CTA advierte de la falta de aire acondicionado en el Centro Cívico Fuensanta
El sindicato CTA ha advertido este viernes de la situación que se da en el Centro Cívico Fuensanta de Córdoba ante la falta de aire acondicionado, “roto desde hace años”, de modo que “a veces funciona y otras no”, a la vez que se han registrado distintos sucesos, como “un infarto” a un usuario y “un golpe de calor” a una empleada.
Según ha expuesto CTA en una nota, “actualmente están prácticamente sin servicios públicos en el centro cívico, porque no se puede estar dadas las temperaturas”, de manera que “sólo están los ordenanzas y una administrativa de Participación”, después de que “Registro se ha trasladado hasta mediados de septiembre a Lepanto”.
Al respecto, el sindicato ha señalado que “la única solución dada por el Ayuntamiento ha sido desplazar a los trabajadores al estadio del Arcángel y desde allí no pueden atender físicamente a los usuarios, que deben desplazarse hasta el Arcángel para ser atendidos y muchos de estos ciudadanos no pueden desplazarse por falta de medios”.
En otro comunicado, CTA ha criticado “la intención de privatizar el servicio que prestan los ordenanzas en los centros cívicos”, porque “serían sustituidos por personal con discapacidad”, de ahí que haya reivindicado “el derecho de los ordenanzas a seguir en sus correspondientes puestos”.
Igualmente, han pedido que “se articulen los mecanismos necesarios para contratar trabajadores, como llamar de las listas de aprobados para cubrirlo con personal interino para sustituciones o convocar plazas para personal interino, como se ha hecho en la Oficina de Atención Ciudadana para Informadores Gestores, en la Oficina de Atención tributaria para Informadores tributarios, en el Zoológico más recientemente o para TAG, en la Gerencia Municipal de Urbanismo”.
En cuanto a la cuestión de “darle cabida a una empresa privada para personas con discapacidad”, consideran que “debe realizarse por un procedimiento de licitación pública con respecto a la legalidad vigente y según establece la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y no por decisiones personales y arbitrarias por miembros de la Corporación, como ya se intentó en el año 2022 con el servicio de porterías de colegios”, han comentado desde CTA.
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