APDH denuncia que una agencia de la Junta lleva a los juzgados a familias en exclusión

Carlos Arce, responsable de APDHA en Córdoba | MADERO CUBERO

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) ha denunciado a través de una nota de prensa que una agencia pública de la Junta de Andalucía (AVRA) ha vuelto a llevar al juzgado a dos familias cordobesas. En su comunicado, APDH señala que ya en noviembre denunciaron que AVRA había llevado al juzgado a dos familias en riesgo de exclusión, que finalmente fueron absueltas. La acusación era por la ocupación de viviendas públicas. Ahora, según este colectivo, su situación tiene "algunos atisbos de solución".

"Sin embargo, ya entonces indicamos que no estábamos ante un hecho aislado, ya que fuentes judiciales nos habían informado de que existían más familias en las mismas circunstancias. Esta información ha podido ser constatada por APDHA en los últimos días, puesto que han acudido a nuestro servicio de asesoría jurídica otras dos familias con dificultades sociales que han sido igualmente denunciadas penalmente por AVRA", señala la asociación.

En concreto, APDH detalla el caso de "dos parejas jóvenes trabajadoras con menores de edad a su cargo, que debido a la precariedad laboral imperante en los sectores en que trabajan (agricultura y limpieza), le es imposible acceder a una vivienda de renta libre. Ambas han solicitado reiteradamente vivienda social sin éxito. Ante su situación de verdadera emergencia habitacional (una de las parejas ha llegado a pernoctar en un coche), no les quedó otra opción que acceder a sendas viviendas propiedad de AVRA", señala la asociación en su nota.

"Lejos de intentar dar una solución social a estas situaciones, la agencia de la Junta de Andalucía optó por actuar contra estas familias por la vía penal. Desgraciadamente, en esta ocasión los tribunales no han tenido la capacidad y sensibilidad para apreciar el claro estado de necesidad que ampara la actuación de estas jóvenes parejas cordobesas, y les han condenado a penas de multa y al desalojo de las viviendas en las que trataban de dar un mínimo de dignidad a sus hijos menores de edad", dicen.

En este sentido, el colectivo señala que la "situación descrita desmiente la justificación esgrimida por AVRA para su actuación en los casos de noviembre: que era una cuestión puntual y que actuó a petición de los vecinos. Muestra que es una estrategia de la agencia priorizar la vía penal sobre la social ante estas circunstancias, abocando a familias en riesgo de exclusión a sanciones penales económicas que no pueden afrontar (que pueden incluso acabar con ellas en prisión en el peor de los escenarios) y a desahucios inminentes sin alternativa habitacional, algo tan criticado por la Junta de Andalucía cuando se llevan a cabo a instancias de entidades bancarias", concluyen, al tiempo que exige que se "paralice de forma inmediata" esta actuación penal.

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