Trabajadores discapacitados del C3A denuncian fraude en su contrato e incumplimiento del convenio

Varios empleados de la empresa Integra, una subcontrata del Grupo Clece -que a su vez es propiedad de ACS, cuyo presidente es Florentino Pérez-, encargada de trabajar con personas con discapacidad, han denunciado un presunto fraude en su contrato y repetidos incumplimientos del convenio en cuanto a descansos en las labores que prestan como auxiliares de atención al público en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A).

Las condiciones que sufren estos trabajadores no son muy distintas a las denunciadas la pasada semana en el Palacio Real de Madrid, donde también presta servicio la misma empresa. Al igual que allí, los denunciantes -que prefieren permanecer en el anonimato por miedo a represalias- se están planteando interponer una denuncia ante la falta de respuesta de Integra, a la que llevan más de un año pidiendo explicaciones sobre por qué fueron seleccionados en un proceso en el que buscaban personal administrativo para después haberles dado de alta en una categoría profesional muy inferior (con un salario inferior también).

“Nos han dado de alta como operarios de obra”, señalan los trabajadores, que adjuntan a este periódico varias comunicaciones con la empresa y con la gerencia del C3A a través de burofax, así como la oferta de trabajo y el pliego de contratación de la Junta de Andalucía que, según señalan, Integra ha incumplido desde que empezó a prestar servicio en marzo de 2018.

Los requisitos que se solicitaban para acceder al puesto eran los siguientes: “Licenciatura o grado de Historia, Historia del Arte o Humanidades. Se valorará Master, postgrado o experto en el campo de la gestión cultural o el arte contemporaneo, cursos de formación de artes. Conocimiento de Idiomas. Ingles nivel superior al B1”. Mientras que las funciones designadas son la “acogida, recepción y atención al visitante. Orientación del público en su visita a las salas. Apoyo al desarrollo de los actos y puesta a punto de las exposiciones”.

La adjudicación a Integra supuso que a estos requisitos se unieran los propios de personas con discapacidad, de modo que, según los denunciantes, les pidieron “al menos un 33%” y “estar apuntados en un fondo de integración de la Seguridad Social”. “Si tú tienes este CV es muy difícil que te tengan que contratar de un fondo de integración social”, apunta una de las empleadas afectadas, que recuerda que al final, dada la dificultad para encontrar personas que cubrieran todas las características demandadas, acabaron bajando los requisitos y los dejaron en “un FP2 y un B1 en inglés”.

Así las cosas, comenzaron a trabajar en el C3A sin haber firmado el contrato. Cuando finalmente lo recibieron, se dieron cuenta de que estaban dados de alta en una categoría profesional muy inferior a la solicitada. Esto también se traduce en el sueldo. Así, los denunciantes apuntan a que “según las tablas salariales vigentes, se deberían cobrar 1.051,84 euros mensuales”, cuando “se les están abonando 645 euros”.

A partir de este descubrimiento comenzaron las reclamaciones a Integra por distintas vías, que, por el momento, no han conducido a ningún acuerdo, si bien solo la mitad de la plantilla -cuatro de los ocho que han sido contratados por Integra- está resuelta a acudir a los tribunales. A este presunto “fraude” se suma que, según los empleados, no se les ha abonado el complemento de festividad de 3,5 euros por hora, ni se les concede un día de descanso por trabajar en festivo; no se respetan los descansos a pesar de que “en ocasiones los trabajadores/ras no descansan entre jornada y jornada 12 horas seguidas”, ni pasan dos horas entre turno y turno cuando tienen jornada partida.

En su respuesta a los escritos de la plantilla, facilitada a este periódico, Integra mantiene que cumplen las exigencias del convenio colectivo “en su totalidad”, mientras que, en lo relativo al grupo profesional, aseguran que éste “resulta adecuado” en atención “a las funciones desempeñadas por estos y al encuadre en cuanto a las exigencias y definición propias del Grupo y Subgrupo profesional al que pertenecen”.

De esta situación se ha informado también a la gerencia del C3A, que en una carta facilitada a este periódico les ha respondido que los trabajos que presta Integra no se han sellado con una concesión administrativa, sino con “un contrato administrativo de servicios”, y que dicho contrato estipula que el personal adscrito “dependerá exclusivamente de la persona contratista”. Así, según la misiva, el servicio que prestan en este centro lo hacen “como trabajadores de la empresa Integra, bajo el poder de organización y dirección de la misma, no existiendo ningún tipo de vinculación laboral con el Centro”.