Tras la decisión de instalar medidas antiterroristas llega la pregunta: ¿Quién paga?

La decisión de instalar medidas antiterroristas en las capitales ha alcanzado el consenso de todas las administraciones. En Córdoba, las distintas reuniones de la comisión mixta de seguridad están dibujando el mapa de actuación para la instalación de obstáculos que prevengan ataques como los de Barcelona y Cambrils en forma de atropellos masivos. La pregunta que se hacen ahora algunas de las administraciones es sencilla: ¿Quién corre con la cuenta?

La intervención urgente de la semana pasada -pocos días después de la primera reunión entre la Subdelegación, el Ayuntamiento, la Policía Local, la Nacional, la Guardia Civil y los Bomberos- se tradujo en la implantación de unos enormes maceteros que bloquean el paso de manera contundente al Puente Romano. Los maceteros fueron retirados de otros puntos de la ciudad -concretamente San Basilio- y la inversión económica no dejó de ser limitada.

La cuestión se complica si se amplía la zona de seguridad y se implementa la instalación de determinados tipos de obstáculos móviles como las famosas pilonas. La última reunión de la comisión mixta de seguridad ya se ha planteado el estudio de dispositivos similares en las calles peatonales por excelencia del centro de Córdoba: Cruz Conde, Gondomar y Concepción o la de Amador de los Ríos, junto a la Mezquita, según avanzó este miércoles Abc.

“Todos estamos de acuerdo en que este tipo de medidas se pongan en marcha, pero luego hay que encajarlas en un presupuesto y eso no es tan fácil”, señalan fuentes del Ayuntamiento de Córdoba. “El problema es que cuando llega la hora de pagar no queda claro quién se tiene que hacer cargo de estas medidas”, añaden.

España está en alerta 4 de un máximo de 5 ante un riesgo de atentado yihadista. Así lo decidieron hace unas semanas los responsables de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de los Mossos d’Esquadra y de la Ertzaintza. Todos ellos consideraron de forma unánime que debía mantenerse la actual situación de alerta 4.

Además de las medidas físicas y visibles de seguridad, como la instalación de bolardos o el despliegue de agentes de policía, tanto el subdelegado, Juan José Primo Jurado, como la alcaldesa, Isabel Ambrosio, subrayaron en la primera comisión de seguridad que se implementarán otras estrategias de seguridad no visibles para la ciudadanía. “Lo que queremos es trasladar un mensaje de colaboración, calma y confianza entre las instituciones y entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, concluyó el subdelegado Primo Jurado.