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El gobierno local denuncia dos convenios de Vimcorsa firmados “al margen de la ley” en el anterior mandato

El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes.

Carmen Reina

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El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la existencia de dos convenios de la empresa de vivienda Vimcorsa firmados “al margen de la ley” durante el anterior mandato, convenios con CaixaBank y la Sareb para la cesión de viviendas de las entidades bancarias a la sociedad municipal para alquileres sociales.

El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, ha explicado que se trata de dos convenios “nulos de pleno derecho” en los que no existieron “informe de los técnicos de Vimcorsa, no hay informe de Intervención ni de los técnicos municipales”. Señala que, de esa manera, cuentan con “irregularidades manifiestas”, ya que se firmaron “esquivando tanto el control del órgano del consejo rector de Vimcorsa como de la Junta de Gobierno Local, el control de los técnicos del Ayuntamiento y de Vimcorsa”. Asimismo, indica que los convenios fueron firmados por la anterior presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, con “ausencia de representación legal”.

Las dos entidades con quien Vimcorsa suscribió esos convenios, CaixaBank y Sareb, reclaman ahora al Ayuntamiento el pago de facturas por el alquiler social de esas viviendas. Según Fuentes, “no se puede pagar una deuda que legalmente no existe. No podemos abonar dos convenios nulos de pleno derecho”. En el caso de CaixaBank, se pusieron a disposición 21 viviendas con un alquiler social de 75 euros al mes. En el caso de la Sareb, el convenio incluía 17 viviendas -de las que 14 ya estaban ocupadas-, a razón de 125 euros al mes.

Fuentes ha criticado que la firma de los convenios se realizara “en la antesala de las elecciones municipales”  y ha dicho que se hizo “a espaldas de todos los mecanismos de control existentes en el Ayuntamiento y en Vimcorsa, y a espaldas de todos los organismos de decisión de la empresa y la Junta de Gobierno Local”.

Según Fuentes, en conversación con CaixaBank y Sareb, se ha acordado dar un plazo de entre 20 días y un mes para poder hacerse cargo de las facturas pendientes y su pago. En ningún caso, ha asegurado el presidente de Vimcorsa, “se va a echar a la calle a las familias” que habitan en esas viviendas cuyo pago a los bancos no se ha realizado por parte de Vimcorsa aún. “Esas familias viven en unas viviendas aparentemente alquiladas pero sin la garantía jurídica que eso requiere”. “Vamos a garantizar que sigan ahí”.

Informe de la Asesoría Jurídica

Así las cosas, el gobierno municipal ha puesto en manos de la Asesoría Jurídica municipal el asunto: “Vamos a ver los efectos legales de estas irregularidades que, a todas luces son manifiestas”. En ese sentido, se trata de determinar por los servicios jurídicos  si corresponde a Vimcorsa o al Ayuntamiento firmar estos convenios, además de observar la fiscalización de la Intervención municipal. “Estos convenios no tienen ningún documento técnico de Intervención que lo soporte”, ha reiterado Fuentes.

“En la actualidad se está a la espera de determinar cuáles son los efectos legales de las irregularidades puestas de manifiesto por los servicios administrativos de Vimcorsa”, además de “determinar si corresponden a la sociedad (Vimcorsa) o al Ayuntamiento la celebración de estos convenios y a resulta de la fiscalización correspondiente de la  Intervención municipal”, ha señalado Fuentes de un primer informe de la Asesoría Jurídica.

Salvador Fuentes ha anunciado que se revisarán las cláusulas de los dos convenios y que, en función del informe de la asesoría jurídica, se reconducirán los acuerdos legalmente. Y ha advertido que “van a tener que responder políticamente y jurídicamente los anteriores gestores, tanto el gerente como la que fue presidenta de Vimcorsa”, la concejala de IU Alba Doblas.

Asimismo,  el presidente de Vimcorsa ha avanzado que se revisará “toda la política de alquileres y demagogia barata que hizo el anterior gobierno del Ayuntamiento”. “Se va a reordenar y arbitrar la política de Vimcorsa” de manera que “el criterio de entrada a esas viviendas sea transparente, riguroso y por orden de entrada”.

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