Toca contestar (a la extrema derecha) a quien insulta

En la vida, cuando alguien insulta, agrede o intenta imponerse a base de gritos, llega un momento en que el silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer permiso. En política y todo lo que esta rodea ocurre exactamente lo mismo. Hay discursos que han impregnado todo de odio, que no buscan debatir, sino intimidar; que no pretenden convencer, sino señalar; que no aspiran a construir nada, sino a ensuciarlo todo para que los demás retrocedan. Y frente a eso, igual que en la vida cotidiana, responder no es perder las formas: es poner límites.

Hay una parte cada vez más ruidosa de la sociedad que ha confundido libertad de expresión con derecho a agredir verbalmente cada vez que le viene en gana. No debate: señala. No argumenta: insulta. No discrepa: deshumaniza. Y lo más llamativo no es sólo la violencia verbal con la que actúa, sino la fragilidad impostada que exhibe cuando alguien decide responderle.

Durante años, la extrema derecha y sus entornos mediáticos, digitales y políticos han cultivado una forma de intervención pública basada en la provocación permanente. El insulto lo han disfrazado de “decir verdades”. La humillación se presenta como “sentido común”. El ataque personal se vende como “incorrección política”. Y cualquier límite democrático, ético o simplemente humano se denuncia como censura.

Pero cuando reciben una respuesta, cuando alguien les devuelve la contestación firme, cuando se les pone delante el espejo de sus propias palabras, entonces llega la segunda parte de su espectáculo: el victimismo.

Quienes llaman traidores a sus adversarios se escandalizan si alguien los llama reaccionarios o fascistas. Quienes señalan día sí y día también a musulmanes, migrantes, feministas, periodistas, sindicalistas, activistas o personas LGTBI como enemigos internos, se declaran perseguidos cuando se les responde con vehemencia. Quienes llevan años elevando el tono hasta convertir la conversación publica en una pelea de barro piden exquisita educación justo en el momento en que dejan de controlar el marco.

Por eso, queda patente que no estamos ante una contradicción accidental. Es una estrategia. Y como toda estrategia eficaz, necesita un brazo ejecutor que normalmente no está arriba, sino abajo: personas trabajadoras, con sueldos y trabajos precarios, gente que llega justa a final de mes y que acaba convencida de que su enemigo no es quien acumula privilegios, poder y riqueza, sino otro pobre que tiene todavía menos.

Y ahí es donde el insulto cumple su función completa: primero señalar falsos enemigos para canalizar la rabia hacia abajo, hacia quienes menos capacidad tienen para defenderse; después intentan intimidar a quienes se atreven a responder; y si alguien contesta, activan el victimismo.

La lógica es sencilla: insultan para intimidar; si nadie responde, avanzan. Si alguien responde se presentan como víctimas. Así convierten cualquier reacción legítima en una supuesta agresión contra ellos. Quieren poder atacar sin coste y, al mismo tiempo, reservarse el monopolio de la indignación.

Por eso toca contestar. Contestar no significa imitar sus métodos. No hace falta caer en la deshumanización ni en la mentira. No se trata de convertir la política en un concurso de gritos. Pero sí significa abandonar la ingenuidad de pensar que la agresión constante se desactiva siempre con silencio, pedagogía infinita o buenas maneras unilaterales.

Hay momentos en los que callar no pacifica: normaliza. Hay momentos en los que no responder no rebaja la tensión: la desplaza hacia quienes reciben los ataques. Hay momentos en los que pedir calma solo a los insultados equivale a proteger al que insulta.

La convivencia democrática necesita respeto, sí. Pero el respeto no puede ser una obligación exclusiva de quienes defienden derechos, igualdad y pluralismo. No puede exigirse serenidad permanente a quien es atacado mientras se llama “libertad” a la agresión del atacante. No puede haber una vara de medir para quien insulta desde posiciones de poder y otra para quien se defiende.

La extrema derecha ha entendido muy bien el valor político del lenguaje. Por eso degrada palabras, siembra sospechas, repite bulos, construye enemigos y convierte colectivos enteros en dianas. Su objetivo no es ganar una discusión concreta: es desplazar los límites de lo aceptable. Que hoy parezca normal lo que ayer era inaceptable. Que el insulto parezca opinión. Que la intolerancia parezca valentía.

Frente a esta violencia diaria, contestar es una forma de higiene democrática. Contestar es decir que no todo vale. Que una opinión no queda blindada por el simple hecho de pronunciarse a gritos. Que la libertad de expresión no incluye el derecho a no ser criticado. Que quien participa en el debate público debe asumir también la respuesta pública. Que llamar las cosas por su nombre no es censura: es responsabilidad.

La cultura democrática no se defiende solo con Instituciones. También se defiende en la conversación cotidiana, en los medios, en las redes, en los bares, en los parlamentos, en los centros de trabajo. Se defiende cuando alguien dice: basta. Cuando alguien no deja pasar el comentario racista, machista, clasista, homófobo o el simple insulto por pertenecer a un partido político o a un equipo de fútbol. La cultura democrática se defiende cuando se responde al matón verbal que se creía impune.

Naturalmente, quien insulta preferiría llamarlo polarización. Dirá que la culpa es de quienes “crisparon” al contestar. Pedirá moderación después de haber incendiado el terreno. Invocará la libertad que niega a otros. Se pondrá solemne, agraviado, teatralmente herido. Pero no hay democracia sana si solo los agresores tienen derecho al volumen.

Toca contestar a quien insulta. Con firmeza, con argumentos, con memoria y sin pedir permiso. Toca desmontar sus trampas, señalar sus abusos y no aceptar que el respeto sea una mordaza para los de siempre. Porque responder no es rebajarse: a veces es exactamente lo contrario. Es negarse a vivir de rodillas ante quienes han hecho del insulto una forma de poder.