Interior envía por “error” a Ibiza al guardia civil de 'La manada' destinado a Pozoblanco

Antonio Manuel Guerrero tras salir en 2018 de la prisión.

El Ministerio del Interior ha enviado por “error” a Ibiza como destino provisional al guardia civil Antonio Manuel Guerrero, destinado oficialmente en Pozoblanco. Según ha adelantado el diario El País, un documento interno de la Guardia Civil asignaba de modo provisional a Guerrero un puesto en la unidad de Seguridad Ciudadana del cuartel de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza. El documento, “un avance provisional de destinos forzosos” sin carácter oficial, se publicó este viernes en la Intranet del Instituto armado “con carácter meramente informativo” para que los afectados por la decisión –un total de 66 agentes, entre ellos Guerrero- pudieran presentar alegaciones.

Sin embargo, el documento no ha sido corregido hasta que el Ministerio del Interior recibió la llamada del periodista de El País que lo descubrió para contrastar la información. Tras ello, el Ministerio lo ha achacado a un error informático. Antonio Manuel Guerrero era guardia civil en Pozoblanco cuando fue detenido en Pamplona durante los sanfermines de 2016. También cuando supuestamente él y varios de los miembros de La Manada cometieron abusos contra otra chica de la ciudad tras la feria de Torrecampo.

Los cinco condenados quedaron en libertad el 22 de junio, al día siguiente del auto notificado por el tribunal, tras abonar cada uno los 6.000 euros de fianza impuesta para eludir la prórroga de la prisión provisional. Esta decisión también contó con el voto particular del presidente de la Sección Segunda, quien se mostró partidario de la prórroga de la prisión hasta la mitad de la pena impuesta, 4 años y 6 meses.

Entre otras medidas cautelares, además del depósito de la mencionada fianza, el tribunal impuso a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia su localidad de residencia, la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid -lugar de residencia de la denunciante-, la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio o procedimiento, la retirada del pasaporte y la prohibición de obtenerlo en un fututo, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en esos domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria (orden de busca y captura).

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