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Una luz al final del túnel del desahucio

José Antonio con dos de sus hijas. | FOTO : MADERO CUBERO

Manuel J. Albert

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Centenares de familias cordobesas como la de José Antonio Ruiz, cuyo desalojo se frenó en enero, tienen sus esperanzas puestas en el decreto de la consejería de Vivienda

Una regla del periodismo dice que no hay que adjetivar las historias que no lo necesitan. Esta no lo necesita. José Antonio Ruiz y su mujer dejaron de pagar su piso hace 18 meses. Para entonces, cada mes la hipoteca se llevaba casi 700 de los 1.100 euros de paga de pensionista de José Antonio. La casa la compraron en tiempos mejores, claro. Pero las estrecheces llegaron también por las necesidades de sus hijos, en paro. Por suerte, dos de ellos ya están emancipados y viven en sus casas en propiedad y pagadas. Pero no tienen más y al padre no le ha quedado otra que ayudar económicamente a sus hijos. “hay que pagar la luz, el agua, la comida...”, nos cuenta.

Este verano, a su esposa le salió un trabajo de tres meses en la Costa del Sol. No lo dudó. “Tres meses de paga nos podía venir muy bien a todos”, explica José Antonio. Pero ya en Málaga, a su pareja le detectaron un cáncer de pulmón. Atendida en el hospital Carlos Haya, la mujer pasó siete meses de tratamiento y quimioterapia, viviendo con su marido en un hostal. Más gastos. Y cuando regresaron a su casa en Córdoba, la encontraron asolada. “Habían entrado a robar y se lo habían llevado todo. No teníamos nada, ni muebles ni nada”. Bueno, algo sí tenían, una orden de desahucio para el día 24 de enero.

Contactaron con Stop Desahucios. El colectivo de apoyo logró parar el desalojo tras contactar con La Caixa, la entidad financiera. Pero hicieron mucho más. “Somos como una gran familia. Entre todos me ayudaron a arreglar mi casa, poner muebles, pintar. Ya casi la tenemos como antes”, agradece.

Y aunque sabe que cualquier día puede ser el último, José Antonio mantiene el ánimo. Más todavía cuando se le pregunta por el decreto de la Junta por el que se expropiarán viviendas a los bancos para impedir que los desahuciados se queden en la calle, multando hasta con 9.000 euros las viviendas vacías de las entidades financiera, además de otorgar unas moratorias, según el caso de los afectados, para poder seguir viviendo en sus casa. “Tenemos que estudiarlo, tenemos que estudiarlo. Pero es como si alguien hubiese encendido una luz al final del túnel, desde luego”, termina José Antonio.

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