Lorite defiende la subida de tasas en Epremasa: “Si no se toman medidas, la empresa quiebra”

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) de la Diputación de Córdoba aplicará una reducción a las personas más desfavorecidas del 75 por ciento, en lugar del 50 por ciento como se venía haciendo hasta ahora, en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos domésticos.

Tal y como ha explicado el presidente de Epremasa en rueda de prensa, esto conlleva una modificación del texto de la ordenanza provincial reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales de la provincia de Córdoba (BOP 244, de 23 de diciembre de 2020).

El acuerdo para la modificación de esta ordenanza, a propuesta de la portavoz de Vox en la institución provincial y consejera de Epremasa, Yolanda Almagro, fue adoptado en el Consejo de Administración de Epremasa el pasado 7 de noviembre, y en él se incluyen novedades importantes. Por un lado, la posibilidad de que puedan ser beneficiarias de las bonificaciones aquellas personas que tengan la condición, no solo de perceptores de la renta mínima de inserción social, sino de Ingreso Mínimo Vital.

Del mismo modo, podrían beneficiarse los propietarios de algún inmueble (que no sea su vivienda habitual) en un porcentaje igual o inferior al 25 por ciento. Como tercera novedad, se modifica el plazo de ejecución de solicitudes, pasando a ser de tres meses, del 1 de julio al 30 de septiembre, lo que permite tener datos tributarios más actualizados y conceder la ayuda con mayor exactitud en lo que a la aplicación de reducción se refiere.

Finalmente, se establece una bonificación para las empresas de distribución alimentaria y restauración que, con carácter ordinario, colaboren con entidades de economía social. Esta bonificación podrá ser del 25 por ciento.

En relación con estas propuestas, el presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha hecho referencia a que “pese a la situación económica de la empresa provincial, hemos procedido a buscar acciones que conlleven una importante carga de sensibilidad social”.

Según ha puesto de manifiesto Lorite, las propuestas que se han presentado este jueves “irán acompañadas de una inyección de explotación de más de dos millones de euros, una medida que nunca se había realizado hasta el momento”.

“Este equipo de gobierno está actuando con rigor y responsabilidad para evitar una situación insostenible de una empresa que realiza un servicio público básico y de carácter obligatorio para las entidades locales de la provincia”, ha concluido el presidente de Epremasa.

Para finalizar, la portavoz de Vox en la institución provincial y consejera de Epremasa, Yolanda Almagro, ha explicado que “se beneficiarán de la bonificación del 75 por ciento, entre otros, los jubilados o pensionistas, los que tengan la condición de perceptores de la renta mínima de inserción social y el Ingreso Mínimo Vital, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares en las que, al menos, dos de sus miembros en edad de trabajar se encuentren en situación de desempleo”.

Almagro ha insistido en “la sensibilidad social que estamos demostrando con este acuerdo, ayudando a los más desfavorecidos, a los más débiles”.

Por otra parte y en respuesta a preguntas de los periodistas después de que PSOE e IU hayan criticado la subida que pretende aplicar el gobierno del PP en la institución provincial a la tasa de recogida de basura, Lorite ha recalcado que dicho aumento es una “consecuencia de la negligente gestión del PSOE y de IU” en la Diputación por el “no incremento” de las tasas “durante los cinco últimos ejercicios presupuestarios”, incluso “a sabiendas de que venía el impuesto al vertedero”.

En este contexto, el presidente de Epremasa ha afirmado que “no se puede tolerar” que el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, José Antonio Romero, haya calificado de “robo a mano armada” dicha subida y asegure que tanto el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, como el propio Lorite “mienten claramente”. “Hemos actuado desde el rigor” y “desde la responsabilidad”, ha remarcado Lorite, quien ha subrayado que “es el informe económico-financiero” de la empresa el que “da lugar a conocer la situación que tenemos desde el punto de vista económico”, así como a la “propuesta de incremento tarifario”.

El presidente de Epremasa ha detallado que dicho informe señala que “el ejercicio 2023 se cierra con un déficit de más de siete millones de euros y el previsto, si no se hiciese nada, para 2024 sería 9,6 millones de euros”, recalcando que, según el documento, “si no se toman medidas la empresa quiebra” en 2025. Del “agujero económico”, un total de “4,5 millones se deben al 'impuestazo'” al vertedero del Gobierno de España, ha añadido.

Para concluir, el diputado provincial también ha criticado la “escasa” del PSOE e IU al frente de la Diputación y de Epremasa, pues “tenemos inversiones comprometidas con los ayuntamientos desde hace mucho tiempo que se están incumpliendo persistentemente”, algunas de ellas “fundamentales” como los “sistemas de recogida y, en particular, el soterramiento de contenedores”. “En el presupuesto de la empresa para el año 2023 estas inversiones eran de 8,8 millones de euros” y se ha ejecutado “un seis por ciento, en torno a 500.000 euros”.