Piden 26 años para los acusados del derrumbe de Palomares

El siniestro causó la muerte de un matrimonio en 2007

La Fiscalía pide un total de 26 años de cárcel para los seis acusados por el derrumbe de una vivienda en la calle Palomares, el 21 de febrero de 2007, que produjo la muerte de un matrimonio. Los acusados formaban parte de la obra que se estaba realizando en un solar contiguo a donde vivían los fallecidos. El escrito de calificación les acusa de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por infracción de normas de seguridad; dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave; dos delitos de lesiones por imprudencia, y un delito de daños por imprudencia grave.

El Ministerio solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 6.750 euros para el promotor; una pena de siete años y seis meses de cárcel y multa de 9.000 euros para el encargado de la obra; una pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 6.750 euros para el arquitecto que redactó el proyecto; una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 6.750 euros para el arquitecto técnico que elaboró el estudio de seguridad; una pena de dos años y once meses de prisión y multa de 3.750 euros para el contratista principal, y una pena de dos años y seis meses de prisión para el maquinista.

El fiscal destaca que la obra, que contaba con los permisos municipales, no tenía aprobado el Estudio de Seguridad y Salud. Este había sido rechazado porque “no indicaba con claridad todos los riesgos laborales que podían ser evitados y no incluía el pliego de condiciones particulares en cuanto a normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas, así como las prescripciones técnicas sobre las características y utilización de todos los equipos y medios materiales existentes en la obra”.

Sin tener el Estudio aprobado, arrancaron los trabajos sobre el solar, con el conocimiento del arquitecto pero “sin que por parte de la empresa promotora se efectuase a la autoridad laboral el preceptivo aviso previo de inicio de los trabajos, ni por la empresa contratista se comunicase la apertura de centro de trabajo a la aludida autoridad”.

Así que los trabajos de excavación comenzaron, pese a los temores manifestados por algunos vecinos, quienes alertaban de la peligrosidad de los mismos, debido a la presencia de un muro junto al que se estaba excavando y al que había que reforzar. La tensión entre el capataz, que no estaba de acuerdo con el procedimiento y el encargado de obra, que quería seguir, fue enorme, como reconoce la arqueóloga que allí hacía su trabajo y que fue testigo de todo lo que ocurría.

Finalmente, los trabajos avanzaron hasta la noche. Según recoge el fiscal, la zanja se quedó abierta y sin refuerzos. Esa noche llovió copiosamente. A la mañana siguiente, cuando dos operarios iban a meterse en la zanja para reanudar las labores, la parte baja del inmueble contiguo se derrumbó y enterró al matrimonio que allí vivía y a su hijo, menor de edad. Él pudo ser rescatado con vida, pero no sus padres. El juicio se ha fijado para el 19 de noviembre.