El juicio por el crimen de Las Moreras marca la vuelta de la agenda de tribunales en Córdoba

Policía en Moreras tras la reyerta

Septiembre marca el fin de las vacaciones de verano para la mayoría de los mortales y los primeros días se convierten en la vuelta atrás para la vuelta al cole. Niños, estudiantes y universitarios regresan a las aulas y quienes lo hacen también es todo el cuerpo judicial de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que desde septiembre retoma su actividad. Entre los juicios que se celebrarán en los próximos meses, el del crimen de Las Moreras es de los más trascendentes y en el que dos hermanos serán juzgados de homicidio tras una pelea en este barrio de Córdoba.

Pero antes que este juicio, el Juzgado de lo Penal número 4 juzgará, el 7 de septiembre, a un hombre por delito de desobediencia a la autoridad por incumplir hasta nueve veces el confinamiento durante el primer estado de alarma. El joven, al que le piden nueve meses de cárcel, fue interceptado en estas ocasiones tanto por la Policía Local como por Policía Nacional en diferentes zonas de Córdoba como la Plaza de Andalucía, Vallellano, calle San Adolfo, Puente de San Rafael, Avenida Gran Vía Parque y en las calles José Alcaide Irlán, República Argentina y San Juan de Ávila.

Los dos hermanos acusados de homicidio tras la reyerta de Las Moreras, que se saldó con un fallecido, se sentarán en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a partir del 20 de septiembre. Mientras que uno permanece en prisión desde la fecha de los hechos, noviembre de 2018, el segundo acusado de homicidio se encuentra en libertad provisional. Junto a los dos procesados, otras cuatro personas se sentarán en el banquillo acusados de delitos de amenazas y agresiones. El joven fallecido tenía 26 años y tres hijos.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de prisión de 12 años a los dos hermanos por un delito de homicidio; a la tía de los acusados, dos años de prisión por delito de amenazas al padre de la víctima tras el altercado en el callejón; a la madre de los acusados, una pena de dos meses de multa a razón de diez euros al día por un delito leve de lesiones hacia la madre de la víctima; al padre de ésta, tres años de prisión por un delito de lesiones hacia uno de los acusados; y una pena de dos meses de multa a razón de diez euros diarios por un delito leve de lesiones hacia la madre de los acusados.

También el 20 de septiembre, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé juzgar a un hombre acusado de un delito agravado de estafa para el que el Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado realizó con la víctima un contrato de arrendamiento con opción a compra de una vivienda propiedad de sus padres sin que estos supieran nada. la perjudicada entregó al acusado 30.000 euros en concepto de prima de opción a compra y otros 3.000 euros a la inmobiliaria que intermedió en la operación.

Sin embargo, el acusado -apenas dos meses después- intervino en la negociación de compraventa de esta misma vivienda. En esta ocasión, los vendedores sí eran sus padres y el comprador, una tercera persona, ajena a la perjudicada. Tras los trámites oportunos se formalizó el contrato de compraventa el 17 de mayo de 2019. Este hecho hizo que la mujer no haya podido disfrutar de la vivienda y el acusado no le ha devuelto los 30.000 euros entregados, al igual que tampoco ha recuperado los 3.000 euros depositados en la inmobiliaria.

En noviembre, el Juzgado de lo Penal número 4 celebrará el juicio contra un profesor de un centro educativo de Córdoba acusado de un delito de acoso sobre una alumna de 15 años. La Fiscalía le pide ocho meses de prisión y en su escrito dejó constar que el profesor llevó a cabo distintos tocamientos sobre la víctima a la vez que utilizaba una red social para establecer una relación con ella que nada tenía que ver con cuestiones académicas. A consecuencia de los acontecimientos, la menor dejó de ir a clase y sufrió trastorno adaptativo con ansiedad y bajada del estado de ánimo.

Por último, la Sección Segunda de la Audiencia prevé juzgar el 13 de diciembre a un hombre acusado de un delito continuado de estafa por apropiarse de 182.371 euros de su compañero de piso usando su tarjeta de coordenadas. Desde agosto de 2018, el acusado organizó una trama para apoderarse del dinero de la víctima. En primer lugar, el acusado le pidió 3.000 euros para la reserva de un piso que supuestamente iban a comprar a medias en un pueblo de Córdoba, sin ser eso cierto.

Dado que el compañero de piso no disponía de ese dinero en su cuenta personal, el 1 de septiembre de 2018 transfirió ese dinero, en presencial del acusado, desde la cuenta del negocio familiar que regentaba hasta otra cuenta personal de su exclusiva titularidad. Acto seguido realizó el ingreso de los 3.000 euros en la cuenta corriente del acusado. Durante esta operación, el acusado anotó los números clave o coordenadas necesarias para realizar las operaciones, así como el DNI de la víctima.

De ese modo, a partir de ese día y hasta el 13 de abril de 2019, con ánimo de enriquecimiento ilícito, el acusado -sin consentimiento ni conocimiento de su legítimo propietario- utilizó las claves obtenidas fraudulentamente y realizó traspasos desde la cuenta familiar hasta la personal de la víctima. Posteriormente, fue transfiriendo dicho dinero a su cuenta hasta obtener un total de 182.371 euros.

Asimismo, el 1 de septiembre de 2018, y haciendo uso de nuevo de las claves de la víctima, el acusado solicitó un préstamo de 18.200 euros haciéndose pasar por su compañero de piso. La firma del contrato se formalizó el 3 de septiembre y quedó estipulado que la cuantía mensual era de 281,77 euros, que también fue pagándose hasta el mes de abril desde la cuenta de la víctima. El Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de prisión.

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30 de agosto de 2021 - 05:30 h