Meloni, cobarde ante la mafia: la hipocresía securitaria de la extrema derecha europea

Parece cuanto menos irrisorio, que Meloni, Tajani y el resto de representantes de los 22 países que firmaron la carta contra España no se miraran primero al espejo y analizasen su presión migratoria y sus propios grupos criminales que migran a terceros países, por ejemplo, España. Hay que ser muy torpe, para no querer ver que el acto llevado a cabo por 50.000 personas fue un acto coordinado por terceros países, y querer venderlo como un efecto llamada por las políticas desarrolladas por España ¿Cómo es posible que 50.000 personas se concentraran a la misma hora y día en el control de acceso y nadie viera ni hiciese nada? Repito, hay que ser muy torpe.

Cuando Meloni convierte a España en una amenaza para la seguridad italiana, conviene invertir la pregunta: ¿Qué riesgos para la seguridad española proceden de ciudadanos italianos ingresados en organizaciones mafiosas que se instalan, se ocultan o desarrollan sus negocios criminales en nuestro territorio?

No hablamos de una hipótesis racial como lo hace Meloni y otros “socios” o “aliados” europeos, ni de una sospecha contra los italianos ni una multitud empobrecida que cruza una frontera. Hablamos de estructuras criminales concretas como la Cosa Nostra, la Camorra o la ‘Ndrangheta que han utilizado y utilizan España como lugar de residencia, refugio, inversión, narcotráfico, blanqueo y conexión con otras conexiones delictivas.

Su libertad de circulación europea no convierte sus actividades en menos extranjeras ni en menos peligrosas. Al contrario, les permite moverse con una visibilidad fronteriza mucho menor que la exigida a cualquier migrante africano o árabe. Pueden llegar en avión, alquilar una vivienda, construir una empresa, comprar una propiedad o abrir cuentas y negocios sin provocar titulares sobre la “invasión” o el “terrorismo”. El peligro no aparece exhausto y mojado en la playa, llega vestido de inversor y acompañado por abogados, testaferros y sociedades mercantiles.

Sirva como ejemplo lo sucedido en 2022, cuando una operación policial llamada “Operación Dragon Ball”, permitió detener en España a 32 personas relacionadas con la ‘Ndrangheta. Según Europol, estaban implicadas en tráfico de drogas a gran escala y blanqueo de capitales. La investigación localizó actividades en Ibiza, Barcelona, Málaga y Tenerife, con inversiones inmobiliarias y estructuras empresariales para introducir dinero ilícito en la economía ilegal.

La presencia mafiosa tampoco se limita al delito financiero. En Granada, la Guardia Civil detuvo en 2024 al hombre de confianza del jefe de un clan de la mafia de Foggia por su participación en el asesinato de un vecino de Alhendín. La investigación atribuyó los disparos al propio jefe del clan, vinculado a una deuda relacionada con drogas. No era una amenaza imaginaria ni una proyección cultural, era violencia mafiosa italiana ejecutada en territorio español.

España también ha servido como base para clanes de la Camorra. Las fuerzas de seguridad españolas han investigado grupos asentados en el país, fugitivos reclamados por Italia y entramados relacionados con el blanqueo, apuestas ilegales, narcotráfico y sociedades instrumentales. En la operación Ingenere fueron detenidos 38 personas por presuntos delitos de juego ilícito, blanqueo y pertenencia a organización criminal vinculada a la Banda della Magliana.

Toda esta criminalidad produce presión real sobre España. No solo introduce cocaína o facilita asesinatos y ajustes de cuentas. También adquiere inmuebles con dinero ilícito, deforma los precios de determinados activos, compite deslealmente con empresas que sí pagan impuestos, crea negocios aparentemente legítimos para blanquear capitales y establecen alianzas con redes españolas, latinoamericanas, balcánicas o norteafricanas.

Cuando el dinero del narcotráfico compra viviendas, hoteles, restaurantes, discotecas, embarcaciones o sociedades, no desaparece el delito, se transforma en poder económico. Esta infiltración les permite ganar influencia, comprar colaboración profesional, financiar nuevas actividades y dificultar la separación entre el mercado legal y la economía criminal.

La economía mafiosa de inmuebles no puede equipararse mecánicamente a toda la presión general sobre la vivienda, pero si puede agravarla en los mercados concretos, especialmente allí donde abundan las operaciones opacas, los compradores interpuestos y los activos de lujo. Una organización que compra para lavar capital no se comporta como una familia que busca una vivienda, puede aceptar precios artificiales porque su objetivo prioritario no es obtener una rentabilidad normal, sino transformar dinero delictivo en patrimonio aparentemente legítimo.

La infiltración también genera competencia desleal. Una empresa financiada con dinero de la droga puede soportar pérdidas, ofrecer precios imposibles para un competidor legal, ocultar trabajadores, defraudar impuestos y utilizar la actividad comercial como cobertura. El empresario honrado no compite entonces contra otro empresario, sino contra una caja financiera alimentada por cocaína, extorsión y fraude.

A ello se suma el poder intimidatorio. La mafia italiana no es una mera asociación dedicada al comercio ilegal. Su modelo se sostiene mediante amenazas, corrupción y violencia. Cuando se instalan en otro país, trasladan también su capacidad para condicionar a empresarios, deudores, testigos y colaboradores.

Por eso la presencia de organizaciones mafiosas extranjeras constituye una amenaza constante para la seguridad nacional española. Afecta a la integridad de las instituciones, al sistema fiscal, al mercado inmobiliario, a la competencia empresarial, a la seguridad ciudadana y a la capacidad del Estado para controlar sectores estratégicos de su economía.

Sin embargo, esa presencia no provoca en Italia discursos sobre una “invasión italiana” en España. Meloni no ordena controles contra sus propios conciudadanos porque varios mafiosos hayan sido detenidos en Ibiza, Barcelona, Málaga o Granada. Tajani no pide perdón por los fugitivos italianos refugiados en la costa española. Ningún dirigente ultraconservador de Europa exige sanciones contra Roma porque la ‘Ndrangheta blanquee beneficios en otros países europeos.

La razón es evidente, el lenguaje de la invasión nunca se ha basado exclusivamente en la peligrosidad. Se basa en la identidad del sujeto al que se quiere convertir en amenaza.

Un menor marroquí sin antecedentes puede ser presentado como un riesgo colectivo solo por cruzar una frontera, mientras que un miembro de una organización mafiosa europea, en cambio, conserva la apariencia respetable del ciudadano comunitario hasta que la policía demuestra sus delitos. Uno llega sin documentación y concentra todas las cámaras, el otro puede llegar con pasaporte, capital, empresas y contactos profesionales, precisamente los instrumentos que le permiten causar un daño mucho mayor.

Esto no significa atribuir criminalidad a los ciudadanos italianos en general. Sería tan absurdo e injusto como identificar a cualquier marroquí con el narcotráfico o a cualquier migrante con la violencia. Significa aplicar a las amenazas reales el mismo interés que la extrema derecha aplica a las amenazas imaginadas.

Si Meloni desea hablar de responsabilidad compartida, debe empezar por reconocer que la libre circulación europea también puede ser explotada por las organizaciones criminales de su país, pero ahí demuestra que es una cobarde. Italia es una víctima histórica de las mafias, pero eso no elimina su responsabilidad de perseguir a los clanes que exportan delincuencia y capital ilícito a sus socios.

España necesita cooperación policial y judicial con Italia, intercambio de inteligencia, persecución patrimonial, control de beneficiarios reales, vigilancia de inversiones inmobiliarias sospechosas y protección frente a la infiltración criminal. Lo que no necesita son lecciones de seguridad de un Gobierno que señala a personas vulnerables mientras guarda silencio cobarde sobre delincuentes capaces de entrar en Europa con pasaporte comunitario, comprar activos y desaparecer dentro de la economía legal.

La verdadera amenaza, aunque lo calle Meloni, no siempre salta una valla. A veces viene en avión acompañada por banqueros y testaferros, asesina con nocturnidad y alevosía, y firma ante notario.