Neonazis: amenaza pública, trato privilegiado

Durante décadas, los grupos neonazis y ultraderechistas, han perseguido, agredido e incluso asesinado a personas por motivos de ideología, color de piel, origen, nivel económico, orientación sexual, identidad de género o creencia religiosa. Su historia no es la de una simple “opinión política radical”, sino la de una violencia organizada contra quienes consideran inferiores, enemigos o prescindibles.

Sin embargo, cada vez que estos grupos salen a la calle, una parte de la sociedad observa una escena difícil de digerir: cordones policiales protegiendo sus concentraciones, dispositivos de seguridad garantizando sus recorridos y fuerzas del orden separándolos de quienes protestan contra ellos. Por ello, surge entonces la pregunta incómoda. ¿Por qué las fuerzas y cuerpos de seguridad protegen a quienes históricamente han perseguido y atacado a los sectores más vulnerables de la población?

La respuesta oficial suele apoyarse en el derecho de reunión, la libertad de expresión y la obligación institucional de evitar altercados, ya que, en un Estado de derecho, incluso las ideas más repugnantes pueden quedar amparadas por garantías legales si no cruzan determinadas líneas rojas. La policía, en teoría, no protege la ideología neonazi, protege el orden público, evita enfrentamientos y garantiza que una concentración autorizada no derive en violencia.

Pero esa explicación, aunque jurídicamente comprensible, resulta moralmente insuficiente cuando se observa desde la experiencia de quienes han sufrido la violencia fascista. Para una persona migrante, racializada, musulmana, gitana, LGTBI, comunista o simplemente pobre, ver neonazis protegidos por agentes uniformados no parece una defensa neutral de los derechos democráticos. Parece, muchas veces, una escena de privilegio institucional.

Pero el problema no es únicamente que se proteja físicamente a estos grupos cuando se manifiestan. El problema es la diferencia de trato que muchas personas y colectivos perciben cuando comparan esa protección con la dureza policial aplicada contra protestas sociales, sindicales, antirracistas, antifascistas o por la vivienda. Mientras determinados colectivos son vigilados, identificados, multados o dispersados con rapidez, las marchas de extrema derecha y de apología neonazi parece recibir, en ocasiones, un margen de tolerancia indigna por parte de esos mismos cuerpos de seguridad.

Esta percepción no nace de la nada. El fascismo nunca ha sido una estética de banderas, saludos y consignas. Ha sido una práctica concreta de intimidación. Ha señalado barrios, ha atacado centros sociales, ha agredido a personas sin hogar, ha perseguido a migrantes, ha amenazado y atentado contra militantes de izquierda y ha convertido la diferencia en excusa para la violencia. Por eso, cuando las instituciones tratan a estos grupos como si fueran un “colectivo vulnerable”, muchas víctimas sienten que se borra la memoria de esa violencia.

Por supuesto, también existe una cuestión de clase. Los grupos neonazis suelen presentarse como defensores del “pueblo”, pero históricamente han golpeado hacia abajo contra migrantes, pobres, minorías religiosas, personas racializadas o colectivos vulnerables. En lugar de atacar las causas reales de la desigualdad, señalan supuestos chivos expiatorios. Su función política y social consiste en desviar la rabia social hacia quienes menos poder tienen, no hacia quienes acumulan privilegios.

Por eso resulta tan peligroso normalizar su presencia pública. Cuando un grupo neonazi marcha protegido, no solo ejerce un derecho formal, también envía un mensaje de fuerza a sus víctimas potenciales. Les dice que puede ocupar las calles, exhibir símbolos, gritar consignas y hacerlo bajo la cobertura del aparato de seguridad. Esa imagen produce miedo y desconfianza. Ese miedo también es una forma de expulsión del espacio público.

Un ejemplo reciente de esa normalización es el salto de Núcleo Nacional al terreno partidista a través de Noviembre Nacional, el partido político creado en julio de 2026 y que ha sido presentado como una forma de “pelear” sus ideas usando las herramientas institucionales del sistema. Este paso no debe leerse como una moderación, sino como una estrategia de legitimación, donde se busca convertir una estructura de agitación neonazi en una marca electoral que permita disputar el espacio público, captar jóvenes, acceder a cobertura mediática y revestir de legalidad un proyecto político basado en la exclusión, el racismo, la violencia y la nostalgia autoritaria. El problema no es solo que existan estos grupos, el problema es que puedan presentarse como una opción democrática más mientras sus discursos siguen señalando a migrantes, personas racializadas, musulmanes u otras minorías como enemigos internos.

Ahora bien, la crítica no debería limitarse a los agentes que están en la calle. La responsabilidad principal es política e institucional. Son las autoridades quienes regulan, autorizan, toleran o prohíben determinados actos. Son los legisladores quienes defienden los limites entre la libertad de expresión y el discurso de odio. Son los jueces quienes interpretan los límites. Y son los gobiernos quienes deciden sobre qué prioridades orientan la actuación policial.

La cuestión central, por tanto, no es si la policía debe evitar que haya agresiones en una manifestación. Claro que debe hacerlo. La cuestión es por qué el Estado parece tan eficaz protegiendo a quienes propagan el odio y es tan insuficiente protegiendo a quienes los sufren. Por qué se despliegan recursos para garantizar que los neonazis puedan marchar, mientras que las víctimas de sus agresiones racistas, xenófobas, homófobas o islamófobas sufren abandono e indiferencia cuando denuncian.

Decir que los neonazis son un “colectivo en peligro de extinción” no significa victimizarlos. Al contrario, significa demostrar la falsa narrativa con la que la extrema derecha intenta presentarse como perseguida. No son una minoría vulnerable. Son herederos políticos de una tradición que ha perseguido, encarcelado, torturado y exterminado. No están en peligro por ser nazis, lo que está en peligro cuando se les normaliza es la convivencia democrática.

Una democracia no se mide solo por permitir hablar a quienes piensan distinto. También se mide por su capacidad para proteger a quienes históricamente ha sido convertidos en objetivo de odio. La neutralidad política frente al fascismo puede convertirse, en la práctica, en complicidad con el más fuerte. Porque cuando una ideología se basa en negar la dignidad de otros seres humanos, tratarla como una opinión más es olvidar sus consecuencias.

La seguridad pública no debería consistir únicamente en evitar peleas entre grupos enfrentados. Debería consistir en garantizar que ninguna persona tenga miedo de caminar por su barrio por su piel, por su acento, por su orientación sexual, sus ideas o su religión. Si el Estado protege marchas neonazis pero no protege a quienes son amenazados por ellos, entonces la pregunta ya no es por qué protege a los neonazis. La pregunta es a quién considera realmente digno de protección.

El fascismo no desaparece solo porque cambie de ropa, de siglas o de estrategia. Se adapta, se disfraza y busca respetabilidad. Por eso combatirlo exige memoria, organización social y una defensa activa de los derechos humanos. No se trata de pedir censura indiscriminada ni de sustituir justicia por venganza. Se trata de entender que la libertad no puede ser utilizada como escudo para quienes quieren destruir la libertad de los demás.

Los nazis no son un colectivo vulnerable. Vulnerables son las personas a las que persiguen. Vulnerables son quienes han sufrido sus palizas, sus insultos, sus amenazas, su exclusión y su miedo. Vulnerables son quienes han sido señalados por existir. Por eso, frente a la protección institucional del odio organizado, la sociedad debe responder con claridad, ningún privilegio para quienes promueven la violencia, ninguna normalización del fascismo y ninguna equidistancia entre agresores y víctimas.

Porque una democracia que protege al fascismo más de lo que protege a sus víctimas empieza a parecerse demasiado a aquello que dice combatir.