Tumban la querella de los Maristas contra un funcionario

Vista de los accesos al Castillo Maimón.
La Sección segunda estima que el trabajador de la Gerencia Municipal de Urbanismo veló por los intereses de la ciudad cuando reclamó que no se vallase el camino público de La Palomera

Ni prevaricación ni falsedad documental. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha vuelto a tumbar, en segunda instancia, la querella que presentó en su día el Instituto de los Hermanos Maristas de Enseñanza contra un funcionario de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) al que acusó de haber cometido esos dos delitos cuando inició un expediente sobre la titularidad pública del camino de La Palomera, que esta organización religiosa considera que no es de la ciudad sino de su propiedad. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el funcionario realizó correctamente su trabajo y veló por los intereses de la ciudad.

Para la congregación religiosa no existen pruebas de que el trazado del camino de la Palomera atraviese su propiedad. No solo eso, sino que consideraba que se había cometido un presunto delito de falsedad y otro de prevaricación por parte de un técnico de la Gerencia, el responsable de la Oficina de Patrimonio, para incluirlo dentro de su propiedad y, de esta manera, motivar la paralización del Plan Especial que afecta su dominio. De hecho, la Gerencia inició un expediente de investigación con el objetivo de determinar si el camino de la Palomera es o no público. Ahora, con el cambio de gobierno, la Gerencia ha iniciado los trámites para declarar caducado el expediente.

El asunto ha llevado a declarar a una decena de personas a dependencias judiciales; entre ellos el técnico de Patrimonio, cuatro de Planeamiento, dos de Medio Ambiente y sendos arquitectos por parte de los Maristas, que han discutido sobre la ubicación de la citada vía pública, cuya polémica arrancó el pasado año con una denuncia política de PSOE e IU, que finalmente fue asumida por Urbanismo, que obligó a rectificar el Plan Especial a la congregación.

Para los Maristas, no existían pruebas que acreditasen que ese camino atraviese su finca. Es más, sustentaban su querella contra el funcionario en el hecho de que, presuntamente, se había manipulado un mapa del Instituto Geográfico y Catastral, en el que se había marcado la ruta de ese camino “con pleno conocimiento de causa se ha inventado una nomenclatura nueva”, rezaba el escrito de la querella en el que se explicaba que, a partir de esta presunta falsificación, se sustentaba la paralización del Plan Especial y, por ende, se cometía un presunto delito de prevaricación por parte del funcionario, que en sede judicial defendió su trabajo y el hecho de que ese trazado aparece citado en el inventario de caminos públicos municipales desde 1884.

Los Maristas, además, argumentaban que el funcionario había manipulado un mapa en el que dibujaba el trazo del camino de la Palomera. Los jueces de la Sección Segunda consideran que lo que precisamente hizo el funcionario fue su trabajo y señalar el camino en un documento que aseguraba que había sido manipulado por él precisamente para señalar el lugar en cuestión.

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