Urbanismo aprobará este jueves las nuevas normas urbanísticas tras aceptar una quincena de alegaciones

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba aprobará este jueves en un Consejo Rector Extraordinario las nuevas Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital, tras aceptar la incorporación de un total de 16 alegaciones.

El presidente de la Gerencia, Miguel Ángel Torrico, ha explicado este miércoles que, una vez se ratifique el nuevo documento, se trasladará a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para que, una vez convalide el proyecto, pase por Pleno y se incorpore a la normativa municipal.

Según la documentación facilitada a este periódico, en total se han aceptado 16 alegaciones a la actualización de las normas urbanísticas de Córdoba, con propuestas dirigidas a aclarar la interpretación de distintos artículos y flexibilizar algunas condiciones de construcción y rehabilitación. Entre las peticiones figuran facilitar la implantación de modelos de alojamiento como el coliving y el senior living, corregir los saltos en las exigencias de aparcamiento de los comercios, favorecer la instalación de pérgolas y placas solares, y permitir un uso más amplio de las cubiertas para el ocio y la estancia.

También reclaman mayor flexibilidad para la rehabilitación de edificios, especialmente en el cumplimiento de las superficies mínimas de las viviendas, así como modificaciones en las reglas de cálculo de la edificabilidad, las terrazas y los espacios comunes. En las zonas de viviendas unifamiliares aisladas, plantean que las parcelas grandes que no puedan dividirse físicamente puedan acoger varias viviendas mediante una división horizontal.

En general, las alegaciones apenas afectan a lo ya anunciado. Las nuevas normas vienen a sustituir de manera integral el marco operativo anterior, adaptándolo a la legislación andaluza vigente (la famosa LISTA) y estableciendo un nuevo modelo de ciudad con vigencia indefinida, e introduciendo nuevos criterios para el diseño de las viviendas y la adaptación climática.

El documento distingue entre viviendas compartimentadas y viviendas en espacio único, como los lofts, y establece condiciones específicas de habitabilidad para estas últimas. También contempla que las terrazas no voladas y los elementos abiertos no computen como superficie edificable hasta un límite del 15%, permitiendo toldos y cortinas de cristal, aunque sin destinarlos a ampliar las estancias interiores. Asimismo, abre la posibilidad de implantar alojamientos dotacionales temporales para colectivos vulnerables en determinados suelos de equipamiento público.

En materia ambiental, la normativa refuerza la protección del Anillo Verde y establece criterios para combatir el calor urbano. Entre las medidas figuran la prioridad de especies vegetales autóctonas, la conservación de al menos el 75% del suelo natural en las zonas verdes y la incorporación de pavimentos permeables, itinerarios peatonales y carriles independientes para bicicletas y patinetes. También se promueve el uso de materiales reciclados en las obras, la instalación de sistemas de drenaje sostenible para evitar el aumento de la escorrentía y la colocación de pérgolas solares en espacios públicos y aparcamientos.

Respecto al suelo no urbanizable, el texto fija condiciones para las construcciones vinculadas a las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, con superficies mínimas de parcela que varían según el tipo de terreno. Las nuevas viviendas aisladas requerirán fincas de al menos diez hectáreas en la campiña y de 25 hectáreas en determinadas zonas forestales de la sierra. La normativa también plantea planes especiales para ordenar parcelaciones residenciales existentes, mejorar sus infraestructuras y abordar problemas de saneamiento, mientras que algunos ámbitos quedan sometidos a informes previos por su proximidad a Medina Azahara, el aeropuerto o zonas con riesgo de inundación.

El patrimonio histórico y arqueológico adquiere un papel destacado mediante un sistema de cautelas que obliga a realizar evaluaciones previas antes de ejecutar obras que afecten al subsuelo, con distintos niveles de supervisión y excavación en función del riesgo de hallar restos. Se refuerza además la protección de los restos de la muralla y de zonas como el Parque Cruz Conde. Por otro lado, la actualización regula la situación de los edificios construidos con anterioridad que no se ajusten al nuevo planeamiento, diferenciando entre inmuebles asimilados a licencia, construcciones totalmente fuera de ordenación y aquellas que presentan incumplimientos parciales y pueden seguir siendo objeto de obras de conservación, rehabilitación y mejora.