Tengo una teoría

Esta mañana tomando un café me he inventado una teoría. Es muy sencilla, así que seguro que ya está más o menos formulada y mejor, pero me da igual. Ni revisión bibliográfica, ni estado de la cuestión, ni contrastación en campo, ni nada, la cuento y punto, porque además el que la haya inventado será un gran investigador pero no escribe en Cordópolis. Como la ciencia económica es una petarda invasora, la llamaremos chapuceramente teoría de la “legitimidad marginal decreciente”, e intenta explicar por qué en nuestro país cada vez menos gente confía en las instituciones. Podría resumirse en el siguiente enunciado: la legitimidad de un sistema político se deteriora progresivamente a medida que se dan carencias en la garantía de derechos de la ciudadanía, en las condiciones de igualdad, y en la representación de los intereses generales por parte de los representantes públicos.

Me explico. Las instituciones de una sociedad que no es capaz de garantizar que toda la población consiga acceder a los bienes y servicios básicos y ver garantizados sus derechos tienen un problema de legitimidad nivel 1 o mestaiscabreando. Si además algunos no pueden hacerlo, mientras otros sí y nadan en la abundancia, el problema de legitimidad es aún mayor, nivel 2 o aminometoqueslacara. Y si la ciudadanía tiene la percepción de que esto se da con la connivencia, complicidad o incluso promoción de dichas instituciones, el problema es mayúsculo, nivel 3 o esonomelodicesenlacalle. Mi teoría es que esto es lo que le está ocurriendo a España.

El nivel mestaiscabreando se ha dado en este país siempre, pero ahora con un 25% de paro (casi diez puntos más en Andalucía y Córdoba), un porcentaje similar por debajo del umbral de la pobreza, rentas familiares que caen en picado y erosión constante de los derechos sociales, ocurre con mayor gravedad. Es bastante evidente así que no sigo.

En el nivel aminometoqueslacara somos campeones olímpicos y me autocito (artículo Som Energia, 23-10-12): “Según los datos recogidos por Eurostat (el ratio 80/20) España es el país más desigual de la Europa de los 27, tiene una desigualdad económica casi sobresaliente (7,5 frente al modesto 5,7 de media de la eurozona). Estamos en ratios de desigualdad similares al año 81, recién salidos del franquismo. Y eso tras más de treinta años de democracia, durante veintiuno de los cuáles tuvimos gobiernos socialistas”. Distintos estudios demuestran que las situaciones de carencia se viven con más dureza en condiciones de desigualdad que si la situación es más homogénea, aunque dicha homogeneidad se caracterice por la precariedad.

Más complejo y controvertido es demostrar que ya estamos en el nivel esonomelodicesenlacalle. Voy a citar tres ejemplos recientes que demuestran que los representantes públicos no están defendiendo los intereses de la mayoría, incluso están actuando contra ella, al menos desde la irrupción de Naranjito y Felipe González, antes ya ni te cuento.

Una comisión de siete magistrados por encargo del Consejo General del Poder Judicial (no es el nombre de ningún grupo anticapitalista ni de la Plataforma Stop Desahucios) ha dictaminado en un informe que las hipotecas que han firmado millones de españoles durante todo el período democrático –y antes- son un fraude. 350.000 de ellos ya se habían enterado porque han sido desahuciados en los últimos cuatro años. Regulado por una ley de 1909 (mira que han hecho leyes nuestros parlamentarios desde el 78…) el sistema regula, y cito textualmente, “un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909 debido a la presión de los bancos, que pretendían disponer de un procedimiento que les permitiera cobrar sus deudas de forma rápida; proceso judicial extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura de préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia, y las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Y ya sabemos, si debes 6.000 euros y no los puedes pagar se quedan con tu casa enterita, y si debes 200.000 y tu casa vale ahora 150.000, se quedan con tu casa y les sigues debiendo 50.000. No hace falta leer a Rawls para saber que eso es una injusticia clamorosa. Os recomiendo el informe completo de estos radicales de la judicatura.

Vamos con la segunda. El sindicato de técnicos de Hacienda no se cansa de hacer informes denunciando aspectos como los que siguen. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, la Agencia Tributaria “seguirá centrando sus investigaciones en los pequeños fraudes de autónomos, pymes y trabajadores, en lugar de dedicar mayores esfuerzos al control de los grupos empresariales y grandes fortunas, responsables del 71,7% de la evasión fiscal total”. En su reciente congreso estos subversivos y sin embargo buenos opositores denunciaron que España dedica a la lucha contra el fraude un 68% menos recursos que Francia y un 80% que Alemania. Por si esto fuera poco, las investigaciones fiscales tienen un plazo máximo legal de un año. Ni siquiera la crisis justifica esta racanería porque está claro que en España no hay inversión más rentable que la de contratar más inspectores fiscales.

Y vamos con la tercera. El sistema eléctrico español es producto de las políticas de privatización de los años 90. Unos cinco operadores controlan el mercado (por llamarlo de alguna manera), con una fuerte intervención estatal que regula los precios. En estos años dichas empresas han tenido una fuerte expansión internacional, especialmente en Latinoamérica, con grandes beneficios. A la vez que esto ha ocurrido, los españoles (y sus empresas) sufrimos, tras una subida del 87% en cuatro años, la electricidad más cara de Europa (con la excepción de Chipre y Malta), y aún así les debemos 24.000 millones de euros porque dicen que nos la venden a precio por debajo de coste. Esta deuda, déficit de tarifa le llaman, ha sido asumida por el Estado. En la actualidad, las eléctricas tienen en nómina a dos expresidentes, Felipe González y Aznar, y cuatro exministros, José Borrell, Pedro Solbes, Elena Salgado y Ángel Acebes. Todos los detalles de este asunto los podéis encontrar en la página de Antonio Moreno Alfaro.

Si alguien tiene una explicación mejor de estos tres casos a la más sencilla de todas, que nuestros representantes políticos (por incapacidad, connivencia, impotencia o autointerés) defienden los intereses de las grandes corporaciones en lugar de o en contra de los de la mayoría de los ciudadanos, que me la cuente y lo hablamos. Mientras no sea así, creo que España ha alcanzado de pleno el nivel de deslegitimidad esonomelodicesenlacalle. O como dicen los del 15 M, que no, que no, que no nos representan.