Antiguos juzgados: dos años de un edificio vacío que no estará habilitado hasta 2022
El traslado de los antiguos juzgados que se realizó entre septiembre y diciembre de 2018 a la nueva Ciudad de la Justicia que agrupa desde entonces a todos los órganos judiciales en Córdoba, dejó vacío hace ya dos años el antiguo edificio de la Audiencia Provincial en la Plaza de la Constitución. Desde entonces, se erige como un edificio fantasma al que aún le faltan al menos otros dos años para estrenar una nueva vida.
El anterior Gobierno de la Junta planificó llevar hasta este edificio varias de sus sedes actuales, un proyecto que necesita de la readaptación de las instalaciones de los viejos juzgados y que se adjudicó en septiembre de 2018, con un presupuesto que ronda los 10 millones de euros. El actual Gobierno de la administración autonómica asumió los pasos dados para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, que cuentan con un plazo de 36 meses contados a partir de la pasada primavera y finalizará, así, en el primer semestre de 2022, según confirman fuentes del gobierno autonómico. Será entonces cuando el edificio quede de nuevo habilitado para su uso. A eso habrá que sumar el tiempo que tarden en trasladarse sus nuevos inquilinos.
Edificio de 1972 con 12.000 metros construidos
La redacción del proyecto de readaptación de las instalaciones se adjudicó al arquitecto Francisco León Olmo, que también será quien dirija la obra. El edificio, propiedad de la Junta de Andalucía, fue construido a principios de los años 70 del pasado siglo y entró en funcionamiento en 1972. Se ubica en una parcela de 3.500 metros cuadrados en la confluencia de la avenida del Aeropuerto y la avenida del Flamenco, consta de dos cuerpos de edificación unidos en forma de L, con un total de 12.000 metros cuadrados construidos.
La intención del anterior Gobierno de la Junta cuando encargó el proyecto era la de trasladar hasta allí su área de gobierno y varias delegaciones provinciales. De hecho, estaba previsto que la Delegación de Gobierno de la administración autonómica que hoy ocupa la sede de la calle San Felipe pasara a ser la nueva inquilina del edificio de los antiguos juzgados, además de las áreas adscritas de Justicia y Hacienda, y otras delegaciones territoriales.
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