Expulsados de la bolsa bilingüe de Educación Física anuncian un recurso al desestimarse la nulidad

El colectivo de interinos docentes de Secundaria de la bolsa de Educación Física bilingüe de Inglés que lamentan una “injusta” expulsión de ésta por un “fallo” de la administración andaluza a la hora de redactar varios escritos oficiales ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla ha desestimado la petición de nulidad de la resolución.

Fuentes del colectivo, en este sentido, han señalado a Europa Press que al existir jurisprudencia previa que avalaría sus pretensiones se han unido todos los que aún siguen interesados en seguir adelante con esta acción, alrededor de medio centenar de personas, para seguir hacia delante con un recurso.

El juzgado dictaminó respecto a la argumentación de los reclamantes de que la nulidad debía basarse en la incomparecencia de los mismos al juicio al habérseles notificado el mismo. Este, no obstante, se realizó por parte de la Junta mediante su publicación en su boletín oficial (BOJA), pues el artículo 49 “en ningún momento establece que el emplazamiento de los interesados deba realizarse de forma personal, sino que establece que la notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la ley que regula el procedimiento administrativo común”.

En el presente caso, relata el juez, no se trataba de personas que hubiesen superado unas pruebas selectivas y que estuvieran “perfectamente determinadas” al haber obtenido una plaza concreta, sino que se trataba de un listado de una bolsa de trabajo de personas que se encuentran en expectativa, al integrar parte de esa bolsa.

Son “personas que pueden ser o no llamadas en un momento determinado y por un periodo de tiempo, o bien, siendo como hemos dicho una expectativa, no ser llamadas durante el periodo para que se haya constituido la bolsa”. En este caso, la bolsa se constituyó para el curso 2016-2017: por tanto, “como dice la representación procesal de la parte recurrente no existía un grupo de seleccionados que pudieran ser identificados como interesados desde un principio o un grupo de afectados con carácter indefinido de forma clara como beneficiarios y destinatarios de derechos en relación al acto administrativo impugnado, sin que se pudiera, determinar, además, a priori, en caso de estimación del recurso, quienes pudieran ser las personas concretamente afectadas de todas aquellas que formaban parte de dicha bolsa de trabajo”.

En definitiva, se trata de “una práctica habitual en este tipo de procedimientos, en los que los posibles interesados son una pluralidad indeterminada de personas y un gran número de ellas, que los emplazamientos se realicen mediante la publicación de los correspondientes boletines oficiales ya que lo contrario supondría un colapso de los procedimientos en perjuicio de aquellas personas que recurren ante los tribunales en defensa de sus derechos e intereses”.

Con todo, los afectados --a los que también se les impone el pago en costas hasta 150 euros-- se oponen a este argumento al exponer que posteriormente la Junta sí hizo una notificación personalizada a todos los afectados.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha comunicado a los afectados que la solución adoptada por ahora pasa por el traslado a la bolsa normal del tiempo de servicio acumulado por estos profesionales. Según indicó a Europa Press uno de los portavoces del colectivo, Luis Molero, esta fórmula, sin embargo, no es la óptima en tanto que “muchos podían haber cogido una vacante en bilingüe y no están trabajando, mientras que otros que han aprobado con una nota muy baja ya lo hacen por nuestra ausencia en la bolsa”. Asimismo, se afecta a los incluidos en la bolsa ordinaria.

“Queremos que nos reconozcan el tiempo en la bilingüe porque no hemos hecho nada erróneo”, ha resumido Molero, que sí admite que al haber reconocido el tiempo de servicio bilingüe a los que aprobaron este año la oposición pero sin plaza se ha reducido algo el número de personas afectadas.

Los afectados insisten en que “por un fallo de esta administración a la hora de redactar varios escritos oficiales, nos encontramos ahora en una situación de vacío legal e indefensión donde no sabemos qué expectativas laborales tendremos para el próximo curso 2018-2019”, pero, añaden, “sabiendo a ciencia cierta que de manera irrevocable, nuestra exclusión de la bolsa, a julio de 2018, ya es oficial”.

Además, muestran su “preocupación” por “el efecto dominó que esto va a acarrear”, ya que parece que detrás de esta especialidad de Educación Física “podrían venir el resto, que igualmente en 2016 obtuvieron su puesto laboral en la mismas condiciones”. Por tanto, lamentan, “estaríamos hablando por tanto de miles y miles de docentes andaluces envueltos en tal problemática”.