Exámenes de conducir, la parada del Parque Joyero, sanidad o empadronamientos “ilegales”, mociones del próximo Pleno

Este lunes, los diferentes partidos del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba han dado a conocer el contenido de las mociones que debatirán el próximo jueves, durante la sesión ordinaria del mes de septiembre.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado de que su grupo llevará al Pleno del jueves de esta semana cuatro mociones sobre el apeadero del Parque Joyero, una petición al Gobierno sobre las ayudas a los propietarios y cuidadores de los patios y de actividades del Mayo Festivo, los retrasos en los exámenes de conducir y la defensa del sistema de financiación estatal “solidario”.

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado sobre el apeadero que “al saber que no hay noticias de esa infraestructura, de que el Ministerio de Transportes esté dispuesto a abordarla, desde el Consistorio se asume la cuota de responsabilidad”, después de que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) está “funcionando bien y necesita el apeadero”.

Así, ha defendido que “el Ayuntamiento está dispuesto a arrimar el hombro y poner los recursos necesarios para que el apeadero sea una realidad, asumiéndolo con fondos propios, pero a cambio necesitamos tener la garantía de que haya una parada y unos trenes con unos horarios ajustados a las necesidades del Parque Joyero”, a la vez que “se construya otro apeadero previsto en el entorno del barrio de Fatima”.

En la segunda moción, los populares reiteran una petición que ya se hizo en el año 2022, “pero que todavía no se ha visto atendida y que influye muy negativamente en las posibilidades de los cuidadores de los patios y de los receptores de los premios por las tradiciones de Córdoba en general que le computan a efectos de renta los premios, con lo cual no pueden optar a alguna ayuda, por ejemplo, becas de estudio”.

El edil cree que “es una situación injusta” y que “no tiene nada que ver recibir una subvención o un premio por cuidar un patio o por realizar algún otro tipo de actividad en el Mayo Festivo y que eso influye negativamente a la hora de acceder a otro tipo de ayudas”, de modo que reiteran la petición al Gobierno de España “para que lo corrija”.

En tercer lugar, presentan una moción “en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las comunidades y ciudades autónomas”, porque “no queremos que ningún cordobés, ni ningún andaluz reciba menos que, por ejemplo, un catalán por el mero hecho de ser cordobeses o andaluces”, ha manifestado.

Y también van a llevar otra moción para instar al Gobierno central a que “habilite las medidas para paliar los retrasos que se dan en los exámenes de conducir”, dado que, “según el presidente de Autoescuelas de Córdoba, Rafael Cruz, ya van 5.000 alumnos que todavía no han podido examinarse en su fecha que les correspondía del examen de conducir, con el perjuicio tan grave que eso conlleva”, por lo que considera que “debe ser un asunto que debe corregirse”.

Debate del estado de la ciudad

Igualmente, en la Junta de Portavoces se ha acordado que se celebrará el debate del Estado de la Ciudad el día 3 de octubre, al tiempo que ha habido “un acuerdo unánime de todos los portavoces” para dar el nombre de una calle, “cuando se cumplan los trámites correspondientes”, al recientemente fallecido Alberto Rosales, “presidente de Hostecor y fundador también de una importante cadena de establecimientos de restauración familiares, con una solera en la ciudad indiscutible”, ha apuntado el concejal.

Además, ha puntualizado que “eso no quita que haya otros nombres que se irán viendo cómo tratarlos y también darles respuesta al merecido reconocimiento a través del nombre de una calle, que se irán tratando fundamentalmente en el seno de la Gerencia de Urbanismo en los próximos días”.

“Desastre” de la sanidad pública andaluza

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha avanzado este lunes que su grupo municipal llevará al Pleno esta semana “el desastre de la sanidad pública en manos del Gobierno del PP-A”, a la vez que exigirá al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, “que pida perdón por publicitar la apertura de una clínica privada en Córdoba, de la que él mismo se ha reconocido como cliente, que no paciente”.

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha explicado que “uno de cada cuatro andaluces tiene un seguro privado ante la falta de atención que ha tenido en la sanidad pública, por la espera de meses y meses para recibir una operación o ser atendido por un especialista, o más de 15 días para que le vea su médico de cabecera”.

“Dice el Partido Popular que esto es así por falta de financiación, que no tienen más capacidad, pero es falso porque en el año 2023 han dejado de gastar en sanidad pública 4.500 millones de euros”, según ha reprochado el edil socialista, quien ha afirmado que la sanidad pública andaluza “tiene un grave problema de personal, que la moción pondrá sobre la mesa”.

Así, según ha criticado, “en los últimos cuatro años” el Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Juanma Moreno, 2ha despedido a 18.000 profesionales, entre médicos, enfermeras, fisioterapeutas, celadores o administrativos. Estamos hablando de que el pasado mayo despidió a 7.000 sanitarios, pero luego se quejan de que no hay médicos para contratar, cuando son ellos los que los echan a la calle“.

Junto a ello, Romero ha lamentado que “el plan de verano del SAS ha cerrado muchos centros rurales, como por ejemplo en Guadalcázar, donde se ha reducido a la mitad el horario de atención médica, a sólo dos horas al día, y luego ese doctor se tenía que ir a Fuente Palmera, porque no se habían cubierto las bajas”.

De hecho, entre los problemas que recoge la moción socialista está el de que “no se cubren las bajas por jubilaciones”, mientras que “el plan de choque para reducir las listas anunciado por la consejera, con 120 millones de euros para la sanidad privada, no sirve para nada, porque se desvía dinero pero sigue creciendo la lista de espera, lo que demuestra que lo único que se hace es malgastar el dinero, costándole a la comunidad andaluza mucho más el gasto sanitario privado que en la pública”.

Además, según ha asegurado Romero, “en el Distrito Sanitario de Córdoba pagan a los altos cargos productividades a cambio de reducir las contrataciones de profesionales, a cambio de reducir el gasto en Farmacia al SAS, a cambio de ralentizar las desviaciones a especialistas, y eso no se puede permitir, porque está afectando a la salud de los ciudadanos de Córdoba”.

Por eso, según ha opinado, “el alcalde de Córdoba debe de levantar la voz ante esa situación, pero lo que hace, en cambio, es anunciar clínicas privadas de fisioterapia llegadas de fuera, de las que habla que ha sido cliente, por cierto, no paciente, y que la recomienda a los cordobeses, cual comercial que está contratado a cambio de objetivos por cliente”.

Por todo ello, la moción socialista pide que se inste a la Junta de Andalucía a “que vuelva a recontratar a los 7.000 sanitarios despedidos, que los 120 millones de euros que se van a dedicar al plan de choque en la privada vayan a la pública para revertir la situación, que se prohíba la productividad que los altos cargos del Distrito Sanitario de Córdoba perciben por ahorrar contrataciones de personal, y que se sustituyan al 100% las vacantes, bajas y las jubilaciones del personal”.

También reclaman desde el PSOE con su moción “que se ponga en marcha un Consejo de la Salud, que tienen paralizado y que funcionaba perfectamente cuando gobernaba el PSOE, y que se democratice la elección de los altos cargos y dejar que los sanitarios elijan a sus dirigentes, para que no ocurra lo que está ocurriendo”.

Hacemos pide proteger el mobiliario urbano

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa reclamará en el próximo Pleno al alcalde, el popular José María Bellido, “la puesta en marcha de una campaña de concienciación sobre la importancia de conservar y mantener el mobiliario urbano, así como el patrimonio de la ciudad”.

Esta iniciativa, según ha explicado en una nota el viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Consitorio, José Carlos Ruiz, responde a la “creciente preocupación por la inacción del equipo de gobierno del PP ante problemas graves como la quema de contenedores, que continúa afectando a diversas zonas de Córdoba”.

En este sentido, Ruiz ha recordado que desde Hacemos Córdoba se ha “condenando y denunciado en repetidas ocasiones la falta de actuación del alcalde y su equipo ante estos actos vandálicos, que no solo suponen un deterioro del mobiliario urbano, sino que representan un riesgo significativo para la seguridad de la ciudadanía”, pues “muchos de los contenedores incendiados se encuentran cerca de viviendas, lo que agrava aún más la situación, poniendo en peligro tanto a las personas como a sus propiedades”.

Por eso, Ruiz ha exigido que el alcalde “tome cartas en el asunto y deje de lado las campañas de marketing para centrarse en trabajar por y para Córdoba”, dado que “este no es un problema menor, ya que los actos de quema de contenedores supone un gran gasto anual para el Ayuntamiento, derivado de la necesidad constante de repararlos o sustituirlos”.

Para el viceportavoz municipal de Hacemos Córdoba, “la falta de respuesta efectiva no solo afecta a los vecinos, sino también a las arcas municipales, que deben hacer frente a costes que podrían evitarse con medidas de prevención y concienciación”, de ahí que la coalición de izquierdas proponga una campaña que “se enfoque en la concienciación de la ciudadanía sobre el valor y coste de mantener el mobiliario público en buen estado, como los contenedores, papeleras, plazas y parques”.

“Es fundamental que los cordobeses tomen conciencia de lo que cuesta a la Administración la reparación y renovación de estos elementos, y de la importancia de proyectar una imagen positiva de nuestra ciudad para quienes la visitan y para quienes vivimos aquí”, considerando Ruiz que es “esencial” que empresas y áreas municipales, como Sadeco, Patrimonio, Infraestructuras o Presidencia se involucren en esta campaña.

La misma “incluiría acciones en redes sociales y publicidad, con el objetivo de fomentar el cuidado de los espacios públicos, la reducción de los actos vandálicos y la protección de la seguridad ciudadana”, lo cual es clave para Ruiz, pues “solo a través de un esfuerzo conjunto será posible mantener una ciudad limpia, segura y atractiva, tanto para sus habitantes, como para los visitantes”.

Vox pide abordar empadronamientos “ilegales”

El concejal y viceportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Saco, ha anunciado este lunes la moción que su grupo llevará al Pleno del jueves relacionada con “trabajar en medidas para abordar los empadronamientos ilegales y la inmigración ilegal en Córdoba”.

En una nota, Saco ha dicho que “en los últimos años España se ha enfrentado a una llegada masiva de inmigración ilegal promovida por las diferentes políticas de gobiernos nacionales, autonómicos y municipales, generando un efecto llamada que va en aumento”, algo que, a su juicio, “ha traído consigo delincuencia importada en los barrios”, por lo que “Córdoba no es ajena a este fenómeno”, ha defendido.

Además, según el viceportavoz municipal, “la situación se ha vuelto más delicada debido al reciente conflicto en Oriente Medio, llevando a países europeos a elevar sus niveles de seguridad, ya que, según Jupol, en España actualmente hay 300 de estos individuos”.

El concejal de Vox ha señalado que la moción recoge que “se inste al gobierno municipal a cumplir con la Ley y mantenga actualizado el padrón municipal, de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad”, así como “realizar inspecciones periódicas en colaboración con las autoridades para verificar la veracidad de la información y de los empadronamientos”.

Entre los puntos de la moción se apunta también “la necesidad de trabajar en colaboración con otras instituciones para coordinar esfuerzos en la detección y prevención de empadronamientos ilegales y establecer canales de denuncia anónima”.

Además, ha citado que “de confirmarse estos empadronamientos actuarán de acuerdo a la legislación vigente tomando las medidas necesarias y suspendiendo de forma inmediata cualquier tipo de ayuda social, en particular la renta básica u otras similares, a las personas que se encuentren en territorio nacional ilegalmente o hayan ingresado a través de esta vía”.