Vivienda

El convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Sareb para alquileres sociales caducará en mayo sin prorrogarse

En mayo de 2019, en el anterior mandato municipal, el Ayuntamiento de Córdoba a través de su empresa pública de vivienda, Vimcorsa -entonces en manos de Izquierda Unida (IU)-, firmó con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el 'banco malo', un convenio para la cesión de 17 viviendas que el Consistorio destinó a alquiler social para familias vunerables. Ahora, a punto de cumplirse en mayo los cuatro años de vigencia del convenio, este va a caducar sin prorrogarse.

Dicho convenio fue denunciado públicamente en octubre de 2019 por el actual equipo de gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) del Ayuntamiento, a los pocos meses de haberse firmado. El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes (PP), dijo entonces que el acuerdo con la Sareb estaba “firmado al margen de la ley”, que el convenio estaba rubricado por la que fuera su antecesora en la empresa municipal de vivienda cuando debiera haber sido firmado por la entonces alcaldesa y que se había hecho “a espaldas de todos los mecanismos de control existentes” en el Consistorio. Desde entonces, el gobierno no había dicho en qué situación quedaría el convenio y las familias que viven en esas viviendas. Ahora, preguntado por este periódico al respecto, no ha ofrecido respuesta hasta el momento. Pero desde la Sareb aseguran que el convenio caducará en mayo, tras cuatro años de vigencia y sin hacer uso de la posibilidad de prórroga que se contemplaba.

En ese sentido, fuentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria han explicado a Cordópolis que “el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba terminará en las próximas semanas”.

Dicho convenio incluía la cesión de 17 viviendas por parte del 'banco malo' para que las gestionara Vimcorsa. De ellas, al menos trece se encontraban ocupadas por familias que no tenían otra alternativa habitacional. Desde Servicios Sociales se constató entonces dicha situación y se realizaron los informes pertinentes sobre la vulnerabilidad de estas personas, requisito para acceder a estos inmuebles a través del alquiler social estipulado.

Esto permitió reconducir su situación de ocupación de las viviendas a ser arrendatarios, estabilizar su rol de inquilinos en dichos inmuebles, para los que se estableció un alquiler social de 125 euros al mes, que la Sareb giraba a Vimcorsa y la empresa municipal debía repercutir en las familias para ingresarlo posteriormente a cuenta de la Sareb.

¿Qué pasa ahora con esas viviendas y las familias que viven en ellas?

Pero, ¿qué pasará ahora con esas familias y las viviendas que habitan? La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria explica que “esas viviendas volverán a Sareb y nos encargaremos de la gestión de esas familias, que pasarán a formar parte del programa de Vivienda Social que Sareb puso en marcha en 2022”. Esto es, la Sareb gestionará directamente esas viviendas y, una a una, la situación de cada familia y su alquiler social, que podrán seguir viviendo en estos inmuebles si cumplen los requisitos.

Se trata de un programa en el que, a través de la labor de trabajadores sociales, se constatará que las familias siguen cumpliendo los criterios para acceder a un alquiler social, accediendo asimismo a un asesoramiento en la búsqueda de empleo si fuera necesario y a tramitar las ayudas a las que pueden optar de las distintas administraciones, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital. Incluso, pueden inscribirse en la bolsa de empleo puesta en marcha por la propia Sareb, que intermedia en la búsqueda de trabajo por parte de los inquilinos de sus viviendas en alquiler social.

Como en su día se hizo en Córdoba, la Sareb sigue trabajando con los ayuntamientos y comunidades autónomas que tienen firmados convenios con esta sociedad para la cesión de sus viviendas para alquileres sociales y, actualmente, tiene unas 2.000 inmuebles en esta situación en toda España. A ello se sumarán las 50.000 viviendas de la Sareb que el Consejo de Ministros ha aprobado movilizar para alquileres a precios asequibles, distribuidas en distintos puntos del país.