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Córdoba, una provincia con más cabezas de ganado que personas, no se da por aludida por el informe de la ONU

Trashumancia estival de ovejas | ÁLEX GALLEGOS

Alfonso Alba

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Córdoba es una provincia que tiene más cabezas de ganado que personas. Según el último censo de la Junta de Andalucía, en la provincia habitan 1,13 millones de cabezas de ganado. Según el padrón, la provincia tiene unos 780.000 habitantes. Y según el último informe de la ONU, el mundo tiene que empezar a pensar si sigue siendo necesario comer tanta carne, algo que provocaría un auténtico drama en la provincia de Córdoba.

La provincia tiene una de las mayores cabañas ganaderas de Andalucía, y también de España. Por ejemplo, en Córdoba están censados 164.153 animales de raza bovina, 638.134 de raza ovina, 64.264 carpina y 20.971 equina. El censo no incluye las granjas de pollos. Su corta vida hace complicado calcular su número exacto, pero fuentes de la Consejería de Agricultura señalan que podrían ser millones. En total, en la provincia habría, por tanto, una persona por cada 1,45 animales de cuatro patas. El impacto de una reducción drástica del consumo de carne en Córdoba sería drástico, según coinciden varias fuentes.

Por ejemplo, la organización agraria COAG-A ha manifestado este viernes que en Córdoba “se puede estar tranquilo, ya que la carne de vacuno es de máxima calidad y las ganaderías son respetuosas con el medio ambiente”, una vez se ha publicado un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la alimentación, donde sale “mal parada” la carne de vacuno especialmente, y ante la “preocupación generada por este asunto”. De hecho, la carne de vacuno es especialmente abundante en una comarca: Los Pedroches, que a su vez es la principal cabaña bovina de toda Andalucía

Según ha informado COAG-A en un comunicado, la ganadería de vacuno andaluza tiene unas especiales características al ser extensiva. En este sentido, se ha manifestado el responsable de vacuno de carne de COAG Andalucía, Enrique Acción, quien ha explicado que “la nuestra es una ganadería de modelo sostenible, en la que las vacas están al aire libre, pastando, en perfecto equilibrio medioambiental, y cumpliendo además con una importante función, que es la de prevenir incendios”.

Por todo ello, el responsable ha insistido en que “los ganaderos andaluces de vacuno de carne no nos sentimos aludidos por las críticas sobre la labor ganadera y su relación con el cambio climático, porque precisamente la nuestra es una ganadería que favorece el medio ambiente, al no ser industrial”.

En relación a este asunto, Acción ha comentado que “la ganadería industrial es la que se encuentra en los países terceros con los que, recientemente, la Unión Europea ha firmado acuerdos comerciales para importar carne de vacuno”.

Al mismo tiempo, ha argumentado que “es una barbaridad y una contradicción, ya que por un lado están constantemente haciendo campaña mediática contra la carne de vacuno y, por otro lado, están favoreciendo las importaciones de países terceros, donde se practica una ganadería industrial de producción a gran escala y enfocada a la exportación y al comercio mundial, para colmo, no existen las mismas normas de seguridad alimentaria que aquí; en EEUU, por ejemplo, sí está permitido la utilización de hormonas para crecimiento y engorde del vacuno”.

“Todo esto, sin lugar a dudas --ha añadido--, va a redundar muy negativamente en el sector y, por tanto, en el medio rural, acentuando aún más el fenómeno de la España vaciada, de la que tanto se habla últimamente y la que requiere de medidas reales y efectivas, entre ellas, defender a los ganaderos con pequeñas y medianas explotaciones, que nada tienen que ver con el cambio climático”.

Por todo lo dicho, Acción ha calificado como de “injusta” la campaña contra la carne de vacuno, “porque perjudica a la ganadería sostenible de Andalucía y a su carne de máxima calidad, respetuosa con el medio ambiente y con todas las garantías alimentarias, a la que habría que poner en valor y no machacar con acuerdos comerciales que también van a perjudicar a los consumidores y a la economía de un medio rural”.

El informe de la ONU

Un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) reclama un cambio global en la dieta, dirigida hacia el consumo de más alimentos a base de plantas y menos carne, para luchar contra el cambio climático, según indica DPA.

Los expertos sostienen en el informe, que ha sido presentado este jueves en Ginebra (Suiza), que este cambio del sistema alimentario reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ganado y mejoraría el uso de la tierra y el agua.

En concreto, se podrían liberar varios millones de kilómetros cuadrados de tierra para 2050 y potencialmente reducir entre 0,7 y 8 gigatoneladas al año de dióxido de carbono equivalente, según informa Reuters.

Según el IPCC, la agricultura, la silvicultura y otros usos humanos de la tierra representan actualmente el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre.

Además, señala que los agricultores locales, las comunidades y los grupos indígenas deberían involucrarse en una mejor gestión sostenible de sus tierras, incluidos los métodos para utilizar la materia orgánica para aumentar el contenido de carbono del suelo.

Sin embargo, el informe advierte de que la tierra y el suelo tienen una capacidad limitada para actuar como los denominados 'sumideros de carbono', porque lleva años volver a cultivar los bosques, por ejemplo, y porque estos bosques corren el riesgo de ser talados por las generaciones futuras.

Asimismo, el informe también advierte sobre una mayor interrupción en las cadenas alimentarias mundiales a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven aún más frecuentes debido al cambio climático.

Así, proyecta un aumento medio del 7,6% en los precios de los cereales para 2050, lo que aumentará los precios de los alimentos y aumentará el riesgo de inseguridad alimentaria y hambre.

El suministro per cápita de aceites vegetales y carne se ha más que duplicado, según datos desde 1961, pero actualmente, entre el 25 y el 30% del total de alimentos producidos se pierde o desperdicia.

Por ello, el Panel ha pedido esfuerzos para frenar la pérdida y el desperdicio de alimentos comestibles, que se estima que representan al menos el 8% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre.

Otra revelación de los expertos de la ONU es que la temperatura del aire en la superficie terrestre ha aumentado ya 1,53ºC desde la era preindustrial, el doble de la temperatura promedio global (0,87°C).

En el informe, los expertos advierten de que el mundo se enfrenta a un alto riesgo de sequía, incendios forestales, descongelación del permafrost y suministros de alimentos inestables. “Se prevé que los riesgos serán cada vez más severos con el aumento de las temperaturas”, alerta el documento del IPCC.

El IPCC ya advirtió en octubre del año pasado que limitar el calentamiento global a un aumento de temperatura promedio de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales solo era posible con “cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes”.

En el Acuerdo de París de 2015, los países se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2ºC, idealmente no más de 1,5 grados, en comparación con los niveles preindustriales del siglo XIX.

Los científicos esperan que los principales políticos consideren los hallazgos del IPCC en la próxima Cumbre de Acción Climática de la ONU que se celebrará el 23 de septiembre en Nueva York (Estados Unidos).

“Una vez más, la comunidad científica internacional lanza un claro mensaje de urgencia: es necesario garantizar, en el corto plazo, un uso sostenible de la tierra”, explica la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que destaca que España no debe ser ajeno a este proceso, dado que se trata de un “país vulnerable al cambio climático y a sus fenómenos asociados”.

Para la ministra, este proceso ha de traducirse en “medidas en todos los ámbitos de la administración pública y en todos los sectores vinculados al uso del suelo”.

En concreto, se refiere a “apostar por una gestión realmente sostenible de la tierra”, que considera “fundamental” para afrontar desafíos que afectan particularmente a España, como puede ser el riesgo de desertificación, la erosión o la pérdida de biodiversidad.

Además, este tipo de acciones reportan beneficios sociales y económicos en el corto plazo, favoreciendo el desarrollo sostenible y fijando población en los medios rurales, según añade.

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