CCOO pide que Cruz Roja acate la sentencia que le conmina a aplicar el convenio a sus trabajadores

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha mostrado su esperanza de que la Asamblea de Cruz Roja en Córdoba renuncie a recurrir la sentencia del Juzgado de los Social Nº 4 sobre el conflicto por la aplicación del Convenio Sectorial de Acción e Intervención Social y se avenga a cumplir la sentencia y, por tanto, a aplicar el mencionado convenio en los aspectos que mejoren el de empresa.

El fallo del Juzgado estima parcialmente la demanda sobre conflicto colectivo interpuesta por CCOO y UGT frente a Cruz Roja Española, y declara que “independientemente de las mejoras que puedan introducirse en el Convenio de centro de trabajo, deben respetarse como mínimo de derecho necesario las condiciones salariales (estructura y cuantía) y de trabajo recogidas en el Convenio Colectivo Sectorial de Acción e Intervención Social”.

En concreto, la sentencia apunta que se trata “del respeto a lo establecido estrictamente en el art. 3 del Convenio Sectorial aplicable, que exige que una vez se produzca la pérdida de vigencia del Convenio de ámbito inferior (en nuestro caso, el 31/12/2021) la nueva negociación colectiva debe ajustarse a lo establecido en el Convenio Sectorial que será de directo cumplimiento y obligada observancia en todas las negociaciones colectivas sectoriales y de empresa que durante su vigencia se lleven a cabo en su ámbito funcional. Lo que pretende la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) no es seleccionar la normativa más beneficiosa de un Convenio y otro, sino que en la negociación del nuevo Convenio se incorpore como contenido mínimo imperativo lo fijado por el Convenio Sectorial y así se desprende de las actas de las reuniones de la Comisión Negociadora en las que reiteradas veces se pide que se haga un ajuste a las tablas salariales del sector”.

En cualquier caso, el comité de empresa calcula que la aplicación del convenio de Intervención Social supondrá en la práctica importantes incrementos salariales que pueden oscilar entre los 2.500 y 5.000 euros anuales, según categorías.

El de Córdoba no es el único centro que ha llevado a los tribunales la cuestión de la aplicación del convenio ni esta es la primera sentencia favorable a los trabajadores y trabajadoras.