Córdoba, a la cola en denuncias de violencia bajo custodia

El 'Informe sobre la situación de la tortura en el Estado español' revela 961 personas afectadas durante el año 2014

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), integrada por 47 entidades de defensa de los Derechos Humanos españolas, presentó el 4 de diciembre su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia en 2014. En el mismo, aparecen las situaciones de las que han recibido denuncias en Andalucía y el número de personas a las que ha afectado.

Córdoba, junto con Almería, se encuentran a la cola tanto en situaciones denunciadas en el informe, como en personas afectados. En Córdoba -y al igual que ocurre en Almería- se ha dado una situación sospechosa que ha afectado a una persona.

En los informes de la CPDT, se califica de situación “a la circunstancia en la que la intervención de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ha generado una acción calificable de tortura, mal trato o trato inhumano o degradante”. Asimismo, define como persona afectada a quien, “tras sufrir estas actuaciones, la ha denunciado judicial o socialmente, o ha reconocido públicamente haber sufrido” alguna situación como las antes descritas.

En el conjunto de Andalucía, el informe recoge 29 situaciones que han sufrido 221 personas. El mayor número se encuentran en Cádiz, con 176 personas afectadas en seis situaciones distintas. Le sigue Sevilla, con 27 personas en siete situaciones. Granada va detrás, con siete casos en siete situaciones. En Jaén, el informe ha registrado cinco casos de personas en cuatro situaciones. Y en Málaga han sido cuatro los individuos afectados en tres situaciones. De Huelva, no constan datos publicados.

El Informe sobre la situación de la tortura en el Estado español revela 961 personas afectadas durante el año 2014 en toda ESpaña. Los datos de Andalucía, con 221 afectados, responden, en parte, a su situación de “segunda frontera”, aunque los datos de esta comunidad autónoma, igual que los de Madrid (144 personas) y Cataluña (277), responden más a otros factores como son el número de movilizaciones sociales.

El informe destaca que en España son dos los colectivos especialmente afectados: las personas agredidas durante su participación en movilizaciones sociales (con al menos 450 personas afectadas) y las personas migrantes (355 personas). En cuanto a los funcionarios que han sido denunciados, según los datos recogidos en el estudio, han sido 315 personas quienes han denunciado a miembros de la Policía Nacional,; 271 a integrantes de las policías autonómicas y otras 271 personas lo han hecho contra la Guardia Civil.