Los padres del IES Góngora piden paciencia a sus hijos hasta que el Gobierno balear anuncie si recurre

El grupo de padres de diez alumnos del IES Góngora de Córdoba aislados en Mallorca por el Gobierno de Baleares y que ha denunciado a la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, y la Consejería de Salud balear por supuestamente retener de forma “indebida” a sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver, ha valorado positivamente que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma haya decidido no ratificar el confinamiento forzoso de los jóvenes que hayan dado negativo o a los que no se les ha practicado la prueba, si bien, considera que el paso definitivo para que se produzca la vuelta de los alumnos cordobeses está en que el Gobierno Balear no recurra esta decisión.

El abogado y padre de una de las alumnas del IES Góngora, Luis Espinosa, ha reconocido a Cordópolis que la resolución judicial ha caído como un chorro de alegría entre estos diez jóvenes, que, según denunciaron, fueron conducidos al hotel medicalizado sin figurar en ningún listado de personas que tienen que confinarse por estar asociados al brote. A pesar de este “buen paso”, Espinosa ha indicado que le ha pedido a los menores paciencia, ya que el auto judicial no es firme.

“Mientras haya plazo de recurso, que en este caso es de 15 días, la resolución judicial no es firme y no se puede decir que vayan a salir esta misma noche. Ojalá así fuera”, afirma Espinosa sobre el anuncio de este miércoles.

En este sentido, sí que ve más definitivo la posibilidad de que la salida de los menores se produzca una vez que el Gobierno Balear desista de recurrir el fallo. “Si la consejería manifiesta que no va a recurrir, se allana el camino para que los negativos vuelvan a sus casas y, evidentemente, eso también vale para ellos”, aclara el letrado y padre, que reconoce que “están esperando a ver la respuesta para poder organizar el retorno lo antes posible”.

En este sentido, Espinosa ha comentado que los diez alumnos se están organizando y les ha transmitido que la intención es que “preparen sus maletas para el viaje de vuelta” a Córdoba, aunque no sepa con precisión cuando será.

Además, ha remarcado que “de momento” van a mantener la denuncia presentada por ellos al entender que supuestamente se comete un delito por los funcionarios públicos contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, el artículo 542 del Código Penal, que implica una pena de uno a cuatro años de inhabilitación absoluta para el funcionario que fuese condenado.