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Conseguir ser refugiado en Córdoba: ni tan fácil, ni tan rápido

Mohamed y Buknari en la sede de Córdoba Acoge

Alejandra Luque

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En 2006, Córdoba apenas registró 15 solicitudes de asilo. En 2023, la cifra ascendió a 1.544; un aumento del 10.193,3%. La mayoría de ellas las pidieron colombianos, venezolanos, nicaraguenses y pakistaníes. Pero, ¿cuántos refugiados hay en Córdoba? ¿Qué porcentaje de solicitudes son denegadas y admitidas? ¿Cuánto tiempo medio esperan hasta que estas se resuelven?

En el momento de escribir estas líneas ha sido imposible poder esbozar un mapa del refugiado que vive en Córdoba, así como un perfil sociodemográfico sobre este colectivo. Las asociaciones que trabajan con estas personas, que huyen de sus países por un motivo un otro, solo pueden ofrecer datos de los solicitantes de asilo a los que ayudan hasta que su petición es resuelta o hasta que se les acaba el plazo máximo de 18 meses dentro del sistema de acogida temporal.

Este jueves, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas; aquéllas que en los últimos años tanto víctimas de los bulos como de la artillería pesada de la extrema derecha. Y junto a todo ese racismo sobre el que se sustenta esa maraña de desinformación que se propaga, también ha florecido el racismo selectivo tras la guerra en Ucrania. Los miles de ucranianos que han huido tras el conflicto en su país han sido recibidos por España con los brazos abiertos, mientras que en “la valla de Melilla”, por ejemplo, estas mismas personas, pero procedentes de otros lugares, “reciben golpes, gases lacrimógenos y devoluciones en caliente”. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional, para quien el conflicto ucraniano puso sobre la mesa “el doble rasero de la política migratoria”.

Esta misma tesis sostienen organizaciones de Córdoba como Córdoba Acoge, la Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba (APIC), la Asociación Provivienda y Accem, tras una entrevista con Cordópolis. Sus portavoces lamentan el trato desigual que reciben los solicitantes de asilo que no proceden de Ucrania. De hecho, la guerra en este país del Este llevó a España a crear una “protección temporal” para los ucranianos que huían. Según datos del Ministerio del Interior, durante 2023, el 12% de las resoluciones de protección internacional fueron favorables, es decir, unas 11.000. En este mismo año, un total de 33.928 personas desplazadas por la guerra en Ucrania recibieron protección temporal. Desde que en marzo de 2022 se activara este mecanismo de protección, España ha concedido protección temporal a más de 200.000 ciudadanos/as procedentes de Ucrania, según estima Accem en base a datos de Interior.

Mientras que las solicitudes son resueltas -o no-, estas personas son acogidas por centros dispuestos para ello. Si pasados esos 18 meses no obtienen respuesta, deben abandonar el centro. Si tienen redes de contacto, quizás tenga un techo donde dormir. Si no, acaban en situación de calle. En estos momentos, estas asociaciones tienen todas sus 189 plazas llenas.

En el Arroyo de San Lorenzo, desde hace más de un año, Córdoba Acoge da esperanza a jóvenes y hombres que son derivados a su centro de acogida. En este mismo barrio, la asociación cuenta con otro centro y un piso en los que son acogidos familias con niños y personas con problemas de salud mental. Hace apenas cuatro meses que Buknari llegó de Somalia. Tiene 19 años, pero su proceso migratorio empezó cuando era menor de edad.

Huyó de su país por cuestiones políticas y ser perseguido, no sin antes someterse a trabajos forzosos para conseguir recursos económicos con los que poder llegar a España. Toda su familia se encuentra en Somalia, a donde él nunca volverá. Si le es reconocida la condición de refugiado -en el caso de Somalia, se suele dar asilo por cuestiones políticas, señala la psicóloga de la asociación, Alba Aguilar-, jamás podrá regresar a su país.

Buknari estará en el centro de Córdoba Acoge un máximo de 18 meses, ya que se encuentra inmerso en la primera fase del Sistema Estatal de Acogida. Durante este tiempo, esta entidad le facilita alojamiento, atención social, apoyo psicológico, ayudas para formación y clases de idioma, y apoyo en la búsqueda de empleo. Cuando llegó a España fue derivado a Córdoba porque fue el lugar donde había plazas disponibles. Esta moneda echada al aire llega a provocar la separación física de las parejas, como es uno de los casos con los que actualmente está trabajando la asociación. Mientras que ella ha sido derivada a Córdoba, él, a Jaén.

Actualmente, esta asociación acoge en este centro a 34 jóvenes y hombres, y tiene otras seis plazas distribuidas para atender a solicitantes de asilo con problemas de salud mental y 22 para familias. Las edades de quienes viven en El patio, 19 -tal y como la entidad ha apodado a este centro- oscilan entre los 18 y los 60 años. En su mayoría son senegaleses, malienses y somalíes. Quienes acaban en centro de este tipo son personas sin recursos económicos y sin redes de apoyo o familiares con los que poder vivir mientras se soluciona su proceso administrativo, como le ocurre a Buknari.

Tras su llegada a Córdoba, los solicitantes deben pedir una cita en Extranjería para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional. Aquí obtienen lo que se denomina “el papel blanco”, que les da la posibilidad de solicitar una plaza de acogida, les protege frente a una expulsión y les permite estar identificado antes las autoridades. Ese “papel blanco”, asimismo, autoriza al solicitante a trabajar en España a partir del sexto mes de su emisión y debe ser renovada cada nueve meses mientras se resuelve la solicitud de asilo.

En este primer acto se le emplaza a una segunda cita para formalizar la solicitud a través de una entrevista en la Comisaría de Policía. Es aquí cuando estas personas entran en una espera que se eterniza en el tiempo dada las pocas citas que se ponen a disposición de los solicitantes. Mientras que esperan a esta segunda entrevista, estas personas pasan los 18 meses en centros como el de Córdoba Acoge, recibiendo una asistencia integral, aunque las barreras que deben sortear en el camino son aún más numerosas. Esta primera, la administrativa, deja en evidencia el colapso del sistema y “las preferencias por nacionalidades”, aseguran estas organizaciones. “En este centro hemos tenido solicitantes de asilo a quienes se les ha cumplido el plazo de 18 meses y no han obtenido respuesta. Sin embargo, personas ucranianas apenas han estado 24 horas”, lamentan.

La segunda barrera es la idiomática. Para ello, los solicitantes de asilo reciben clases de español, una verdadera herramienta para que, por ejemplo, puedan acceder a cursos formativos con vistas a poder trabajar. Estas personas siempre tienen las miras puestas en conseguir un empleo, señalan desde la asociación. La tercera barrera está en la creación y gestión de lazos de contacto; poder hacer amigos con los que relacionarse, un paso muy difícil para ellos. “Estos jóvenes no disfrutan del ocio que pueden tener los chicos de su edad, que van al cine, por ejemplo. Eso requiere una capacidad económica que no tienen”.

Otra barrera la encuentran también en el sistema sanitario. “Hay mucho desconocimiento, por ejemplo, sobre la mutilación genital femenina y a Córdoba Acoge llegan chicas que han sufrido eso. Ocurre lo mismo con aquellas personas que han dado positivo en Mantoux”, apunta Julia Elvira Peinado Troyano, técnico de inserción laboral en la asociación. Se trata de una enfermedad parecida a la tuberculosis, pero en Somalia, “y de la que puedes dar positivo si la tienes, si has estado en contacto con alguien infectado o si te has vacunado”. Desde Córdoba Acoge denuncian la existencia de personal sanitario que, por ejemplo, rechaza atender a aquellos jóvenes y hombres que han dado positivo en esta enfermedad.

Mohamed es natural de Senegal y llegó a Córdoba hace poco más de un año, también por razones políticas, tras una travesía en cayuco donde no todas las personas que se montaron en aquel bote llegaron a tierra firme. Se está formando en sectores com la carpintería, la pintura y el mantenimiento de edificios, y no puede disimular su enorme sonrisa al preguntarle cómo se ve en un futuro. “Trabajando como mecánico aquí en Córdoba”, responde esperanzado quien quiere construir su vida en esta ciudad mientras su familia, con quien no tiene contacto, continúa en Senegal.

Si Mohamed y Buknari consiguen que les sea concedida su condición de refugiados, podrán acceder a la tercera y última fase del Sistema Estatal de Acogida, la de autonomía y facilitación para conseguir una vivienda de alquiler. Aquí se vuelven a abrir las dificultades, aseguran desde Córdoba Acoge, ya que las posibilidades de que algún propietario alquile vivienda a personas refugiadas “son mínimas”, apunta Jesús María Aranda López, otro técnico de esta entidad. Si adquieren este reconocimiento por razones humanitarias, deberán renovarlo cada año. Si lo consiguen por motivos políticos, el plazo de renovación aumenta hasta los cinco años.

Para concienciar sobre la realidad que viven decenas de refugiados, Córdoba Acoge, la Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba (APIC), la Asociación Provivienda y Accem han organizado para este jueves un flash-mob que partirá a las 10:00 del Bulevar del Gran Capitán. Lo protagonizarán los propios solicitantes de asilo, que bailarán y cantarán también en Las Tendillas y finalizarán en La Corredera.

Cruz Roja, otra entidad en Córdoba que atiende a solicitantes de asilo

Cruz Roja es otra entidad que en Córdoba atiende a solicitantes de asilo y a refugiados. Así, la entidad acoge a día de hoy en la provincia a 119 personas que esperan la resolución de su solicitud de asilo. Están repartidas entre la capital (47) y Puente Genil (72), y el perfil es muy diverso, aunque las nacionalidades mayoritarias son Marruecos, Senegal, Mali, Venezuela y Colombia. Entre ellos, hay además muchos menores, como demuestra el dato de los 27 que actualmente están acogidos en los centros de Cruz Roja.

Además de esas 119 personas, otras seis ya han conseguido su condición de refugiado, por lo que han pasado a la última fase del Sistema Estatal de Acogida. De este modo, viven ya en pisos y reciben ayudas económicas para el alquiler y otras necesidades básicas por parte de la organización. De esas seis, todas son de nacionalidad ucraniana: tres habitan en la capital y las tres restantes, en Lucena.

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