Vivienda

La idea de Sánchez para ceder viviendas de la Sareb que Córdoba ya destinó a alquiler social

Este pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros de esta semana aprobaría la movilización para alquileres a precios asequibles de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el 'banco malo'. En Córdoba, hace años, ya se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Sareb para que esta cediera viviendas al Consistorio, que se gestionarían para alquileres sociales a familias vulnerables en riesgo de exclusión social.

Primero, la idea surgió en Córdoba en el anterior mandato municipal. En 2015, con un gobierno local conformado por PSOE e Izquierda Unida (IU), se creó la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda que, entre sus competencias, incluyó dar respuesta a familias que podían verse afectadas por casos de desahucios y sin un techo bajo el que vivir. El concejal responsable entonces al frente de esta oficina, Rafael del Castillo (IU), de hecho era miembro activo de la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba.

Él mismo recuerda con Cordópolis que en aquel año se firmó un preacuerdo entre el Ayuntamiento y la Sareb. Hubo entonces unos meses de negociaciones para alcanzar ese principio de acuerdo, donde en un borrador se esbozó que el 'banco malo' cedería entre cinco y diez viviendas, con alquileres sociales de entre 75 y 150 euros. La gestión de los inmuebles se haría de manera directa por la Oficina Municipal de la Vivienda, que repercutiría el pago de alquiler en las familias. Estas deberían contar para ello con un informe de los Servicios Municipales que dieran fe de su situación de vulnerabilidad.

Pero en ese momento, la idea quedó solo en ese preacuerdo, recuerda Del Castillo. Y no se llegó a firmar el convenio que respaldara la iniciativa. Hubo desencuentros sobre quiénes y cómo se pagarían los costes de rehabilitar las viviendas que lo necesitaran, y si ahí ya debía entrar en juego otra entidad del Ayuntamiento, la empresa municipal de vivienda, Vimcorsa.

Firma del convenio en 2019

Fue, finalmente, en los últimos meses de aquel mandato municipal, cuando sí se llegó a firmar dicho convenio para que la Sareb cediera sus viviendas y el Ayuntamiento de Córdoba las pudiera destinar a alquiler social. La iniciativa la encabezó entonces Vimcorsa, como empresa municipal de vivienda, en manos de IU. El convenio con la Sareb se firmó en mayo de 2019, al filo de las últimas elecciones municipales.

Dicho convenio incluía la cesión de 17 viviendas por parte del 'banco malo' para que las gestionara Vimcorsa. De ellas, al menos trece se encontraban ocupadas por familias que no tenían otra alternativa habitacional. Desde Servicios Sociales se constató dicha situación y se realizaron los informes pertinentes sobre la vulnerabilidad de estas personas, requisito para acceder a estos inmuebles a través del alquiler social estipulado.

Esto permitió reconducir su situación de ocupación de las viviendas a ser arrendatarios, previa colaboración de las familias con Servicios Sociales para estabilizar su rol de inquilinos en dichos inmuebles. Se estableció un alquiler social de 125 euros al mes, que la Sareb giraba a Vimcorsa y la empresa municipal repercutiría en las familias.

El convenio se firmó con una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórrogas por cuatro años más. Y, entonces, se veía con buena disposición al 'banco malo' para que, concluido el plazo del convenio, las viviendas pudieran ser ofertadas al Ayuntamiento a bajo precio.

Cambio de gobierno municipal

Pero eso no llegó a ocurrir. En octubre de 2019, cinco meses después de la llegada al gobierno municipal de PP y Ciudadanos (Cs) al Ayuntamiento de Córdoba, los populares estaban al frente de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, y denunciaron el convenio con la Sareb por estar “firmado al margen de la ley”. Argumentaron, entre otras cosas, que el convenio estaba rubricado por la que fuera presidenta de Vimcorsa por IU, Alba Doblas, con “ausencia de representación legal” y debiera haberse firmado por la entonces alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE). Informaron entonces de que se había hecho “a espaldas de todos los mecanismos de control existentes” en el Consistorio. Desde entonces, no se ha anunciado que este gobierno municipal vaya a reanudar el acuerdo con la Sareb.

Actualmente, la Sareb señala en su web sobre su oferta inmobiliaria que disponde de 58 viviendas en Córdoba capital, donde también tiene 10 obras en curso.

La idea de dar salida a las viviendas de la Sareb para dar respuesta a familias sin posibilidades de tener un techo ya fue propuesta también por el Defensor del Pueblo en Andalucía, Jesús Maeztu, que en 2016 pidió a la Junta y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de Andalucía que firmaran acuerdos con el 'banco malo' para que muchas de estas viviendas fuesen asumidas por estas instituciones y se pusieran al servicio de las personas en situación de emergencia habitacional.