Protesta de empleados públicos en Córdoba por su pérdida de poder adquisitivo

Empleados públicos se han concentrado este miércoles convocados por CSIF frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, al igual que en el resto de Andalucía y de España, para denunciar la pérdida de poder adquisitivo del personal público y la falta de negociación sobre sus salarios. A la protesta se han sumado Jupol y Jucil, como organizaciones sindicales más representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

CSIF inicia así un calendario de movilizaciones que tiene previsto continuar con una gran concentración en Sevilla el próximo 22 de junio, “con el objetivo de visibilizar los recortes que este colectivo acumula desde hace más de una década, en la que el personal del sector público ha perdido un 15% de poder adquisitivo”, aseguran a través de una nota de prensa.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, que ha participado en la concentración de Córdoba, explica que “se trata de movilizaciones que se desarrollarán en el conjunto de España y que tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados y empleadas públicas, que arrastran una enorme pérdida de poder adquisitivo desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, por lo que urge negociar una subida salarial”.

Asimismo, el dirigente sindical subraya que “el personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas desde hace más de diez años”, por lo que considera que “necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes”, ante lo que urge al Ministerio de Hacienda y Función Pública a sentarse a negociar.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, Girela alerta sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indican que hay 175.100 temporales en el conjunto de 599.100 asalariados totales del sector público en la región.

En el caso de Córdoba en concreto, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualizados a julio de 2021), hay un total de 47.327 trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas. De ellos, casi el 60% aproximadamente (28.117) pertenecen a la Administración autonómica; el 23,7% (11.237) a las administraciones locales; y el 16,8% (7.973) al sector público del Estado. La temporalidad también se acerca al 30%.

Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF considera que “se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”. En este sentido, Girela critica igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.