Noriega termina enterrada por sus propios ladrillos

La empresa de Sánchez-Ramade inicia su liquidación por orden del juez, al no hacer frente a los 1.015,5 millones de deuda

Termina una historia de medio siglo. La constructora Noriega comienza a ser liquidada por orden del juez de lo Mercantil de Córdoba que hace dos años se encargó de la segunda mayor suspensión de pagos de Andalucía -después de Aifos- y el gigantesco concurso voluntario de acreedores que implicaba. La deuda, calculada ahora en 1015,5 millones de euros ha roto el cuello del que fuese buque insignia del grupo de empresas Sánchez-Ramade. Hace solo una semana, el mismo juzgado cerraba para siempre la cadena de tiendas de electrodomésticos Urende, integrada en el mismo 'holding'.

La liquidación se lleva por delante una empresa que comenzó en los sesenta como una nueva división del próspero negocio familiar de Eugenio Sánchez-Ramade. Pero en los últimos años, Noriega se había subido a la ola de la burbuja inmobiliaria sin ningún pudor. Y sobre ella, creció hasta convertirse en una de las empresas líderes en su sector, con delegaciones en Extremadura, Valencia, Madrid y Andalucía. Según informaba Noriega hace dos años, en 2010 ya había entregado más de 14.000 casas a lo largo de su historia. No lo volverá a hacer.

La historia de Noriega no difiere demasiado de la de otras empresas constructoras e inmobiliarias. Pero destaca por su tamaño, su implantación en Andalucía y su prestigio. En los últimos años, Noriega había apostado por las promociones de lujo y alta gama, calculando que no se verían tan afectadas por una crisis que empezaba a dilucidarse en el horizonte. Aquello le obligaba a hacer operaciones financieras cada vez más arriesgadas. Cuando el colapso del ladrillo llega a España, pilla a Noriega en una delicada situación. Pero cuando la burbuja alcanza al sistema financiero, la condena es ya definitiva.

Cuando Noriega pide el concurso de acreedores le persiguen unas 950 subcontratas a las que les adeuda alrededor de 68 millones de euros. No es lo peor. El resto del dinero -hasta sumar, entonces, 1162 millones de euros en números rojos- se los debe a las entidades financieras que le dieron crédito para sus aventuras inmobiliarias. Estas son las primeras que van a cobrar, según la orden del juez. Como afrontar los 1.015,5 millones que restan es imposible, la firma va a ser liquidada y troceada, repartiendo los activos de la misma para saciar a los acreedores.