Colecor año cero

El PP asume el Plan Especial de la Carretera de Palma, tramitado en el mandato anterior, y lo aprobará en el próximo consejo de la Gerencia

Estaba guardado en un cajón pero estaba. Dos años después de su última tramitación, la Gerencia Municipal de Urbanismo llevará a su consejo rector del próximo miércoles la aprobación definitiva del Plan Especial de la Carretera de Palma en el que se incluye la adaptación a la legalidad de las naves industriales levantadas por el constructor y hoy concejal Rafael Gómez en la antigua fábrica de Colecor.

El actual gobierno municipal asume, por tanto, como propio la aprobación de un Plan Especial que debe poner punto y final a la polémica en torno a las naves de Colecor. Es algo así como volver al punto de partida para que todo se haga bien. Es decir, con el nuevo plan especial en la mano, y en vigor, el propietario de lo que hoy son 40.000 metros cuadrados de naves industriales ilegales podrá regularizar su uso. Eso sí, antes tendrá que poner en marcha un proyecto de ejecución que prevé, entre otras cosas, la demolición de 15.000 metros cuadrados de naves.

El Plan Especial de la Carretera de Palma está listo para su aprobación definitiva desde octubre de 2010, que fue cuando se le dio el visto bueno de forma provisional con los votos a favor de IU y PSOE, y la abstención del PP, que ahora lo asume como propio. Entonces, la Gerencia de Urbanismo decidió dejar la aprobación definitiva en stand by a la espera que se pronunciara el Tribunal Supremo, a donde Rafael Gómez había acudido para intentar, in extremis, que se le diera la razón y no tuviera que demoler nada de las naves de Colecor. Pero lejos de eso, el Supremo le dio la razón al Ayuntamiento en julio de 2011, justo después de las elecciones municipales. Desde entonces, el plan ha estado guardado en un cajón. Hasta ahora.

Colecor entra así en su año cero. Ahora, se abre una multitud de incógnitas en el horizonte. La primera de ellas tiene que ver con los proyectos de actuación. El propietario de las naves, que es quien tiene que ponerlos en marcha, no está claro. El Ayuntamiento inició un expediente de embargo sobre los más de 40.000 metros cuadrados construidos por Arenal 2000 de forma irregular, pero este monumental complejo levantado sobre suelo no urbanizable de especial protección ya no era propiedad de Rafael Gómez, sino del Banco Popular, que se había quedado con él por el impago de una hipoteca. Sin embargo, la sede social del partido político con el que Gómez se presentó a las elecciones, UCOR, se localiza en las naves.

Será el propietario el que decida qué se hace con las naves. Si decide mantener el estado actual y no se demuele ni un metro cuadrado, en esas naves no se podrá autorizar ningún tipo de actividad (el plan de la Carretera de Palma sólo prevé el almacenamiento de material y su venta al por mayor). Además de eso, el dueño de las naves de Colecor tendrá que asumir también las cargas que pesan sobre esta propiedad. La primera, la hipoteca con el Banco Popular. La segunda, deudas con el Ministerio de Hacienda. Y la tercera, una multa de 24,6 millones de euros con el Ayuntamiento de Córdoba por haber construido las naves sin licencia ni permiso municipal.

Tras su paso por el consejo rector, será el Pleno el que le dé el visto bueno definitivo al Plan Especial. Además, está por ver también cuál será la postura de la Junta de Andalucía y si recurre o no esta decisión. Con Rosa Aguilar como consejera de Obras Públicas había acuerdo para que la superficie a demoler fuera de 15.000 metros cuadrados. Luego, con su sucesora, Josefina Cruz, el Gobierno andaluz pidió más metros (quería la mitad de las naves). De hecho, se creó una fractura en el seno del anterior gobierno municipal. El PSOE se partió por la mitad, con la oposición del entonces portavoz, Rafael Blanco, y de la ex presidenta de Vimcorsa, Victoria Fernández, a que el plan saliera adelante.

Las naves de Colecor fueron construidas sin licencia municipal durante el año 2005. El Ayuntamiento aprobó, a posteriori, un plan especial para regularizar esta enorme superficie, pero fue tumbado por los tribunales, al haber sido impulsado por Arenal 2000. Por eso, hubo que reiniciar todo el proceso y ahora ha habido que esperar a que el Tribunal Supremo desestimara definitivamente el primer plan para no aprobar el segundo, porque de lo contrario el Ayuntamiento estaría entrando en fraude de ley.

Por otra parte, el Plan Especial de la Carretera de Palma no sólo afecta a estas naves industriales, sino a un total de 150 hectáreas en el que se localizan otras industrias, como un matadero industrial y unas propiedades de Repsol, entre otras, que también podrán regularizar su situación.

Colecor, por tanto y siete años después, vuelve a su año cero.