Denuncian en Fiscalía al ex director de Cajasur multado por la Audiencia

Un ex director de una oficina de CajaSur ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba por la concesión de un préstamo que según el fallo judicial la mayoría “se distrajo”

La Fiscalía Provincial de Córdoba vuelve a tener trabajo sobre la que fue la mayor entidad de ahorros de la provincia, ahora integrada en Kutxabank. Esta mañana, el ex director de una oficina de CajaSur, Rafael Bueno, ha presentado una denuncia ante el Ministerio fiscal contra José Ruiz, el ex director general de la caja de ahorros multado por la Audiencia Nacional por descuidar los mecanismos de control interno de la entidad financiera. Rafael Bueno sostiene su denuncia en el fallo judicial de la propia Audiencia Nacional. En concreto, este ex empleado de la caja asegura que José Ruiz “pudiera haber cometido actuaciones presuntamente delictivas, según sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

Estas actuaciones serian unas “operaciones concretas que supusieron un quebranto para la cuenta de resultados de la entidad”. En concreto, la denuncia de Rafael Bueno incide en el texto de la Audiencia Nacional, cuando habla de la concesión de un préstamo hipotecario a la promotora Las Villas de Alfarnatejo por valor de 5,5 millones de euros para la adquisición de suelos. De esa cantidad, “sólo una pequeña parte se destinó a la finalidad contratada”, subraya en negrita la denuncia de Bueno. “El resto, dice el fallo, se distrajo”, concluye.

A Ruiz se le reclaman 45.000 euros por las deficiencias de gestión durante el tiempo que estuvo al frente de la principal responsabilidad técnica de la antigua caja de ahorros. Fue nombrado en agosto de 2005 y estuvo en el cargo hasta marzo de 2007.

Consta en el pliego de cargos, la adquisición de Arenal Sur 21 a Rafael Gómez que supuso un fuerte quebranto de la situación económica de Cajasur. El fallo asegura que ha quedado demostrado la «plena responsabilidad» de José Ruiz, tras la consulta de las actas del consejo de administración. El importe de la operación, contraviniendo las órdenes del Banco de España, ascendió a 125 millones sin informes que acreditaran su viabilidad.

La Audiencia Nacional cita también operaciones con la promotora Affira -con la que se vulneró el tope de riesgo del 65%- y con la empresa Chalet, Piscinas y Complementos, a la que se financió, por tramos, hasta un 70% de una promoción cuando el límite se encontraba en la mitad de la inversión necesaria. La sala de lo contencioso recoge como elemento punible la concesión de 7,5 millones a la empresa Interbarajas 2004 para que la sociedad pudiese hacer frente, a su vez, a un crédito anterior de 23 millones.

En el considerando, Rafael Bueno añade que “en los hechos que sustentan la sanción, y que se dan por probados, se encuentran también una decena de operaciones con sociedades participadas entre las que se encuentran Prasur o Sermansur, entre otras”, que “se efectuaron sin la necesaria información y seguimiento, y habiendo omitido de forma flagrante los cometidos del cargo”, entrecomilla el denunciante.

El escrito concluye asegurando que “como resultado de la gestión de CajaSur la caja fue intervenida por el Banco de España, ocasionando un grave perjuicio público, rescatada con dinero público y despedidos traumáticamente cerca de un millar de empleados”.

La Fiscalía ya ha archivado una denuncia anterior de Rafael Bueno sobre CajaSur. En concreto, Bueno presentó su escrito ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigara la gestión en la caja una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución en la que el Banco de España confirmaba las sanciones a los ex consejeros de Cajasur.

El Banco de España expedientó a los dos últimos consejos de administración de la caja cordobesa, más de 40 personas entre los que destacaban los tres últimos candidatos a la Alcaldía de Córdoba por PP, PSOE e IU, sacerdotes, impositores, sindicatos y directores generales. Las sanciones suman más de 2,4 millones de euros.

Esta no es la primera vez que CajaSur se las tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción. En 2003, la Junta de Andalucía denunció a Miguel Castillejo por dos delitos, uno de falsedad documental y otro de apropiación indebida por valor de 10,2 millones de euros. Sobre el aire sobrevolaba la inmensa batalla desatada entre Castillejo y el Gobierno andaluz, que quería crear una gran caja de ahorros regional.

El Ministerio de Economía, dirigido entonces por Rodrigo Rato, promulgó una Ley Financiera a la que se acogió CajaSur, que pasó a ser tutelada por el Gobierno central y escapó así a la Junta. A los pocos meses de la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción archivó la querella al no encontrar indicios de delito. En ese tiempo, Carlos Jiménez Villarejo (principal impulsor de la investigación en CajaSur) fue relevado del cargo de fiscal anticorrupción.