean los burros, y eso es lo que da la impresión a este juzgador, que lo burros se han peleado y paga el arriero, que en este caso no es otro que el empleado público”.

Sin embargo, el informe está muy lejos de la realidad, ya que en dos años después, el Instituto Municipal de Deportes comunica al Ayuntamiento la existencia de graves patologías y vicios ocultos en las obras que obligan a realizar una inspección técnica en la que se constata “la existencia de irregularidades importantes en las obras y una muy deficiente ejecución de éstas”. La subsanación de estas deficiencias se eleva a otros 109.000 euros.

Se inicia una investigación en la que el Ayuntamiento constata “irregularidades en la adjudicación y control de éstas y otras obras en las que había intervenido este funcionarios, y que habían sido adjudicadas a empresas con las que Arqtec había facturado supuestos trabajos”. Los hechos se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal, en noviembre de 2013, que estima la posible comisión de un delito y cifra el quebranto económico a las arcas municipales entre 83.837 y 124.088 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

Polémica readmisión

Estos hechos provocaron en su día un expediente disciplinario de tres años de suspensión de empleo y sueldo contra el responsable del servicio de Mantenimiento y Obras del organismo municipal que recurrió la sanción ante el juzgado de lo Social, número 2, que obligó al Ayuntamiento a su readmisión con una polémica sentencia en la que se llamaba burros a los políticos.

La sentencia, dictada a principios del año 2013, consideraba que Bocero no era sino una víctima del desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, y para demostrarlo utilizó un curioso símil equino: “Se cumple el proverbio que dice que cuando se pelean los burros, y eso es lo que da la impresión a este juzgador, que lo burros se han peleado y paga el arriero, que en este caso no es otro que el empleado público”. El TSJA ratificó el fallo meses después.