Los trabajadores del Consorcio de Turismo recurren el acuerdo del Pleno

Una de las últimas reuniones del Consorcio de Turismo | RAFAEL MELLADO

Los trabajadores del Consorcio de Turismo de Córdoba, en proceso de disolución, han decidido recurrir el acuerdo del Pleno del pasado mes de octubre. Así, han presentado un recurso de reposición contra el acuerdo.

A través de una nota de prensa, los empleados denuncian que "a pesar de que el acuerdo se presentó como una solución a todos los problemas, lo acordado recorta derechos a los trabajadores, modifica unilateralmente las relaciones jurídicas existentes entre ellos y la empresa extinguida, y aplaza sin razones objetivas la cesión global de activos y pasivos, modificando los compromisos que los capitulares habían adquirido previamente".

Así, sostienen que su recurso pone de manifiesto "el lío de informes y la falta de orden con la que se llegó a tratar el asunto en determinados departamentos, enfrentándose en ocasiones los unos contra los otros". También plantea que el acuerdo pudo ser sometido de forma apresurada al voto de la Corporación, al objeto de evadir las consecuencias de la entrada en vigor de la ley 40/2015, que venía a simplificar el procedimiento y dar la razón al planteamiento inicial de traspaso acordado para el Consorcio de Turismo y al compromiso que el Pleno de Capitulares adoptara meses atrás, en su acuerdo de 29 de diciembre de 2015.

"Para más inri, los concejales pudieron tomar la decisión final desconociendo la totalidad de informes que elaboraron los técnicos del propio Ayuntamiento. Dichos informes no fueron entregados al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, constituyendo -según apuntara él mismo en sus informes- "una grave irregularidad administrativa", ya que al ocultárselos a él les fueron ocultados consecuentemente a los concejales que debían adoptar la decisión final, en conocimiento de la totalidad de documentación obrante".

"¿Por qué y dónde se perdieron dichos informes?", se preguntan los empleados, que sostienen que "es algo que el procedimiento que ahora se abre deberá esclarecer para depurar las responsabilidades que pudieran derivarse".

"Pero, ¿qué ha pasado realmente en el Consorcio de Turismo?", tratan de explicar los trabajadores en su nota de prensa. Así, detallan que el 29 de diciembre de 2015 el Ayuntamiento acordó en el Pleno salir del Consorcio de Turismo de Córdoba, lo cual provocaba la disolución del mencionado organismo. "Esta disolución daba lugar a dos escenarios distintos: la disolución con liquidación, lo que suponía despedir a todos los trabajadores con su correspondiente indemnización y que el trabajo o parte del mismo se siguiera realizando por los técnicos de la Delegación de Turismo ya que no se podría mantener el mismo nivel por falta de personal, o la disolución sin liquidación, con cesión global de activos y pasivos, de modo que los trabajadores del Consorcio seguirían realizando el trabajo que llevan desarrollando desde hace ya 14 años".

En ese mismo Pleno, el Ayuntamiento acuerda lo que era más razonable: la disolución sin liquidación, ya que la actividad tiene continuidad, como competencia propia que es de las corporaciones locales. A fin de cuentas se trataba de resolver la fórmula jurídica del Consorcio y adaptarla a la nueva ley, y los datos turísticos avalan su gestión.

La cesión global de activos y pasivos había de realizarse a la entidad matriz, es decir al Ayuntamiento (no a un futuro nuevo ente que no existe). En lo que a los trabajadores se refiere, la entidad cesionaria debía respetar la categoría que cada trabajador tiene en el organismo cedente, es decir la categoría de laboral fijo, que quedó acreditada en informes del Secretario del Consorcio y Pleno y en otros documentos que se aprueban año tras año en los órganos ejecutivos del Consorcio compuesto en su mayor parte por representantes del Ayuntamiento.

"Y ¿cuál puede ser el motivo para que se haya torcido el proceso?", insisten en una nota de prensa muy didáctica. En opinión de los trabajadores, el Ayuntamiento no quiere reconocerles los derechos que tienen el resto de trabajadores de Capitulares. "Resulta contradictorio en un gobierno que defiende la igualdad de todos, la justicia y la equiparación de derechos a todos los niveles", exponen. "La plantilla del Consorcio está compuesta al 90% de mujeres, esperemos que no sea esa la razón de no querer reconocer los mismos derechos", -afirman fuentes cercanas a los trabajadores-. "Nosotros ya pasamos procesos de selección: los que en su día previeron los órganos competentes del Consorcio, en los que el Ayuntamiento estaba presente. No se trata de adscribirnos como funcionarios, como han querido vender en la opinión pública y en los medios. Seguiríamos siendo contratos laborales, personal laboral. Pero nuestra condición es fija. Y cuando votaron en diciembre de 2015 ya lo sabían: los informes del Secretario del Pleno eran previos, en los presupuestos anuales está consignado desde hace años el personal fijo de la entidad. En aquella ocasión sí votaron conociendo toda la documentación existente".

Mientras tanto, los trabajadores del Consorcio continúan realizando su trabajo como el primer día "con los recursos que les dan y también con los que les quitan, viéndose criticados y vapuleados en los medios de comunicación y perdiendo parte de sus derechos, cuando no han tenido nada que ver con esta situación tan rocambolesca y nadie les ha preguntado ni la más mínima opinión al respecto", concluyen.

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