El PP exige a la Junta incrementar la financiación para los servicios sociales comunitarios

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba María Jesús Botella ha denunciado “la política de parcheo e improvisación del gobierno socialista de Andalucía en política social” y ha pedido incrementar la financiación de los servicios sociales comunitarios en Córdoba.

Botella ha señalado que la Junta distribuye créditos entre los ayuntamientos y diputaciones para financiar refuerzos desde septiembre a diciembre en los servicios sociales comunitarios para gestionar la renta mínima de inserción. “La Junta de Andalucía, en vez de dar una solución definitiva a los servicios sociales comunitarios, incrementando su financiación, apuesta por una política de refuerzos puntuales de personal que no solucionan en absoluto la situación de precariedad ni avanzan en el objetivo de la calidad ni en la mejora de la atención a los usuarios de los servicios sociales comunitarios”, ha dicho en una nota.

La concejal popular considera que “los 99.000 euros que la Junta destina al Ayuntamiento de Córdoba para la contratación de ocho trabajadores sociales desde septiembre a diciembre, es un parche improvisado que no solucionará el colapso de los servicios sociales comunitarios que, desde hace tiempo, necesitan una dotación de personal mayor ya que las competencias que se les atribuye desde la Junta de Andalucía no para de aumentar en los últimos años. De hecho estos refuerzos tal y como dice el titulo de la Orden son para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción”.

“No es razonable que en vez de dimensionar las plantillas de servicios sociales para que puedan desarrollar con garantías de calidad y eficacia todas las competencias que les corresponden, se opte por contrataciones temporales y esporádicas que tampoco es lo deseable desde el punto de vista de los profesionales a los que se les aboca a la precariedad laboral”, ha asegurado Botella.

Si la gestión de la renta mínima de inserción, regulado por Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, le corresponde en parte a los servicios sociales comunitarios, “la solución que se busque tiene que ser permanente y no temporal”.

A todo esto, hay que añadir el hecho de que la publicación de la Orden el 31 de julio, obliga a los Ayuntamientos a preparar las contrataciones de personal durante el mes de agosto, para que estén listos en septiembre, “con las dificultades que esto supone ya que los Ayuntamientos en el mes de Agosto están bajo mínimos de personal”.

Esta Orden de refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción, distribuye fondos a los ayuntamientos de mas de 20.000 habitantes y a las Diputaciones. El total que se distribuirá en la provincia de Córdoba serán 299.683 euros, y esta dificultad para gestionar estos contratos en el mes de Agosto, a la también diputada provincial María Jesús Botella le consta que también la tiene la Diputación Provincial.

“Esperemos que los contratos puedan estar listos para el mes de septiembre y que la Junta de Andalucía, para el 2019, aborde por un aumento definitivo de las plantillas de personal de los servicios sociales comunitarios y prevea la financiación necesaria para ello”, ha concluido María Jesús Botella.