La Fiscalía de Córdoba investigó 150 casos de viviendas ilegales en 2021, 86 más que en 2020

Parcelaciones vistas desde Medina Azahara en Córdoba, en una imagen de archivo.

Europa Press


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La Fiscalía de Córdoba informa de que durante el año 2021 el numero de diligencias de investigación incoadas por delitos contra la ordenación del territorio con edificaciones ilegales en la provincia asciende a 150, frente a las 64 del año anterior, a lo que agrega que se ha observado un incremento de las sentencias condenatorias, “rompiendo así la tendencia de años anteriores de absolución”, aunque “el problema se ha desplazado a la ejecución de las sentencias, con la demolición”.

Así lo expone el Ministerio Público en su Memoria del pasado ejercicio, consultada por Europa Press, en la que detalla que la mayoría de los procedimientos se refieren a edificaciones ilegales en el término municipal de la capital, pero “también se observa presión urbanística en Cabra, Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba”.

En concreto, señala que estos delitos tienen “una fuerte presencia” en el término de la capital, “porque desde finales de la década de 1970 el crecimiento de Córdoba se ha producido sin respetar el modelo de ciudad compacta mediterránea que contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), creciendo de un modo descontrolado a base de urbanizaciones de escasa calidad, sin equipamientos ni zonas verdes”.

“A veces se ha llegado a construir en zonas inundables, en zonas de peligro extremo de incendio, así indicado en el PGOU, e incluso en los alrededores de la ciudad califal Medina Azahara”, advierte la Fiscalía, que apostilla que “en la ciudad existe un fuerte asociacionismo de los propietarios de viviendas en situación de ilegalidad, que demandan servicios básicos y realizan medidas de presión como manifestaciones, cortes de calles, etc”.

En los delitos contra el medio ambiente, destacan los referidos a la contaminación de ríos por aguas residuales y a los vertidos del residuo de las cooperativas olivareras de la provincia, alpechin, existiendo al respecto varios procedimientos, como uno en Posadas seguido por derribo, traslado, ocupación, desvío y construcción de muros de piedra y otras actuaciones de usurpación de la Cañada Real Soriana.

Al respecto, se ha mantenido una relación directa con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y con la Policía Autonómica en el marco de la campaña de prevención de incendios, a la vez que “se ha oficiado a los titulares de vertederos, susceptibles de causar graves daños al medio ambiente” y “se incluye en las comunicaciones a los cuerpos policiales un nuevo factor de riesgo debido a la proliferación de construcciones en la interfaz urbano forestal”.

Los incendios forestales

En relación con los incendios forestales, el Ministerio Público explica que “constituyen un problema ambiental destacado, debido a la extensión de la provincia y a que un tercio de la superficie es forestal y a la proliferación desordenada de construcciones ilegales que incrementan el riesgo de incendio y perturban la labor de los servicios de extinción”.

En este sentido, apunta que “se ha registrado un número importante de incendios, sobre todo en período estival”, referido a 2021, precisando que “por regla general están relacionados con tareas agrícolas, ámbito en el que se sigue utilizando el fuego sin autorización administrativa y sin el uso de medios preventivos”.

Ante ello, se han tramitado “numerosas” diligencias de investigación que han tenido que ser “archivadas por falta de autor o causa de ignición conocida”. Destacan las diligencias previas seguidas en un Juzgado de Pozoblanco por el incendio de más de 600 hectáreas en una zona de alto valor paisajístico en Alcaracejos el verano de 2021, “con posible origen en un tendido eléctrico por falta de mantenimiento”.

El Patrimonio Histórico

En cuanto a los delitos contra el Patrimonio Histórico, se han incoado 14 procedimientos judiciales, de las que destacan unas diligencias de Montoro relativas al hallazgo de un importante yacimiento íbero que “habría sido expoliado con la extracción de varias figuras de animales de excepcional valor arqueológico”.

Respecto a los delitos contra la flora y fauna, indica que la mayoría se han producido en el contexto de la actividad cinegética, debido al uso de costillas y redes japonesas en el ámbito rural, apuntando que “hay un incremento de los procedimientos” y “es frecuente su tramitación como diligencias urgentes con conformidad de los investigados”.

En cuanto a malos tratos a animales domésticos, comenta que “el número de procedimientos es similar al año anterior” y añade que “fundamentalmente las conductas objeto de denuncias recibidas vienen referidas a maltratos a mascotas o, en el ámbito rural, relacionadas con la falta de condiciones higiénico sanitarias y omisión de cuidados, en perros, rebaños o caballos”.

Entretanto, la Fiscalía detalla que la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo la integran la fiscal delegada y dos fiscales, que “compatibilizan la especialidad con la llevanza de sendos juzgados de Instrucción, guardias y reparto de juicios”, a la vez que “asumen la tramitación íntegra de las diligencias de investigación, la tramitación de procedimientos judiciales, coordinación de juicios, celebración de juicios relevantes y visado de todas las actuaciones de la especialidad”.

Además, “asumen los delitos comunes con conexión a la normativa administrativa de la especialidad”, según precisa el Ministerio Público, que afirma que “los jueces de la provincia han asumido como práctica habitual tras la remisión de la causa concluida la instrucción a la Sección para su pronunciamiento sobre suficiencia o práctica de otras diligencias, lo que supone mayor carga de trabajo, pero también mayor eficacia para el control”.

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