Dos investigados por maltratar a 32 perros que fueron acogidos por una protectora en Córdoba
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Granada ha investigado a dos hombres, de 34 y 21 años, por un presunto delito contra los animales por el pésimo estado en el que los agentes del Seprona encontraron a sus 32 perros en un cortijo semiderruido de Cogollos Vega, y también por intrusismo profesional porque a muchos de los canes les habían cortado los rabos y las orejas con fines estéticos no justificados por veterinario alguno. Los 32 perros fueron acogidos por la protectora Galgos del Sur en sus instalaciones de Córdoba.
La Guardia Civil supo de la existencia de una reala de perros esqueléticos y cubiertos de parásitos que malvivían entre las ruinas de un cortijo de Cogollos Vega.
La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza del Destacamento de Sierra Nevada la localizó y encontró a treinta y dos perros galgos en unas condiciones absolutamente deplorables, estaban caquéxicos, es decir, presentaban delgadez extrema, deshidratados, cubiertos de pulgas y garrapatas.
Los agentes del Seprona decomisaron todos los perros e hicieron gestiones con diferentes asociaciones protectoras de animales, hasta que encontraron el apoyo de la asociación protectora de animales Galgos del Sur de Córdoba que se hizo cargo de los treinta y dos animales.
La veterinaria de dicha asociación ha certificado la pérdida de peso corporal, masa muscular y debilidad de los perros; que estaban deshidratados, desnutridos, apáticos, anémicos y tenían cicatrices de heridas antiguas y recientes. Los animales, además, estaban gravemente infectados de ectoparásitos (pulgas y garrapatas), con la piel en pésimo estado por dermatitis, lesiones por decúbito y diarreas líquidas.
La Guardia Civil ha descubierto, además, que a dos de los perros les habían implantado los microchips de dos animales muertos. Tras ello han localizado a los dos propietarios de la rehala, que han reconocido que los perros eran suyos, y estos han sido investigados como presuntos autores de un delito contra los animales, por falsedad documental y por intrusismo profesional.
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