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Sergio Gracia Montes es graduado en Derecho por la Universidad de Córdoba. En 2018 impulsa desde Córdoba el Centro de Investigación de la Extrema Derecha (Cinved), con el que analiza y estudia los movimientos populistas y extremistas en España y a nivel internacional. Gracia cuenta con amplia formación en materia religiosa, política y de derechos humanos, e interviene en medios nacionales (Cuatro, La Sexta, Huffington Post, El Independiente, El Confidencial o El Temps) como experto en fanatismos y movimientos de ultraderecha.

El odio de la extrema derecha también monetiza

Red social X, antes Twitter.

Sergio Gracia

15 de junio de 2026 19:57 h

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El odio político contemporáneo no circula solamente como ideología. Circula también como mercancía. La extrema derecha digital no se limita a producir discursos racistas, misóginos, xenófobos, transfóbicos, islamófobos o autoritarios. También produce atención, tráfico, datos, audiencias, segmentación y beneficio económico. Su poder no reside únicamente en lo que dice, sino en la capacidad de convertir el resentimiento en interacción, y la interacción en valor.

Durante mucho tiempo, el discurso de odio fue entendido sobre todo como un problema moral, jurídico o político. Se preguntaba quién insultaba, quién amenazaba, quién discriminaba y qué limites debía imponer la Ley o la esfera pública. Pero en la era de las plataformas digitales, esa pregunta resulta insuficiente. También hay que preguntar quién gana dinero cuando el odio se viraliza. Quién se beneficia de la indignación permanente. Quién monetiza el miedo al inmigrante, la obsesión con el cuerpo de las mujeres, la persecución de las personas trans, la islamofobia, el antisemitismo, el racismo o la nostalgia autoritaria.

El odio de la extrema derecha se ha adaptado perfectamente a la economía de la atención. Las plataformas digitales premian aquello que retiene al usuario, provoca reacción y genera circulación. El contenido extremo, escandaloso o humillante suele producir más comentarios, más respuestas, más réplicas y más tiempo de permanencia. La indignación funciona como combustible. El insulto se convierte en engagement. La provocación se convierte en estrategia. El enemigo político se convierte en recurso narrativo.

No se trata de afirmar que las plataformas “inventaron” la extrema derecha. Sería una explicación simple y falsa, ya que las tradiciones autoritarias, racistas y nacionalistas tienen una historia larga. Lo que ha cambiado es el ecosistema técnico y económico en el que esas tradiciones circulan. Hoy, el odio puede ser empaquetado como contenido, distribuido como entretenimiento, medido como rendimiento y monetizado como audiencia. La violencia simbólica encuentra así una infraestructura especialmente eficaz.

La extrema derecha digital conoce bien esa lógica. Por eso muchas de sus formas actuales no aparecen siempre como propaganda explicita. A menudo se presentan como humor, ironía, datos, defensa de la libertad de expresión, protección de la infancia, critica a lo “políticamente correcto” o simple “sentido común”. Esta ambigüedad es rentable. Permite decir y desmentir al mismo tiempo. Permite atacar cuerpos y colectivos concretos mientras se conserva una apariencia de debate legítimo. Permite activar a una comunidad militante y, simultáneamente, atraer a un público más amplio mediante la provocación.

El meme, el video corto, el directo, el titular incendiario, el podcast conspirativo o la cuenta anónima forman parte de un mismo circuito. En ese circuito, cada cuerpo convertido en amenaza produce valor. El migrante es presentado como invasor; la persona trans, como peligro para infancia; la feminista, como enemiga de los hombres; el musulmán, como amenaza civilizatoria; el pobre como carga; el joven racializado, como sospechoso. Estos cuerpos no sólo son odiados, son utilizados como materia prima de una economía política del miedo.

La monetización del odio opera en varios niveles. En primer lugar, mediante publicidad y tráfico. Los contenidos extremistas o paraextremistas generan visitas, visualizaciones, suscripciones y presencia continua. Incluso cuando son criticados, amplificados o denunciados, pueden beneficiarse de la circulación que producen. La lógica de la polémica favorece al provocador. Cuanto más rechazo genera, más visible se vuelve.

En segundo lugar, el odio monetiza mediante la construcción de marcas personales. Influencers políticos, comentaristas, agitadores digitales o supuestos “disidentes” convierten la radicalización en identidad comercial. Venden libros, cursos, conferencias, canales privados, productos, consultorías, donaciones o acceso exclusivo a comunidades cerradas. La figura del perseguido resulta especialmente rentable. Cuando más se presenta a alguien como censurado por el sistema, más puede fidelizar a una audiencia que se siente atacada, humillada o desplazada.

En tercer lugar, el odio produce datos. Cada clic, comentario, reacción, pausa, búsqueda o compartido ayuda a perfilar usuarios. Las plataformas aprenden qué indigna, qué excita, qué asusta y qué divide. El cuerpo del usuario también entra en ese circuito. Sus emociones, sus hábitos, sus miedos, sus afinidades políticas, sus inseguridades y sus deseos se transforman en señales interpretables. La extrema derecha no sólo difunde mensajes; contribuye a reproducir mercados de atención segmentada.

En cuarto lugar, el odio alimenta las industrias de la seguridad y la vigilancia. Cuando ciertos cuerpos son construidos como amenaza, se abren oportunidades económicas para quienes ofrecen protección, control, frontera, biometría, policía predictiva, moderación automatizada, seguros, consultorías de riesgo o tecnología de identificación. El discurso que convierte al otro en peligro puede terminar justificando mercados enteros dedicados a administrarlo.

Por eso la pregunta por el odio no puede separarse de la pregunta por el beneficio. El racismo, la misoginia o la islamofobia no son únicamente residuos ideológicos del pasado. En el presente digital, también pueden funcionar como activos económicos. No porque todo odio nazca directamente del dinero, sino porque muchas infraestructuras contemporáneas están preparadas para extraer valor de la hostilidad. La plataforma no necesita compartir la ideología de la extrema derecha para beneficiarse de sus efectos. Le basta con que produzca actividad.

Esta es una de las paradojas más graves de la esfera pública digital. Las plataformas pueden declarar políticas contra el odio y, al mismo tiempo, beneficiarse indirectamente de los comportamientos que dicen combatir. Pueden moderar ciertos excesos visibles mientras conservan intactos los incentivos que premian la polarización. Pueden retirar una publicación concreta y seguir recomendando contenidos que empujan al usuario hacia comunidades cada vez más radicalizadas. Pueden presentarse como espacios neutrales mientras organizan técnicamente qué se ve, qué se oculta, qué se repite y qué se monetiza.

La extrema derecha aprovecha esa contradicción. Sabe que la censura parcial puede convertirse en prueba de persecución. Sabe que la expulsión de una plataforma puede utilizarse para migrar a otra con una comunidad más fiel. Sabe que la polémica produce identidad. Sabe que cada escándalo confirma ante sus seguidores la existencia de un enemigo poderoso: las elites, los medios, el feminismo, los inmigrantes, las minorías, las instituciones, la universidad, la izquierda, lo “woke”. Su económica afectiva depende de mantener vivo ese conflicto.

Pero el problema no se reduce a los líderes visibles. También hay una participación distribuida. Miles de usuarios producen, traducen, adaptan, comentan y difunden contenidos de odio sin recibir dinero directamente. Sin embargo, su trabajo gratuito alimenta el sistema. Generan datos, entrenan algoritmos, sostienen comunidades, amplifican narrativas y aumentan el valor de determinadas cuentas, canales o plataformas. La militancia digital puede ser voluntaria, pero sus efectos pueden ser monetizados por otros.

Esto obliga a repensar la responsabilidad. No basta con identificar al sujeto que pronuncia el insulto. Hay que mirar la cadena completa: quién diseña la plataforma, quién vende la publicidad, quién recomienda el contenido, quién mide la interacción, quién financia al creador, quién convierte la polémica en noticia, quién recoge los datos y quién transforma la inseguridad social en negocio. El odio digital es un fenómeno político, pero también infraestructural.

Las soluciones tampoco pueden limitarse a borrar palabras ofensivas. La moderación de contenidos es necesaria, pero insuficiente. Si el modelo económico sigue premiando la reacción extrema, el odio encontrará nuevas formas de aparecer: eufemismos, códigos, memes, ironías, estadísticas manipuladas, campañas coordinadas o discursos aparentemente técnicos. El problema no está sólo en el contenido visible, sino en los incentivos que convierten la hostilidad en rendimiento.

Frente a esto, es necesario desplazar la discusión. Preguntar únicamente “¿Debe permitirse este discurso?” deja fuera una parte esencial del problema. También hay que preguntar: ¿Por qué este discurso se recomienda?, ¿Por qué este discurso es rentable? ¿Qué cuerpos se convierten en mercancía política?, ¿Qué empresas se benefician de su circulación?, ¿Qué industrias se fortalecen cuando el miedo se normaliza?

El odio de la extrema derecha se monetiza porque se inserta en un ecosistema que convierte la atención en valor y la diferencia en conflicto explotable. Su eficacia no depende sólo de convencer, sino de activar. No necesita que todos crean plenamente en su ideología: le basta con que reaccionen, compartan, discutan, teman o permanezcan conectados. En esa economía, incluso el rechazo puede ser rentable.

Comprender esto no implica reducir la extrema derecha a un simple negocio. Sus proyectos políticos son reales, sus efectos sobre la vida de las personas son concretos y sus violencias no desaparecen por estar mediadas por plataformas. Pero precisamente por eso es necesario mirar también su dimensión económica. Allí donde hay odio viral, suele haber también una arquitectura de monetización. Allí donde un cuerpo es convertido en amenaza, alguien puede estar convirtiendo esa amenaza en audiencia, en datos o en mercado.

La extrema derecha contemporánea no sólo disputa el poder mediante partidos, discursos y movimientos. También lo disputa mediante infraestructuras de visibilidad. Aprende a hacerse rentable, a volverse recomendada, a presentarse como entretenimiento, a transformar la humillación en marca y a convertir la violencia simbólica en producto. Por eso combatir el odio exige desactivar las condiciones que lo hacen lucrativo.

Mientras el miedo sea una fuente de tráfico, mientras la humillación genera engagement, mientras el racismo pueda presentarse como dato, mientras la misoginia pueda venderse como rebeldía y mientras la persecución de cuerpos vulnerables produzca dinero, el odio seguirá encontrando formas de circular. La pregunta decisiva no es sólo por qué se odia, sino quién cobra cuando ese odio se expande.

Sobre este blog

Sergio Gracia Montes es graduado en Derecho por la Universidad de Córdoba. En 2018 impulsa desde Córdoba el Centro de Investigación de la Extrema Derecha (Cinved), con el que analiza y estudia los movimientos populistas y extremistas en España y a nivel internacional. Gracia cuenta con amplia formación en materia religiosa, política y de derechos humanos, e interviene en medios nacionales (Cuatro, La Sexta, Huffington Post, El Independiente, El Confidencial o El Temps) como experto en fanatismos y movimientos de ultraderecha.

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