Denuncian que la Junta autorice un grado privado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que le negó a la UCO

Las universidades públicas de Andalucía han vuelto a alzar la voz y, entre ellas, la Universidad de Córdoba (UCO). En un nuevo comunicado conjunto, estas instituciones han mostrado su “firme rechazo” a lo que consideran una estrategia de privatización y mercantilización del derecho a la educación superior por parte del Gobierno andaluz. En el centro de la polémica: la autorización de hasta 34 nuevos títulos universitarios para centros privados como la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.

Desde el ámbito público advierten de que esta política no es inocua. Todo lo contrario: consolida un trato desigual, al tiempo que ahoga progresivamente a las universidades públicas. La crítica se dirige directamente a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a la que acusan de aplicar criterios diferentes según el tipo de institución.

Uno de los casos más significativos afecta directamente a la UCO, que propuso un Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte dentro del nuevo mapa de titulaciones 2025-2029. Su solicitud fue denegada, bajo el argumento de “baja empleabilidad específica”. Sin embargo, ese mismo grado ha sido autorizado a la Universidad CEU Fernando III.

La situación se repite en otras universidades públicas. Las de Granada (UGR) y Jaén recibieron un informe desfavorable para el Grado en Ingeniería Biomédica, mientras que el mismo título sí ha sido aprobado en la Universidad Loyola Andalucía. “Resulta paradójico -señalan desde el comunicado- que los primeros egresados andaluces en una disciplina con alta demanda salgan de una universidad sin trayectoria en Ciencias de la Salud, y no de instituciones con una amplia experiencia en este ámbito”.

Tampoco ha prosperado un programa de doctorado en Arquitectura, coordinado por la Universidad de Sevilla y en colaboración con la UGR y la Universidad de Málaga. Una iniciativa de carácter interuniversitario que también ha sido desestimada.

Más allá de la aprobación de títulos, las universidades públicas denuncian falta de transparencia: mientras se han hecho públicos los resultados de sus solicitudes —incluyendo tasas de éxito y verificación—, se desconoce esa misma información en el caso de las universidades privadas. Una ocultación que, subrayan, “no parece justificada”.

A todo ello se suma el mal funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que lleva meses sin dirección. Esta situación ha provocado retrasos administrativos sin precedentes, como la preinscripción de 800 estudiantes en un grado que luego no ha sido validado, con el consiguiente desconcierto y perjuicio.