Gómez acude al juzgado que instruye las denuncias de Baquerín

Instrucción 8 tramita dos de los pleitos con los que Unión Cordobesa ha llevado su cisma a los tribunales

El concejal, diputado y líder de Unión Cordobesa, Rafael Gómez Sandokán, se ha pasado buena parte de la mañana sentado en un banquillo de los juzgados de Córdoba. Pero solo en el del pasillo. Justo el que antecede al Juzgado de Instrucción número 8. Allí es donde se llevan las dos denuncias que presentó un antiguo colaborador suyo y todavía compañero de partido en el Ayuntamiento y la Diputación: Carlos Baquerín. Fuentes judiciales confirmaron que la presencia en los juzgados de Gómez se debe a los pleitos que mantiene con su díscolo colega de formación, aunque no precisaron en carácter de qué había acudido y tampoco si se le había tomado o no declaración. El político negó que su presencia allí tuviese ninguna relación con esas denuncias. “Son solo cosillas sin importancia”, dijo.

Como todo lo que rodea al líder del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento -además de mayor deudor al mismo por las millonarias multas e impagos que por su actividad de constructor arrastra-, la guerra civil que Gómez y Baquerín libran, goza de sus buenas dosis de delirante surrealismo. Una de sus cotas más altas se alcanzó en verano cuando, basándose en un vídeo grabado por una cámara de seguridad, el líder de Ucor acusó a su compañero Baquerín de ser el responsable de que la fotografía de Rafael Gómez que antecede la entrada a los despachos de la Diputación apareciese varias veces caricaturizada con pintadas. En concreto, una nariz de payaso.

Baquerín nunca se defendió. “No he visto esos vídeos. Si los hay y tienen relevancia, pues ya hablaremos”, dijo entonces. Como los vídeos no aparecieron y Gómez mantenía su acusación en la prensa, fue Baquerín el que terminó denunciando a quien le había fichado solo un par de años antes como uno de sus más íntimos colaboradores en el partido.

La denuncia cayó en las oficinas de Instrucción 8. Y también lo hizo una segunda planteada en enero por el mismo acusador contra el líder de Unión Cordobesa. El escenario volvía a ser la Diputación y la causa, siendo menos pintoresca, no dejaba de destilar pura esencia de Ucor. En este caso, cuando Baquerín trataba de acceder a la sala de usos comunes de la Diputación donde guardaba su documentación y objetos personales, se encontró la puerta cerrada con un candado. Escena que volvió a repetirse más veces.

Baquerín señaló como “posibles autores o cómplices” a Gómez, además de a la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, y el vicepresidente tercero de la Diputación, Manuel Gutiérrez. En su escrito, el político afectado por el cerrojazo señalaba que le resultaba imprescindible acceder al despacho común para poder preparar el pleno de presupuestos que estaba a punto de celebrarse. Y afirmaba que el hecho de impedirle el paso y el acceso a documentación y pertenencias que le eran propias, podían ser constitutivas de delito.