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Un nuevo sondeo en el cementerio de San Rafael buscará dos fosas con cientos de represaliados

Catas realizadas en el cementerio de San Rafael en 2020 | ÁLEX GALLEGOS

Carmen Reina

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El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto acometer próximamente un nuevo sondeo para localizar dos grandes fosas comunes de personas represaliadas por el franquismo que, según los estudios previos, se encontrarían en una zona ajardinada del cementerio de San Rafael de la capital. Los testimonios orales, la documentación histórica, fotografías y los archivos apuntan a que allí podrían hallarse varios cientos de fusilados desde finales de 1939 hasta mediados de los años 40.

La sospecha de estas grandes fosas comunes se expuso por parte del equipo de investigación que llevó a cabo en 2020 unas primeras catas en el cementerio de San Rafael. Si bien esos trabajos solo hallaron enterramientos normalizados y no de represaliados, todos los indicios que obran en poder del equipo de historiadores, arqueólogos y antropólogos de la empresa Aranzadi que lo llevó a cabo, apuntaban a la existencia de dos grandes fosas donde yacen los fusilados. Y en las conclusiones de aquellas primeras catas se aconsejaba realizar un nuevo sondeo. Ese será el que se licite en febrero y se adjudique para comenzar los trabajos en el mes de marzo, según los cálculos del Ayuntamiento. Todo el trabajo y el informe deben quedar concluidos en mayo y certificado así ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que financia este nuevo sondeo, según han confirmado distintas fuentes consultadas.

Los trabajos se ubicarán en un espacio verde del camposanto, en la zona denominada como cementerio civil. “La zona de enterramiento estudiada, cementerio civil o cuadro único, del cementerio de San Rafael de Córdoba, es sin lugar a dudas un espacio de enterramiento de personas represaliadas. Tenemos varias certezas, la primera son las fechas extremas de dichas inhumaciones, en cuanto a personas represaliadas se refiere, que abarcan desde el último trimestre de 1939 hasta bien entrado 1944”, se expone en el informe de la intervención arqueológica y estudio histórico de las fosas del cementerio de San Rafael de Córdoba que se hizo entre noviembre y diciembre de 2020, consultado por Cordópolis.

Fosas bajo una zona verde

Los expertos consideran que “existe una elevada posibilidad de hallar con un índice respetable de conservación un gran porcentaje de ambas fosas bajo esta zona verde y sus acerados perimetrales”. Se trataría de dos fosas: una primera con enterramientos de represaliados desde finales de 1939 y 1940, donde podrían encontrarse a personas condenadas a muerte por tribunales militares y quienes fallecieron siendo prisioneros en la cárcel. Mientras, en una segunda fosa, yacerían más personas represaliadas -según se cree-, a mediados de la década de los años 40.

El modo de proceder en esos años con los enterramientos en fosas comunes queda también al descubierto según el estudio histórico, que explica cómo una fosa de colmataba de cadáveres, se tapaba y, a continuación, se abría una nueva fosa para actuar de la misma forma.

Todos los estudios realizados calculan que, en el cementerio de San Rafael y el de La Salud, yacen más de 4.000 víctimas del golpe de 1936 y la represión franquista. Más de la mitad de esas personas están identificadas con nombres y apellidos, gracias al estudio documental, archivos y libros de enterramiento de ambos camposantos. En La Salud, recientemente se ha confirmado con otro sondeo el hallazgo de una gran fosa de represaliados de 1936. Y, ahora, este nuevo sondeo que se espera que pueda inciarse en marzo, pretende hallar dos grandes fosas comunes en el cementerio de San Rafael.

Con esos hallazgos se trabajará posteriormente para adecuar el proyecto de excavación y exhumación de todas las personas represalidas que están enterradas en ambos cementerios de Córdoba, proyecto rubricado por las cuatro administraciones -Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de la capital- y que cuenta ya con la financiación comprometida por todas las instituciones (400.000 euros cada una), tras su rúbrica a finales de diciembre del convenio entre todas las partes parallevar a cabo estos trabajos.

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